#ParaQueNoTePase, movilización por un registro de víctimas y contra la 'puerta giratoria'

Según Carolina Píparo, el reclamo es por protección y control, asistencia legal oficial a la víctima y registro de víctimas (hay un proyecto del Frente Renovador al respecto).

María Luján Rey también: "Hay que saber cuántas víctimas hubo.El Estado siempre es responsable.Y si no tiene un registro, es como no reconocer su propio fracaso."

Matías Bagnato: "A ningún gobierno le conviene decir cuántas víctimas hay. Además, queremos la participación de la víctima en todo el proceso."

Jimena Aduriz: "Estamos orientando la convocatoria no sólo a las víctimas. También al ciudadano común, al que no le pasó."

Desde aquel 2004 a la fecha, todo parece reducirse a enviar efectivos federales, en especial Gendarmería Nacional, al Gran Buenos Aires (aunque Prefectura Naval también se ha desplegado en Ciudad de Buenos Aires).

Pero las instituciones policiales siguen recaudando dinero del delito con la complicidad de jueces, secretarios, fiscales y políticos, que son socios en el macabro 'negocio'. No existe la decisión política de arrasar con todo eso, cualquiera sean las consecuencias. La gente comienza a percibirlo y queda entre espantada e inmovilizada. ¿Podrá romperse el hechizo?

Es muy importante avanzar en el reclamo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de reformar el Código Procesal Penal, de manera tal de restringir las excarcelaciones.

Es cierto el problema de la “puerta giratoria” judicial, y lo más grave es que detrás de principios morales e interpretaciones ideológicas, en el Poder Judicial hay tanta corrupción como en las fuerzas policiales.

Esto lo corrobora un texto del diario Clarín sobre la inseguridad en general, y la responsabilidad de jueces y fiscales (los de la 'puerta giratoria'):

"La credibilidad del Poder Judicial está en uno de sus peores momentos. El 77% de los argentinos no confía en el sistema de justicia. Solo el 3,1% tiene mucha confianza en el Poder Judicial. El 15,1% apenas mantiene algo de confianza. El juicio es bastante parejo entre los más críticos. Un 41,1% cree le tiene poca confianza y un 35,9% no le tiene nada de confianza. El resultado lapidario ocurre con el telón de fondo del crecimiento de la preocupación de la gente por la inseguridad y surge de un estudio de opinión sobre dos mil casos realizado por la consultora Management & Fit para Clarín. Los menores de 40 años son quienes menos confían en los jueces.

La credibilidad del Poder Judicial es inversamente proporcional a la mayor preocupación que hoy tiene, según la encuesta, la ciudadanía: la inseguridad. Con el 34,5% es el tema que más inquieta a los argentinos. La cifra impresiona, pero más aún el crecimiento respecto al mes anterior, el 16,1%, casi el doble. En el Gobierno explican que la inflación empezó a retroceder y ya no un fantasma, sin tener en cuenta la multiplicación de casos violentos. El ránking de preocupaciones lo completan la desocupación (14%); la inflación (13,1%), que efectivamente se retrajo un 5,6%; y la corrupción (12,2%). La pobreza (11,7%), cuyo índice del 32% se conoció semanas atrás solo preocupa al 11,7%. El narcotráfico queda muy atrás, con el 3,1%.

La crisis del sistema judicial da lugar a una cifra más escalofriante: el 50,5% aprueba "la justicia por mano propia". El 24,5% lo aprueba completo y el 26%, parcialmente. Solo el 18,4% la rechaza por completo. El 31,7% de los consultados cree que esos casos ocurren por la ausencia del Estado, mientras que el 27,4% cree que es por la desconfianza en la Justicia. El agotamiento de la gente (23%) completa el ránking de justificaciones, pero es el primero en la provincia de Buenos Aires. El tema se instaló en la agenda mediática, judicial y política luego de dos casos que conmocionaron a la ciudadanía: el del médico Lino Villar Cataldo, que le mató de un disparo a un ladrón que irrumpió en su vivienda y el del carnicero Daniel Oyarzún, que persiguió y atropelló a un delincuente que le había robado 5 mil pesos. El Gobierno tomó partido en ambos casos. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich señaló que el médico era "la víctima" y el presidente Mauricio Macri llamó a una radio y opinó que el carnicero, que estaba detenido, debía estar "en su casa con su familia y reflexionando".

La inseguridad hoy es la principal preocupación, pero no fue así durante todo el año. En abril solo la identificaban como el peor problema el 13,3%, mientras que el 31,9% señalaba a la inflación. En tanto, que la suba de tarifas alcanzó su clímax en mayo (19,2), cuando llegaron las primeras boletas. (...)".

Hay una contracara en todo el enfoque punitivo: Horacio Verbitsky en el diario Página/12:

" Los datos oficiales son incontrastables. En los primeros tres meses de los operativos de control poblacional las fuerzas de seguridad interceptaron a 150.000 personas, de las cuales 450 resultaron detenidas “por distintos motivos, en su mayoría evadidos de la Justicia que portaban documentación falsa y que tenían estupefacientes”. Es decir que sólo dieron tan magro resultado el 0,3 por ciento. En el abrumador 99,7 por ciento restante esos procedimientos que vulneran derechos constitucionales como la libertad y la privacidad, además fueron ineficaces para cualquier finalidad útil y legítima.

¿Por qué se realizan, entonces? Esa práctica generó grandes polémicas en Estados Unidos, donde se denomina “stop and frisk”, que significa parar y registrar. Ante una demanda del Center for Constitucional Rights la justicia encontró culpable a la policía de Nueva York de aplicar un modelo y de seguir una práctica inconstitucional de discriminación racial, lo que llevó a un proceso de reforma policial en curso. Suprimidos esos operativos, el delito disminuyó. El diario sensacionalista New York Daily News se disculpó: “Estábamos equivocados”.”

(...) Los criterios que utilizan las fuerzas argentinas se encubren bajo la denominación genérica de 'olfato policial'. En Estados Unidos el cariz racial ofusca la percepción de su carácter clasista. En la Argentina no hay duda posible. En ambos lados, esas conductas acompañan una profundización de la desigualdad y la concentración del ingreso, el avance del Estado Penitencia que sucede al retiro del Estado Providencia, según la definición precisa del sociólogo francés radicado en Estados Unidos Loïc Wacquant.

El jueves, una gran concentración frente a la garita de Prefectura en la esquina de Osvaldo Cruz e Iguazú, en el complejo habitacional que comprende las villas 21 y 24 y el Barrio Zavaleta, protestó por las torturas que una docena de prefectos infligieron en ese mismo lugar a dos adolescentes que les entregó la Policía Federal, Ivan Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Es el asentamiento precario más grande de la ciudad, donde viven 33.000 personas. La garita estaba cerrada mientras se desarrolló el acto, pero un desmesurado contingente de gendarmes y policías federales recorrían el barrio, mientras móviles de Prefectura y de la Policía Metropolitana patrullaban su perímetro como si fuera un gigantesco gueto urbano. Sólo faltaba la Policía de la Ciudad, que se estaba reponiendo de las fatigas de la actuación del miércoles con sus uniformes y helicópteros de fantasía.

Durante días, el Ministerio de Seguridad no se pronunció y delegó el manejo de la información en la propia Prefectura. Es lógico, porque los prefectos siguieron la luz verde que el Ministerio les dio, con su Protocolo de actuación en casos de protestas sociales (que no pudo poner en práctica dado que ni las jurisdicciones más afines lo tomaron en cuenta por disparatado) y con las actitudes de la ministra Patricia Bullrich ante episodios previos, como los escopetazos disparados contra los chicos de una murga que ensayaba en otra villa, la del Bajo Flores.

Un comunicado de la Prefectura sostuvo que los 7 agentes ya identificados y detenidos por orden judicial en el penal de Marcos Paz habían sido dados de baja. El comunicado fue leído desde el palco de la revista La Garganta Poderosa, cuya bandera lucía las imágenes de Rodolfo Walsh, Luciano Arruga y Juana Azurduy. El orador dijo que no había sido la Prefectura sino la movilización de todos los presentes la que había dado de baja a los prefectos. La rápida reacción de las víctimas y de la revista visibilizó lo sucedido y la inmediata presencia de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) no dejó otra salida a la jueza María Gabriela Lanz que ordenar las detenciones.

Pero fue necesario el acto del jueves, que alcanzó la tapa de este diario el viernes, para que recién ese día el Director de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Daniel Barberis, emitiera una declaración según la cual los prefectos “involucrados en el aberrante suceso” (Leandro Antúnez, Eduardo Sandoval, Osvaldo Ertel, Ramón Falcón, Yamil Marsilli, Félix Demiranda y Orlando Benitez) fueron dados de baja. (...)".

En tanto, el diario El Día, de La Plata (Buenos Aires), acerca de las irregularidades en el manejo de horas adicionales en la Policía Bonaerense:

" El ministerio de Seguridad estaría a punto de adoptar una medida de alto impacto: pondría a un civil a cargo del manejo de los recursos de la Bonaerense. Esta sería una de las principales derivaciones de la denuncia que la cartera que conduce Cristian Ritondo acaba de presentar contra el comisario general Néstor Martín por presunto enriquecimiento ilícito.

Martín integraba la cúpula policial y estaba a cargo de la Superintendencia de Coordinación Operativa. Tenía en sus manos la administración de recursos de la fuerza, entre ellos, los vinculados a las horas adicionales que realizan los agentes, aunque algunas fuentes sostienen que el manejo de esos fondos se realiza a nivel de las Departamentales.

Las horas Polad, justamente, están en el centro de las investigaciones judiciales por su presunto manejo irregular.

Luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal obligara a la cúpula policial y a los efectivos hasta el grado de subcomisario a presentar sus declaraciones juradas de bienes, el patrimonio que declaró Martín sorprendió a las autoridades bonaerenses.

Detalló tener siete propiedades en La Plata, con un valor fiscal total de $ 1.500.332 y ahorros por $ 2.000.000. Declaró contar incluso con un helicóptero experimental que valuado en $ 400.000.

En su declaración indicó que percibía un salario como policía de $ 48.000 mensuales y que además tenía otros ingresos (vía monotributo) de $ 30.000 al mes. Dijo no tener auto, pero admitió que su esposa es titular de un Toyota Etios Cross modelo 2014, con un valor fiscal de $ 177.500.

El área de Asuntos Internos puso la lupa sobre los bienes declarados por Martín. Y en las últimas horas, ante la inconsistencia del patrimonio, lo denunció ante el fiscal platense Marcelo Romero por “la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito”. Las autoridades no descartan que el comisario general pudiera haber incurrido en maniobras de “lavado de activos”, según trascendió.

Mientras se realizaba esa investigación, a Martín le restringieron las tareas. Pero en las últimas horas se conoció que decidió solicitar la baja.

(...) El manejo irregular de los adicionales que realizan los policías quedó al descubierto con la detención del suboficial Patricio Masana, que fue imputado como co-autor del robo que sufrió el intendente Julio Garro en su vivienda de City Bell.

A raíz de esa causa, quedaron expuestas irregularidades en la administración de horas adicionales de la jurisdicción, tarea de la que se encargaba Masana en la comisaría Primera de La Plata, donde se halló una estructura instalada de recaudación ilegal. Massana tenía un lujoso nivel de vida, que no se correspondía con los $18.000 que ganaba mensualmente

En las últimas horas estalló otro escándalo también en la Departamental La Plata, cuando un grupo de policías denunció supuestos desmanejos con los adicionales dentro del Hospital San Martín durante los meses de junio, julio y agosto. (...)".

No es un tema restringido a Provincia de Buenos Aires o a Ciudad de Buenos Aires. Jorge Salum en La Capital, de Rosario (Santa Fe), relata acerca de la unificación de organismos policiales buscando lograr alguna eficiencia:

"El gobierno de Santa Fe unificará todas las áreas de investigación de la policía provincial bajo un mismo mando, y al mismo tiempo le dará una nueva estructura y ampliará la Unidad de Asuntos Internos. Con la primera medida persigue mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, y con la otra busca aumentar los controles sobre los propios efectivos policiales para evitar su complicidad o participación en aquellos delitos.

En el primer caso, la idea es unir a la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, que se dedica a investigar casos de narcotráfico y narcomenudeo, con la Policía de Investigaciones (PDI), que enfoca sus pesquisas en delitos complejos no necesariamente vinculados a la venta de drogas. Y sumarle la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas.

La idea es dotar de mayor eficiencia a las oficinas policiales que deben perseguir el narcotráfico en la provincia. Para eso habrá un comando unificado y más efectivos.

Quien impulsa esta unificación, que necesariamente implicará cambios en la estructura actual de la cuestionada policía provincial, es el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz. Su idea es también aprovechar los avances y el buen clima alcanzados en los últimos días con el gobierno de la Nación luego de semanas de tensión para avanzar en la coordinación con las fuerzas federales en el intento por obtener más y mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico. (...)".