Macri prescinde de los jueces, divide y reina: El PJ firma todo para despegarse de los K

Como sucede bastante seguido, los dos diarios líderes en circulación, publicidad y pauta oficial de la era M parecen jugar en tándem. En la fecha se nota en el enfoque judicial complementario que exponen: Clarín denuncia en su título principal que se “traspapelaron” tres causas de corrupción entre 45 expedientes cajoneados, de lo que, apoyado en fuentes judiciales, responsabiliza al titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, y a la presidenta de la sala I, Ana María Figueroa, ambos de supuesta simpatía con el kirchnerismo. Los casos señalados tienen que ver con la mafia de los medicamentos, lavado de dinero y la efedrina. Pero el fondo de la cuestión es el mal de ausencias, en plena pulseada no resuelta para la designación de jueces. Menciona el artículo sobre el presunto ocultamiento que las otras dos vocalías de la sala I están vacantes y este año son subrogadas por dos jueces de la sala IV, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

En una llamada subordinada, se deja constancia que “avanza el proyecto para quitarle poder a Gils Carbó”.

Como si fuera un dominó, La Nación, aunque como segundo título, empalma el tema con el mismo concepto secundario de su colega ¿competidor?, pero haciendo hincapié en el dictamen que el gobierno logró que acompañe la oposición para arrinconar a la referente de la corriente K Justicia Legítima sobre la chapa que luce en la puerta de su despacho, a la vez que se le recortan funciones y duración del mandato. El límite para que se vaya se estableció en el año próximo, pero la idea es achicarle los plazos.

La comunicación mediática “independiente” intenta así correr el eje de las suspicacias que Margarita Stolbizer y Jorge Lanata instalaron en torno de una supuesta injerencia del gobierno ante la Justicia para demorar los procesos que involucran a Cristina Fernández y ex funcionarios de su gobierno hacia la otra hipótesis acerca de que la red interna kirchnerista bloquea el avance de las causas de corrupción amparándose en los vacíos que fueron quedando en los atiborrados tribunales por nombramientos pendientes.

# Concertaciones parlamentarias

A esta altura es difícil comprobar si hay mentes maquiavélicas que conciben las operaciones o los resultados son accidentales, pero hoy Ámbito sale con un acuerdo del gobierno con el PJ no K que garantiza la aprobación del paquete de leyes de Presupuesto, limitación de superpoderes que rigen desde 2006, etc, a cambio de la remisión de ATN´s a las provincias y compensaciones a cajas previsionales y universidades. Si se empalma este entendimiento económico con el judicial en el que hace hincapié La Nación y el deslinde de responsabilidades por la ralentización de los expedientes que involucran al kirchnerismo, la conclusión sería que en realidad la Casa Rosada logró concertar políticas a nivel legislativo y judicial dividiendo al PJ de los K, sin necesidad de que Cristina vaya presa o no. ¿Habrá sido causa o efecto?

Pero si esta arquitectura para determinar nuevas reglas de juego entre oficialismo y oposición tiene por objetivo preparar la agenda preelectoral del año que viene, no está ausente una fecha que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, anticipó como inicio de las clases: el 6 de marzo, la que no sólo fue para quedar bien con el turismo, sino para que la paritaria docente que suele antecederla no condicione directamente el comienzo del año escolar.

Otro regateo que generalmente corre contra el reloj, porque todos los años la fijación de la emblemática fecha pone contra la pared a los ministros de Educación: o ceden a los reclamos salariales o las escuelas quedan mudas y vacías, mientras los chicos que concurren a la escuela pública tienen que ser retenidos por los padres en sus casas, en las de parientes, vecinos o directamente en la calle.

La discusión que se pretende incorporar sobre la cantidad de días de clase garantizados, la idoneidad y capacitación de los docentes. La jugada oficial arrancó dándole amplia difusión e importancia a la evaluación Aprender, que se venían haciendo desde hace 23 años, sin demasiado ruido. Es más, los resultados por ley no se pueden hacer públicos, lo cual priva a los padres de seleccionar una escuela primaria o secundaria por la calificación que surge de las pruebas nacionales a los alumnos de mitad y fin de ciclo.

Esta vez tuvo otras connotaciones (abarcó a 1.400.000 alumnos de más de 31 mil escuelas públicas y privadas) que parten de una pregunta: ¿para qué se van a usar?, y que despertaron una gran resistencia de docentes y sindicatos, que calificaron el operativo de "descontextualizado"; y de tener un "sesgo tecnocrático". El ex ministro entre 2007 y 2015, Alberto Sileoni, advirtió: "Se está preparando el diagnóstico del horror".

La Nación tituló con el debate que se abre sobre la calidad educativa, Clarín rescata el hecho consumado de que las evaluaciones se hicieran pese a las ausencias y Página/12 destaca el ausentismo y la resistencia, tanto de padres, como de maestros y alumnos. Ámbito sorprende al restarle seriedad a esas protestas. Cronista directamente lo ignora. 

Ninguno plantea abiertamente la gran pregunta: cuando se sienten los gobiernos provinciales a negociar salarios con los gremios docentes antes que comiencen las clases, ¿nadie pondrá sobre la mesa los resultados de esta evaluación para equilibrar un poco la paritaria? 

Desde Japón, con el sueño cambiado, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, siguió la jornada online, con la satisfacción de haberle dejado una bomba al kirchnerismo: convencer a los “compañeros gobernadores” de que paguen los sueldos a los docentes sin chistar ni pedirles cuentas.