Antes que nada, una consulta al Mundo K: el inmigrante ilegal no es un delincuente pero ¿no es un infractor? Él ingresó al país sin cumplir con las exigencias que establece la legislación vigente. Si violentar lo que establece la ley no es penalizado, ¿qué sentido tiene el trabajo de los legisladores porteños, por ejemplo? Habría que pedirles a los legisladores que renuncien todos si las leyes carecieran de sentido, comenzando por el Frente para la Victoria.
RIDIKULECES
Los K se oponen por oponerse: Amparo contra la cárcel de inmigrantes ilegales
Tal como anunció Urgente24 el mes pasado, un convenio entre Ciudad y Nación prevé la creación de la cárcel para extranjeros con antecedentes penales o ingresados al país en forma ilegal. En este sentido, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro-FPV, anunció la presentación de un amparo colectivo para solicitar la suspensión de esta iniciativa.
Luego, un inmigrante ilegal detenido debe ser deportado. ¿O no es lo que establece la ley vigente? Si no se encuentran conformes con esto, cambien el texto de la ley. Pero no permitan que existan leyes que no cumplen. O leyes que pueden violentarse sin problemas.
Entonces, ¿dónde permanece el inmigrante ilegal detenido hasta que se cumpla con el acto administrativo de la deportación? Obvio que no puede ser una situación excarcelable sino es imprescindible que tenga un lugar de detención.
Es posible debatir acerca de las condiciones de esa detención: no tiene que ser una prisión de alta seguridad ni nada que se le parezca. Porque no es un delincuente sino un infractor. Pero en algún lugar debe permanecer, y en condiciones de seguridad para él mismo.
Hecha la aclaración del punto de vista de Urgente24, vamos a la noticia:
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, José Cruz Campagnoli, consideró que "(Mauricio) Macri quiere instalar una política de persecución y estigmatización sobre las diferentes comunidades extranjeras, asociándolas a la idea del delito". Se refiere al convenio que firmaron Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad porteño y Horacio García, director Nacional de Migraciones (DNM) del Ministerio del Interior, por el cual la Ciudad entrega en comodato a Migraciones un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, Nueva Pompeya.
El establecimiento servirá "de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley de Migraciones (Nº25.871) y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos, en carácter de comunicados y a disposición de la DNM al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero, durante el tiempo necesario y razonable para cumplimentar los fines y alcances dispuestos por la autoridad migratoria, estándole prohibido cambiar el destino mencionado".
El objetivo, según el convenio, es garantizar las condiciones dignas de alojamiento y en un marco de protección a los extranjeros que tienen pedido de expulsión en firme y se encuentran en situación de "retenidos" (Art. 70 de la Ley de Migraciones y del Decreto Reglamentario N° 616/10), mediante resolución judicial "fundada al sólo y único efecto de cumplir aquella".
Sin embargo, al legislador que responde a Martín Sabbatella le precupan "las medidas que propone el gobierno de Cambiemos, orientadas a la expulsión de migrantes de nuestro país. Macri quiere retroceder en las políticas que buscaban la regularización de los migrantes y, en oposición a esto, avanzar hacia la criminalización y expulsión".
En este sentido, explicó que las Consejerías de Derechos de Personas Migrantes que funcionarán en los locales que Nuevo Encuentro tiene en las distintas comunas de la Ciudad buscan "defender y promover los derechos humanos de los migrantes, orientarlos legalmente y garantizar el acceso a la información para advertir y prevenir abusos y hechos discriminatarios".
Campagnoli destacó la importancia de las consejerías que "van a trabajar en la prevención de conductas discriminatorias, racistas y xenófobas a través de programas de sensibilización dirigidos a la población en general y en particular, a la población migrante para que conozca sus derechos y pueda defenderlos".
El convenio, que está vigente desde el 01/09 y tendrá una duración de 4 años, establece que, previamente, la DNM realizará en el lugar diversas tareas de refacción y reconstrucción de los espacios, incluyendo además aspectos ambientales como sistema de detección de incendio, provisión de agua caliente, renovación eléctrica, calefacción/refrigeración y acondicionamiento de salas destinadas a esparcimiento y recreación.