UNA GUERRA EN LA ESTANFLACIÓN

Comerciantes y banqueros se trenzan por las tarjetas pero ninguno se acuerda del consumidor

CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) fue a la carga por $8.600 millones en comisiones que quiere ahorrarse de pagarles a las tarjetas de crédito si se baja el arancel como propone el proyecto de ley que no termina de ver la luz. Agita el cierre de 6.300 comercios en los primeros 8 meses de Mauricio Macri en Casa Rosada para justificar la demanda. En vísperas del año electoral, el gobierno prorroga el plan Ahora 12 por el verano, al que el ministro Francisco Cabrera reconoce que pretende anexarle un Ahora 18 para materiales de construcción, electrónica y computadoras nacionales. Negocia para ello con los bancos la compensación para las cuotas sin interés, pero éstos lo amenazan con no acompañarlo si les sacan por ley las comisiones en las tarjetas. E inclusive acusan a los comerciantes de recargar la financiación en el precio de lista para quedársela.

Los Ceos del gabinete de Mauricio Macri coinciden con sus hasta hace pocos colegas del empresariado en que el consumo interno necesita una inyección de vitalidad que no puede esperar una recomposición de la capacidad de compra de los hogares argentinos, sino que tiene más al alcance de la mano apelar a los tarjetazos.

Una variante sería el plan Ahora 12, implementado por el kirchnerismo, con que el BCRA bonifica a los bancos el traslado de las cuotas sin interés a los clientes que participan en el convenio que abarca a los comercios y rubros específicos de consumo durante un año.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, a quien si algo no se le cae son las ideas, imaginó una prórroga de la financiación a 18 meses en las mismas condiciones que el Ahora 12 para los bienes durables de mayor precio, como materiales de construcción, muebles y línea blanca.

Pero también se incluirían computadoras, notebooks y tablets, sobre todo luego de que esta semana se anunció que el 31/03/2017 se eliminarán los aranceles a la importación de estos productos.

El secretario de Comercio, Miguel Braun, ya les había ofrecido a los productores locales de esos bienes tecnológicos una baja a 0% de los aranceles en los insumos importados para la fabricación nacional, la compra por parte del Gobierno de 250.000 computadoras del plan Conectar Igualdad y financiamiento a 18 o 24 cuotas, a fin de que el impacto laboral en ese sector sea el menor posible y que el amigo de la casa, Nicolás Caputo, pueda hacerse unos pesitos en su negocio austral y ahorrarse algunos telegramas de despidos. Se habla de 10.000 en toda Tierra del Fuego.

La idea sería que las comisiones para las compras con tarjeta de débito bajen de 1,5% a entre 0,3% y 0,7%, mientras que con crédito se reduzcan de 3% a 2%. También se menciona que haya aranceles diferenciados para las pymes, de modo de que tengan menores costos.

Fuentes oficiales aseguran que Visa es la que presiona más para abrirse del plan de cuotas sin interés si avanza el proyecto de ley que rebaja de las comisiones, debido a que ya deberá perder parte de su negocio por la investigación por abuso de posición dominante iniciada a la empresa Prisma por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Visa contra todos

La batalla entre la Confederación Argentina para la Mediana Empresa (CAME) y las tarjetas de crédito, Visa en este caso, disputa otro duro round en la comisión específica de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo se acaba de comprometer a emitir dictamen el martes próximo (15/11) sobre el proyecto de ley que propone reducir los aranceles que cobran a los comercios las tarjetas de crédito y de débito.

La iniciativa, que venía aprobada por el Senado hace 2 meses, prevé llevar las comisiones que las tarjetas de crédito cobran por cada operación del 3% actual al 1,5%, y eliminar las de las tarjetas de débito, hoy situadas en el 1,5%.

Sería difícil, de todos modos, que el proyecto se convierta en ley antes de fin de año, porque el oficialismo pretende introducir cambios a partir de una iniciativa propia, presentada ayer por los presidentes de la comisiones de Legislación General, Daniel Lipovetzky; y de Finanzas, Eduardo Amadeo.

En ese texto, entre otras cosas, se busca promover una mayor competencia en el mercado de las tarjetas de crédito y reducir las comisiones, pero en menor medida: las tarjetas de crédito pasarían al 1,7% y las de débito, al 0,8%.

Además, se habilitaría a los comercios a trasladar un porcentaje de las comisiones a los clientes, es decir, a fijar un precio diferencial para el pago con tarjeta, variante hoy prohibida.

Rebaja aranceles

Estos cambios cuentan con el visto bueno de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), principal impulsora de la iniciativa y protagonista de una fuerte campaña de presión, que incluyó la distribución de folletos en las puertas del Congreso mientras se discutía el proyecto.

El punto de discusión, en todo caso, será un artículo del proyecto del macrismo que propone eliminar los topes a las comisiones una vez que se haya alcanzado el nivel de competencia deseado.

Tal como denunció en la reunión el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Esteban Greco, la concentración del mercado de tarjetas de crédito es muy alta.

La empresa Prisma, propiedad de 14 bancos, controla el 80 % del mercado con varias tarjetas, en especial Visa, que por su parte tiene casi el 60 % del total.

En este mismo sentido se manifestó José García Hamilton, funcionario de la Secretaría de Comercio, quien advirtió que la propuesta que se discute en Diputados "no va a solucionar para nada el problema de la falta de competencia en el mercado de tarjetas de crédito", e incluso consideró que esta ley "va a ser una barrera al ingreso de cualquier otro competidor".

Cesar Bastién, director ejecutivo de la Asociación de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), señaló que "el arancel promedio de la Argentina no es muy distinto a lo que se está cobrando en la región", y advirtió que "una reducción del arancel afecta fuertemente a las tarjetas y a los comercios, a los usuarios y al Estado".

Del otro lado del mostrador empresario, Osvaldo Cornide, presidente de CAME, fijó la posición del comercio: "En los últimos 12 meses los comercios les transfirieron a los bancos $14.563 millones en comisiones. Si se hubiesen bajado, tal como lo votó el Senado, los comerciantes hubieran ahorrado $8.600 millones", sostuvo durante la reunión de la Comisión de Legislación General.

Alberto Garay, uno de los representantes de Prisma, afirmó que el proyecto es "inconstitucional" porque, a su juicio, viola el derecho a ejercer el comercio y la industria lícita, y la propiedad privada.

Los dirigentes empresarios expusieron después de una fuerte discusión entre diputados de Cambiemos y del Frente para la Victoria (FPV). Estos últimos intentaron que la comisión emitiera ayer mismo dictamen del proyecto tal como venía del Senado y denunciaron maniobras dilatorias del bloque oficialista.

"Hay una urgencia por parte de las Pymes de nuestro país, que están atravesando una crisis", levantó la voz Carolina Gaillard, quien se paró para exigirle cara a cara a Lipovetzky que habilitara la firma del dictamen.

Luego de demorar 2 meses el inicio del tratamiento del proyecto, estaba previsto que la iniciativa se debatiera la semana pasada en un plenario de comisiones.

El oficialismo primero pospuso esa convocatoria y después decidió que se reuniera sólo la comisión de Legislación General, en un encuentro "informativo", es decir, sin facultad para dictaminar.

Tras intensas negociaciones, el oficialismo finalmente acordó con CAME introducir cambios y producir dictamen el martes próximo.

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