Curioso: En Colombia dicen que ahora Uribe salvaría el Acuerdo de Paz

El rechazo expresado por una ligera mayoría de colombianos contra los acuerdos de paz de La Habana en el plebiscito sacó la gente a las calles a respaldar la paz y este fenómeno social está convirtiéndose en un instrumento de presión para evitar que vuelva la guerra, afirman los analistas de lo que sucede en Colombia.

Desde el 06/10, cuando decenas de miles de ciudadanos salieron a marchar en 14 ciudades colombianas y en otros países en defensa de la paz, no cesan de surgir organizaciones sociales y grupos espontáneos de ciudadanos que se lanzan a las calles a manifestar su anhelo de paz.

Tal como dijo el senador Roy Barreras, miembro del equipo negociador del Gobierno en La Habana, “hay mucha gente que no se levantó a votar en el plebiscito, pero que cuando vio sobrevenir el riesgo de la guerra se levantó a marchar”.

A su vez, aparecen apoyos impensados a las consecuencias de lo propuesta en La Habana.

Por ejemplo, el exsenador Álvaro García Romero lleva 9 años en el pabellón Ere Sur de la cárcel La Picota, y aún le faltan 31 para cumplir la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia por paramilitar (exAutodefensas Unidas de Colombia).

El alto tribunal lo encontró culpable de homicidio, peculado y acuerdo para delinquir agravado, conductas relacionadas con sus nexos con el paramilitarismo, del que se lo acusa de ser su gestor y cerebro en Sucre.

Pero García, que saldría en libertad a los 96 años, asegura que es inocente. Por eso busca que su sentencia sea revisada y revocada, invocando el Tribunal de Paz que acordaron los negociadores.

Él será el 1er. ‘parapolítico’ en acudir al Tribunal de Paz, habilitado en el acuerdo con las Farc. Incluso, según su defensa, mantendría la misma decisión, aun con las modificaciones planteadas por el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, en caso de que fueran acogidas.

El expresidente plantea crear en el seno de la propia Corte Suprema una sala transicional que actúe como doble instancia, incluso de manera retroactiva. Ambos escenarios le serían favorables a García, y el mismo camino están pensando en transitar otros ‘parapolíticos’, incluso algunos que ya están en libertad y buscarían el restablecimiento de sus derechos políticos e incluso millonaria indemnización, si tumban sus sentencias.

Mientras estas situaciones ocurren, siguen las consecuencias en Colombia por el nuevo escenario. Es el caso del ascenso de las iglesias cristianas evangélicas, en un país de fuerte raigambre católica apostólica romana.

Aquí un fragmento que publicó el diario español El País (Madrid):

“Jesucristo es el único que puede traer la paz que tanto anhelamos”. El mensaje que envió el 28 de septiembre el futbolista colombiano Daniel Torres a través de su cuenta de Facebook resultó ser premonitorio, además de viral. El 2 de octubre a las 17.00 de la tarde, Colombia rechazó en el plebiscito los acuerdos de paz negociados durante cuatro años con la guerrilla de las FARC en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos perdió contra los efectos del huracán Matthew que impidió que muchos votantes salieran a votar. No consiguió frenar el mensaje del expresidente Álvaro Uribe, principal opositor al proceso. Y fue incapaz de convencer a los 10 millones de evangélicos que hay en el país, según cálculos del Ministerio del Interior, de que lo pactado no ponía “en peligro a la familia tradicional”.

Algo más de 12 millones de colombianos acudieron a las urnas, más de seis mostraron su disconformidad con lo pactado. “No tengo cifras oficiales, pero si salieron a votar cuatro millones de evangélicos, posiblemente la mitad de ellos rechazara los acuerdos”, dice Edgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. “El 99% de nuestros fieles dijo ‘no”, asegura Héctor Pardo, asesor del Consejo Evangélico de Colombia y representante de la Confederación de Libertad Interreligiosa (Confilerec). Dos días después del plebiscito, estos dos pastores estaban sentados con el presidente Santos y una delegación de colectivos religiosos en la Casa Nariño para acercar posiciones sobre los acuerdos con las FARC. (...)".

Con tantas novedades, sin embargo hay una que sobresale a las mencionadas, y que consisten en la presión sobre Uribe para salvar el Acuerdo de Paz.

La revista Semana lo explicó así:

"En una insólita situación, el salvavidas que podría lanzarle la Corte Constitucional al gobierno para que no sea vinculante el resultado del plebiscito podría venir de las demandas del Centro Democrático.

(...) El Centro Democrático presentó una de las demandas más sólidas al Acto Legislativo para la Paz. Para esto recogieron miles de firmas en las calles y la radicaron todos juntos en una ceremonia en la Plaza de Bolívar. Lo curioso es que en este momento se especula que esa demanda puede llegar a ser la vía para salvar el proceso de paz frente al triunfo del No en el plebiscito.

(...) Precisamente, durante el mes que antecedió al plebiscito, el uribismo recorrió el país buscando votos por el No, pero también deslegitimando el mecanismo de participación. Antes de la jornada electoral, los uribistas aseguraban que se fraguaría un fraude, tanto que muchos vaticinaban que con esa palabra reaccionarían contra los resultados. “El plebiscito es ilegitimo”, dijo Uribe apenas conoció la sentencia de la Corte Constitucional. Pero sorpresivamente, el veredicto de las urnas los favoreció, y desaparecieron las críticas.

Por el contrario, una semana después del plebiscito, el Centro Democrático percibe que desde el gobierno y el poder judicial hay intentos por “desconocer” el resultado del plebiscito. Se refieren en concreto a las solicitudes de reapertura de mesas de votación que se vieron afectados por la lluvia, especialmente en cuatro departamentos de la Costa.

Este martes enviaron una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almario, precisamente alertando por ese intento de obviar los resultados del plebiscito, el mecanismo con el que en la práctica habilitaba jurídicamente la implementación de los acuerdos con las FARC.

Pero a los uribistas hay un tema que les preocupa más que eso. En voz baja, se ha conocido que la Corte Constitucional estudiaría una demanda presentada por Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo en contra del artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz que señalaba que éste entraría en vigencia con su refrendación popular.

Este Acto Legislativo es el que daba facultades extraordinarias al Presidente de la República, creaba el Fast Track para acelerar el trámite de las normas en el Congreso e integraba el acuerdo final al bloque de constitucionalidad. Sin embargo, la vigencia de este Acto Legislativo en su artículo 5 quedó condicionada a la refrendación del pueblo, por lo que tumbar esta disposición por problemas de trámite (se habría vulnerado el principio de consecutividad en los debates en el Congreso) podría darle una segunda oportunidad al Acuerdo con las Farc.

Muchos ojos están puestos por estos días en las altas cortes y la posibilidad para que desde allí se pueda lanzar un “salvavidas” al acuerdo de paz con las Farc. En todo caso esta idea tendría un problema y es que así se cayera el artículo 5º, según el artículo 1º el único que podría presentar los proyectos del Fast Track es el gobierno, que no podría hacerlo porque la propia Corte Constitucional señaló que los efectos del plebiscito deben ser acatados por el ejecutivo.

Alfredo Rangel, senador de la Comisión Primera, donde se aprobó el Acto Legislativo para la Paz, cuestionó la posibilidad de que una demanda del Centro Democrático sea pretexto para “hacerle conejo” a los resultados del plebiscito.

(...) Tal es el susto de los uribistas que dos demandas: la de la senadora Paola Holguín y la del concejal Marco Fidel Ramírez ya tienen sendas solicitudes de retiro que aún no han sido resueltas. El senador Rangel, reitera, que si la Corte es coherente, debe proceder a retirar las demandas.

Samuel Hoyos fue uno de los representantes a la Cámara que votó en contra del Acto Legislativo para la Paz. Dice que si los magistrados echan mano de una demanda que, en su criterio, sí tiene sustento jurídica, sería “convertir a la Corte Constitucional como el Consejo Electoral de Venezuela, de bolsillo y al servicio del gobierno”.

El papel de la Corte, dice Hoyos, debe ser la salvaguardia de la Constitución y no resolver las crisis políticas que afecten al gobierno. “Están buscando ganar en la letra menuda lo que perdieron en las urnas. Si fallan la demanda para desconocer el plebiscito, nos tocaría salir a la calle a defender nuestro voto”.

La Corte Constitucional también podría tumbar por vicios de trámite el artículo 4, en el que se convierte el Acuerdo Final en un Acuerdo Especial y lo integra al bloque de constitucionalidad. De manera que la concesión no sea total y el Acuerdo Final tenga que pasar por el control del Congreso.

Otro de los salvavidas de los que se ha hablado en las últimas semanas es la de repetir el plebiscito en los lugares afectados por el huracán Matthew. Esta idea fue planteada por el senador Armando Benedetti, quien anunció que elevaría la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional.

La sola posibilidad llevó a que el uribismo denunciara ante la OEA supuestas “maniobras” para reabrir mesas de votación sin respetar los resultados.

(...) El Consejo Nacional Electoral, por su parte, anunció que una vez tengan el escrutinio oficial enviarán solicitudes a la Corte para que se establezcan si hubo incidencia en el electorado.

Finalmente, y con poco eco, la realización de un segundo plebiscito sigue latente. La sentencia de la Corte Constitucional dejó abierta la puerta para que ante una decisión negativa del pueblo, como en efecto ocurrió, se pueda someter a consideración del pueblo un acuerdo distinto, pero bajo las mismas reglas del plebiscito especial ya previsto.

El alto tribunal recordó, sin embargo, que el Gobierno tiene plenas facultades para mantener el orden público, entre ellas la suscripción de acuerdos de paz con grupos armados ilegales y en el marco de la salida negociada al conflicto armado.

Aunque el panorama es muy incierto frente a la renegociación de los acuerdos con las FARC y la posibilidad de una nueva refrendación, los anuncios sobre la fase pública de las negociaciones públicas con el ELN le dan un aire a esta posibilidad. Esto en razón a que también se deberá definir si en el caso de esta guerrilla el acuerdo final termina en una refrendación. En todo caso la decisión final queda en manos del Presidente de la República.

Al uribismo muy seguramente ninguna decisión jurídica le va a gustar. Entre otras cosas, porque ante la derrota del gobierno en las urnas, muchos consideran que la solución tiene que ser política y no depender de las interpretaciones de los abogados. En cierto modo, porque estas no se darían si el resultado habría sido al contrario, es decir si el Sí hubiera sido el ganador el pasado 02/10."