Esta investigación se inició en junio de 2015 por pedido de Industrias del Espino del Grupo Romero porque consideraba que los envíos argentinos causaban daño al biodiesel peruano sobre la base del aceite de palma, lo que fue rechazado por la industria argentina de biodiesel.
Desde el comienzo de ese proceso, tanto las empresas nacionales como el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación han presentado toda la información requerida adjuntando por voluntad propia aclaraciones adicionales para el mejor entendimiento del caso a las autoridades peruanas.
Durante 2016 la industria nacional junto a la Cancillería ha participado de sucesivas audiencias en Lima para demostrar los errores en los cuales estaba incurriendo el INDECOPI al ignorar las normas de la OMC.