Después del mini Davos, vuelve la agenda: Se cae la Bolsa si venden todos

Al cumplir casi 9 meses al frente del Ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren transfirió finalmente el lunes 12/09, en forma electrónica, a través de Euronext Amsterdam, las acciones clase A que tenía en la Royal Dutch Shell Plc valuadas en $ 16 millones en su declaración jurada, que había comprado no se conoce a qué precio cuando era Ceo de Shell Compañía Argentina de Petróleo SA. El papel cotizó en la jornada a 21,51 euros (US$ 24,13).

Aunque la tenencia de esa participación accionaria no haya sido reconocida como incompatibilidad entre la función pública y la actividad privada del funcionario, la decisión de vender bien podría haberse concretado el día que asumió la cartera, el 12/12/2015 por más que fuera sólo una “señal”, según la consideración tanto del presidente Mauricio Macri como suya. Como entonces valían 19,65 euros (US$ 22,04), la espera le representó una ganancia eventual del 8,6% en dólares.

Que, es cierto, podría haber sido mucho más suculenta de no haber existido la presión judicial y política que recayó sobre su persona, en especial tras la reacción que suscitó el tarifazo de abril aún en litigio que determinó ese “gesto”, y hubiera podido aguardar con los papeles en el portafolios hasta que el precio internacional del crudo subiera (casi 50%, posiblemente a más de US$ 60 el barril en 2 años) y que la filial argentina hiciera el modesto aporte (irrelevante según el primer mandatario) al balance general de la compañía con la parte que le toque por la mejora en el precio en boca de pozo que el ministro y ahora ex accionista defenderá en la audiencia pública en ciernes.

También recibirán las arcas de la Royal Dutch Shell Plc la incidencia, por más dosis pequeña que sea, del generoso contrato de importación de gas que el Estado celebró con Chile, país al que a su vez abastece la recientemente controlada de Shell, British Gas.

Nery Persichini, economista de Inversor Global, le dio la derecha a Aranguren al declarar, según reproduce el diario El Cronista, que "cualquier inversor que tenga títulos de esta petrolera no está mirando su evolución diaria, sino que es una apuesta de largo plazo, a la espera que el valor del crudo se recupere".

Lo mismo podría aducirse del comportamiento de las acciones de las firmas energéticas en el panel Merval, en 2015 y, en menor medida, 2016. Fueron las animadoras, con fuertes porcentajes de alzas, ante la perspectiva de cambios en las reglas de juego para el sector, que no terminan de definirse.

No se puede decir que no sean transparentes los vínculos entre los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y las compañías que recientemente representaban (aunque hay quienes realizan observaciones en el marco de la Ley de Ética Pública). Pero, al igual que sucedió con Aranguren, se encuentran ante un dilema político.

Hay otros casos, como el de Angelo Calcaterra, quien hoy debe estar maldiciendo ser primo del mandatario cuando durante la gestión de CFK se movía como pez en el agua. O el del 'amigo del alma', Nicolás Caputo, quien con un festival de obra pública en ciernes, tiene que seguirlo tras los ventanales de un despacho en la Bolsa de Comercio imaginando otros negocios.

“Todas las actuaciones que estén particularmente relacionadas con la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo SA y/o con las empresas vinculadas a ésta” serán derivadas al ministro Francisco Cabrera, aunque no queda claro cómo se tratarán las decisiones de Aranguren que afecten a todo el sector, incluida Shell.

Doble comando

Pero en esta gestión presidencial, no sólo el ministro poseía intereses en ambos lados del mostrador, dado que al menos 6 de los 17 funcionarios jerárquicos de su cartera poseen acciones o títulos privados vinculados a la actividad, de acuerdo con las declaraciones juradas que presentaron los máximos colaboradores del ex CEO de la petrolera anglo-holandesa, enumerados por el diario Ámbito Financiero. Y eso que no fueron computados los directivos designados en organismos descentralizados como Yacyretá, Enargas, Enre, Segemar y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Así, el actual secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, fue previamente vicepresidente de Pan American Energy, 2do. productor nacional de petróleo, si bien no figura actualmente con ningún interés concreto.

No es el caso del secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Valerio Sruoga, con acciones por $ 11.880 desde mayo de 2000 en S y A Consultoría SRL, entre cuyos clientes tiene a empresas energéticas, como Electro Andina. Este ingeniero electromecánico ya ocupó un cargo en el gobierno en 2001.

También el subsecretario de Exploración y Producción, Marcos Porteau, informó que posee acciones por $ 241.863,96 de la petrolera francesa Total, dedicada a la exploración y producción de gas, y una de las animadoras de Vaca Muerta, donde se desempeñara como jefe de estrategias para el Cono Sur, luego trader y finalmente negociador senior. Las más antiguas ingresaron a su patrimonio en 2005, pero las últimas las adquirió en 2014.

Un caso más llamativo es el del secretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, quien posee acciones por $ 388.815,43 en 2 empresas del sector que debe promocionar y controlar: Partic Aires Renewables S.A. (ingeniería en energías renovables) y la uruguaya Participac Byknar S.A. Inclusive participarían en la licitación de energía renovable que lanzó el Gobierno, pero no se las identifica entre las 123 ofertas recibidas por un total de 6.366 MW, seis veces más de los 1.000 MW licitados originalmente.

También la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins, declaró $ 96.547,46 en acciones de Energy Performance dedicada al asesoramiento especializado, estudios, diagnósticos o capacitación.

El subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, invirtió $ 6.392 en acciones de Central Puerto S.A., que opera centrales termoeléctricas en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza y la neuquina Piedra del Águila. Además declaró $ 657.017,53 en acciones de IATASA, una constructora de megaemprendimientos industriales, como las represas.
También es accionista con $ 38.918,74 de TM Servicios Profesionales S.A., dedicada a proyectos de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico. Y finalmente es miembro fundador con $ 90.000 de la sociedad Añelo 30 2015, una inmobiliaria, desarrolladora y constructora con un nombre referido al pueblo sobre el que se monta el gigantesco yacimiento de shale gas Vaca Muerta.

Asimismo, el subsecretario de Infraestructura Energética, Alberto Ricardo Brusco, posee más de $ 93.474 en títulos privados de Endesa Costanera, Ferrum, Metrogas, Pampa Energía, Transener y Consultatio.

También tendría intereses privados en el sector el subsecretario de Política Minera, Santiago Dondo, que desde su consultoría y estudio de abogados cuenta como clientes a varias compañías energéticas.

El hasta poco titular de Metrogas, que anteriormente habían desempeñado cargos gerenciales en la francesa Total (una de las mayores productoras de gas del país) y la alemana Wintershall del grupo Basf (socia en varias concesiones petroleras), David Tezanos, fue puesto a cargo de Enargas, organismo responsable de la regulación de la distribución gasífera. Figuran en su patrimonio títulos de YPF y del fondo común de inversión Santander.