ESCÁNDALO EN MÉXICO

La corrupción de los gobernadores hunde a Peña Nieto

“El gobernador de Quinta Roo, Beto Borge, de Veracruz, Javier Duarte o el de Chihuahua, Cesar Duarte, son actores de una nueva generación que forma parte de la renovación del partido”, dijo Enrique Peña Nieto poco antes de ganar las elecciones mexicanas, durante una entrevista en la cadena Televisa. La realidad es todo lo contrario. 4 años después, los mandatarios citados por Peña Nieto como ejemplo de ética y juventud, están en busca y captura o tienen problemas con la justicia. El maquillaje del nuevo PRI se desmorona y los gobernadores que debían acompañar la renovación política han reproducido peores prácticas.

En Veracruz, Javier Duarte, de 43 años tuvo que dejar prematuramente el cargo el 12 de octubre y se enfrenta a 53 denuncias distintas que van desde enriquecimiento ilícito a lavado de dinero. La Interpol lo busca en 190 países y hasta su cuñada ha sido detenida en el marco de una operación que incluye el registro de cinco de sus propiedades.

En Quintana Roo, Roberto Borge está acusado de vender a sus amigos, familiares y prestanombres terrenos en los paradisiacos Tulum, Playa del Carmen y Cancún.

En Chihuahua, Cesar Duarte, está desaparecido después de conocerse las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito y hasta crear un banco para manejar estos fondos.

Antes de dejar el cargo, en una desesperada maniobra de última hora, los polémicos gobernadores intentaron blindarse y promovieron reformas legales que les habrían permitido protegerse de investigaciones, pero la propia Procuraduría (PGR) impugnó dichos cambios y fueron invalidados por la Suprema Corte (SCJN).

“Peña Nieto no sabe manejar la corrupción, porque forma parte de su cultura. Él proviene del autoritarismo priísta en el Estado de México (donde fue gobernador) y en el que la utilización del patrimonio público para fines personales es aceptado como parte de la cultura” señala el analista Sergio Aguayo.

El fenómeno sin embargo, no es exclusivo del PRI. Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora del principal partido de oposición, Acción Nacional (PAN), está en busca y captura por enriquecimiento ilícito y su partido prepara su expulsión si no se presenta el lunes en la sede del partido.

Para Hipólito Reyes, arzobispo de Xalapa, capital de Veracruz, la corrupción comienza en los congresos locales, donde el rodillo de las mayorías impide la fiscalización.

Durante los últimos años el obispo ha denunciado los excesos de Duarte, entre ellas la muerte de más de una decenas de comunicadores y la quiebra económica en la que está sumida el estado. “De los 212 ayuntamientos de Veracruz, al menos 50 de ellos han pedido que los recursos lleguen directamente de la federación y que no pasen por las manos del gobierno de Veracruz” revela.

8 personas

La Procuraduría General de la República (PGR) acusó, junto con el político veracruzano, a 8 personas de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La web Animal Político y el noticiero 10 en Punto de Televisa revelaron quiénes son los 8 acusados, además de Duarte, según autoridades judiciales.

La lista de imputados inicia con Javier Duarte, el gobernador con licencia de Veracruz y al que la Procuraduría considera el principal beneficiado del presunto desvío de recursos públicos.

Después aparece el nombre de Moisés Mansur Cysneiros, un empresario veracruzano que, según denuncias presentadas en la Procuraduría, constituyó empresas fachada del giro inmobiliario para filtrar los recursos públicos en inversiones en ese ramo en Estados Unidos.

Mansur tiene al menos 3 inmuebles en la Ciudad de México, que según su testamento pasarían a ser propiedad de Javier Duarte si fallece. Se trata de los inmuebles ubicados en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un local en Plaza Centro, en Masaryk.

Un video revelado por el noticiero “Despierta” evidenció a Mansur aceptando que pagaba la tarjeta de crédito de la esposa de Duarte, Karime Macías. Las autoridades además tienen datos de que dicho empresario le prestaba un vehículo con chofer incluido a Macías para sus traslados.

En el grupo de imputados figuran Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, quienes, siguiendo instrucciones de Mansur, habrían invertido el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró dinero cuyo origen no está confirmado.

La lista la completan 5 personas que habrían colaborado como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta y Javier Nava Soria.

En el caso de las hermanas Arzate Peralta no hay registro de que tengan actividad laboral alguna que justifique su supuesto perfil empresarial y de hecho, en el caso de Nadia Isabel, enfrentó una demanda de embargo de una propiedad en Naucalpan por deudas bancarias.

2 mujeres

“La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializa en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), obtuvo, por parte del Órgano Jurisdiccional, la vinculación a proceso de Elia “N” y Nadia “N””, detalló la PGR en un comunicado este domingo 23 de octubre.

“Las inculpadas habían sido detenidas el 18/10 luego de obtener la orden respectiva por parte del Juez de Control y recluidas en el Penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México”, agregó.

En una audiencia en el Reclusorio Norte, detallaron las autoridades, las imputadas fueron vinculadas a proceso por el juez de control, y en los próximos meses se practicarán las diligencias correspondientes. Esto hasta llegar a un juicio oral.

“Simultáneamente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales continuará con las investigaciones referentes a otras personas relacionadas, en tanto se cumplimentan las órdenes de aprehensión que hay en su contra”, apuntó la Procuraduría.

En este caso, las autoridades buscan detener a quien era gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presunto responsable en los delitos de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También a otros presuntos implicados en una red de actividades ilegales.