RESPUESTA OFICIAL

El Gobierno le dijo a la ONU que no buscará la libertad de Milagro Sala: "Es un peligro para la investigación"

El Ejecutivo rechazó que la detención de la líder de la Tupac Amaru sea "arbitraria" y le advirtió tanto a Naciones Unidas como a la OEA que están "dando la espalda" a la evidencia acumulada en las causas judiciales que se le siguen y justifican su encarcelamiento. En su respuesta, el Gobierno aseguró que "la evidencia referida a las relaciones de influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación".

El Gobierno Nacional le informó a la ONU y la OEA que no procurará la liberación de la dirigente Milagro Sala al rechazar que su detención sea "arbitraria", asegurando que una eventual excarcelación "implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación" judicial que se le sigue por malversación de fondos y fraude en la cooperativa que tenía a cargo durante el kirchnerismo.

Además, el Ejecutivo le advirtió a esos organismos internacionales que están "dando la espalda" a la evidencia acumulada en las causas judiciales en las que la líder de la Tupac Amaru está imputada y que justifican su detención.

"Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria", fundamentó el Gobierno en la respuesta que envío el miércoles sobre la situación de la líder de la Tupac Amaru, de acuerdo a lanación.com.

Inmediatamente determinó que "la evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad [por Sala] en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación".

El Gobierno envió tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Grupo de Trabajo de la ONU un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 páginas con fundamentos de la detención de Sala del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy.

A la vez, en el informe enviado por la Cancillería invitó a los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU y de la OEA a visitar Jujuy "a efectos de tomar cabal conocimiento de todas las circunstancias que justifican la detención mientras se encuentran debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada".

Tal como informó Urgente24, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se reunió este semana en Ginebra con el Grupo de Trabajo y cursó formalmente la invitación. La visita se produciría en enero, según anticipó el ministro de Justicia, Germán Garavano.

"En este momento me escribió el secretario de Derechos Humanos, quien se encuentra en Ginebra: se reunió con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, le formuló la invitación y se acordó que en algún momento de las primeras tres semanas de enero, probablemente venga (esa organización) a visitar la provincia de Jujuy para tener entrevistas con el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy", anticipó Garavano.

Avruj también se reunió con el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU (CERD), que sesionaba en la misma ciudad Suiza. Este organismo respaldó el informe que pide la liberación de Sala. "La decisión (del Grupo de Trabajo ) tiene que ser cumplida”, le dijo al funcionario Pastor Murillo, el relator para la Argentina del Comité.

Según informó este jueves el diario Página12, la respuesta de Avruj fue que la detención de Sala no está vinculada con que sea dirigente de un grupo étnico, sino que es “por delitos de corrupción y violencia”. Y afirmó que es un tema que se dirime en Jujuy. “Respetamos la autonomía de la justicia provincial”, señaló. Agregó que de todas maneras el Gobierno tomó en cuenta lo que dijo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y que estaban trabajando en eso.

Murillo, contestó: “Entiendo la posición del Estado, pero cuando se presenta la detención de una líder indígena el asunto no puede leerse al margen de su rol en la sociedad. La detención está asociada a un caso de corrupción, pero puede investigarse con ella en libertad. Hay un dictamen muy acertado del grupo de Trabajo. Esa decisión tiene que ser cumplida”.

En tanto, el informe que envió el Gobierno a Washington y a Ginebra advierte con claridad que Sala "lejos sufrir una detención arbitraria como opina el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU, permanece encarcelada en función de un proceso debidamente acreditado donde justifica de modo razonable el riesgo procesal por colusión de testigos". También destacó que las premisas en las que se funda el razonamiento del Grupo de Trabajo "desatienden una serie de cuestiones fácticas esenciales para arribar a semejante conclusión", señala el escrito.

De acuerdo a lanación.com, a lo largo de los informes de anexo que presentó la Cancillería se hizo un largo y detallado informe sobre el expediente judicial que avanza en Jujuy contra Sala donde señala que "se encuentra plenamente acreditado un millonario fraude a la administración pública operado con fondos destinados a la construcción de viviendas". También detalla "la activa participación de Sala en un mecanismo por el cual la dirigente social, a través de pequeñas cooperativas, recibía recursos provenientes del Estado Nacional, y que por medio de mecanismos extorsivos conseguía que las mismas emitieran facturas por obras que jamás se hicieron".

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