LA OPOSICIÓN DICE QUE ES ILEGAL

La guerra de los taxis: Habría un amparo contra Taxi BA

La aplicación Taxi BA que el oficialismo (PRO) logró aprobar el jueves 15/09 en la Legislatura ha provocado muchas repercusiones. El legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, remarcó que la polémica ley tuvo una votación ilegal, ya que el proyecto presentado por el Gobierno de la Ciudad "tendría que haber pasado por la Comisión de Presupuesto" antes de tratarse en sesión ordinaria. Además, en la UCR, aliado al PRO aún cuando no se haya conformado el bloque Cambiemos, reconocen que la "app" impulsada por un acuerdo entre Horacio Rodríguez Larreta y el sindicalista Omar Viviani para frenar a Uber, no "genera una alternativa superadora" al servicio de taxi. También están enojados los radiotaxis.

Rebobinemos: la aplicación Uber ingresó con más fuerza de lo que reconocen sindicalistas y funcionarios del municipio porteño. El problema central fue que Uber dejó al descubierto las falencias de un servicio que, por ser monopólico, nunca se renovó ni trabajó con estándares de calidad sino que dejó el esfuerzo librado a cada conductor en forma individual.

Contra Uber abundaron las piñas, los cortes de calle y los recursos judiciales y administrativos, pero nada de eso resolvió el problema de fondo.

Entonces, la Administración Larreta y el sindicalista Omar Viviani imaginaron una competencia local a Uber, amparada por el Gobierno porteño que ha demostrado eficiencia en el desarrollo de aplicaciones digitales.

Así nació Taxi BA, un emprendimiento mixto: el Gobierno porteño y los sindicatos. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que los radiotaxis se enojaron porque quedaron afuera. A partir de entonces todo se empiojó. De todos modos, el PRO consiguió la aprobación en el recinto de su proyecto.

Ahora, desde la oposición no se dan por vencidos y vuelven a la carga. De todos modos la cuestión de fondo es si el servicio de taxímetro tendrá la transparencia y la eficiencia comparable con la oferta de Uber. De lo contrario, el perjudicado sería el usuario, con la complicidad del Estado. ¿Cómo mejorar Taxi BA?, es una pregunta pero también aparecen los procedimientos legislativos en el debate.

El legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, remarcó que la polémica ley tuvo una votación ilegal, ya que el proyecto presentado por el Gobierno de la Ciudad "tendría que haber pasado por la Comisión de Presupuesto" antes de tratarse en sesión ordinaria. 

Vera aclaró que su oposición "no pasa por decir si está bien o mal la aplicación, sino que estaba en contra por la forma en que se trató". En ese sentido, el diputado de Bien Común pidió la vuelta del proyecto a comisión porque era necesario que pasara por Presupuesto, pero su pedido fue rechazado.

El titular de la ONG La Alameda se amparó en los artículos 48 y 49 de la Constitución de la Ciudad y advirtió que analiza la presentación de un recurso de amparo. "Tiene que ver con un gasto que va a realizar la Ciudad", precisó Vera, quien luego agregó "no estoy cuestionando las ventajas del proyecto, sino el método de discrecionalidad que cada vez crece más".

En concreto, el artículo 48 de la Constitución de la Ciudad señala que "es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social. La Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible. Las autoridades proveen a la defensa de la competencia contra toda actividad destinada a distorsionarla y al control de los monopolios naturales y legales y de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Promueve el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de economía social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando la asistencia técnica y financiera"

En tanto, el 49 precisa que "el gobierno de la Ciudad diseña sus políticas de forma tal que la alta concentración de actividades económicas, financieras y de servicios conexos, producidos en la Ciudad, concurra a la mejor calidad de vida del conjunto de la Nación. Los proveedores de bienes o servicios de producción nacional tienen prioridad en la atención de las necesidades de los organismos oficiales de la Ciudad y de los concesionarios u operadores de bienes de propiedad estatal, a igualdad de calidad y precio con las ofertas alternativas de bienes o servicios importados. Una ley establece los recaudos normativos que garantizan la efectiva aplicación de este principio, sin contrariar los acuerdos internacionales en los que la Nación es parte".

"Taxi BA es una propuesta positiva pero insuficiente"

El legislador porteño, Marcelo Guouman, diputado radical de ECO, espacio de Martín Lousteau, acompañó Taxi BA, aunque dijo que es "una propuesta positiva pero insuficiente". 

“No podemos oponernos a la implementación de una aplicación que logrará que el servicio público de la Ciudad esté un poco menos atrasado. Sin embargo, es una respuesta un tanto improvisada ante la incapacidad de encontrar mecanismos y marcos adecuados para integrar las actividades irregulares que ya se registran en ese servicio público y generar una alternativa superadora", señaló el legislador radical.

"La visión debe consistir en colocar al ciudadano en el foco de la construcción de una política para el sector", añadió el diputado.

"Desde nuestro bloque venimos trabajando desde hace tiempo en la ampliación y regulación de la oferta del servicio de transporte en la ciudad, por eso presentamos un proyecto para regular el servicio de transporte privado de pasajeros con chofer", finalizó Guouman.

"Será un subsidio a las empresas del Taxi"

Quien tampoco aprueba Taxi BA es Marcelo Ramal, del FIT, quien afirmó "la mejora tecnológica que implica Taxi BA redunda en una mayor eficiencia y por lo tanto en una reducción de los costos del taxi. El problema es quien se queda con el valor agregado, si las empresas o los usuarios y trabajadores".

"El proyecto no tiene ninguna indicación a favor de, por ejemplo, una reducción de tarifas o la reducción de la jornada de laboral de los taxistas sometidos a  un régimen indigno que los obliga  trabajar hasta 12 o 14 horas por día", continuó Ramal y agregó "por lo tanto estamos ante un rescate estatal de las grandes mandatarias de taxi y naturalmente también de un rescate del sindicalismo empresarial".