Rosatti dejó a Lorenzetti en off side

El juez aguardaba en ese momento el proceso legal para sellar su incorporación al tribunal, que se concretó a fines de junio. se transformó en el anteúltimo ministro del tribunal que entregó voluntariamente su declaración jurada.

Rosatti completó el formulario con el detalle de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción (OA) un mes y medio antes de asumir como ministro del organismo. Se trata del mismo requerimiento al que están obligados distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y candidatos a cargos nacionales electivos.

La información sobre el patrimonio de Rosatti se conoce apenas 48 horas después de que la Corte Suprema rechazó por unanimidad -también con la firma del propio Rosatti- un pedido realizado por los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez para que los miembros del tribunal entreguen sus declaraciones juradas ante el Consejo de la Magistratura, organismo que regula la publicación de esa información para todos los jueces federales.

El tribunal, en una acordada, sostuvo que las peticiones deben ajustarse a la reglamentación que había establecido la propia Corte en la acordada 9/2014, que impone una serie de trámites a quien solicita la información.

Aquí el texto de Diario Judicial:

Dos días después de que la Corte Suprema rechazara un pedido de los legisladores de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez para que los ministros hicieran públicas sus declaraciones juradas integrales, se dio a conocer que el ministro Horacio Rosatti presentó la suya ante la Oficina Anticorrupción un mes antes de ser designado en el Máximo Tribunal.

Rosatti, que había suscripto junto con Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Ronsekrantz la resolución que ratifica el procedimiento reglamentado por la Acordada 9/2014, presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración de bienes, por la suma de $1,1 millón.

Semanas atrás, la Oficina a cargo de Laura Alonso había remitido una una carta a la Corte “poniéndo a disposición”  la “cooperación necesaria” para que las declaraciones juradas de los ministros del Máximo Tribunal de Justicia sean públicas, y le recordó que "a través de la Ley 26.587 se dispuso la libre accesibilidad de las declaraciones a través de Internet, con el objeto de que puedan ser consultadas por cualquier persona en forma gratuita".

Carrió y Sánchez reiteraron en ese momento la petición que antes habían efectuado a la Corte, alegando que, anteriormente fueron proporcionadas con información incompleta, por lo que solicitaron “una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero".

Los legisladores cuestionaron que la Acordada mantenga un anexo con "información reservada", considerando que entonces no respetaba la normativa sobre ética pública. En su presentación, Carrió y Sánchez señalaron que " la información consignada en el anexo público de la acordada 9/2014 es a todas luces insuficiente para poner conocimiento público la realidad patrimonial de los funcionarios alcanzados por la misma y, lo que es más grave aún, resulta violatorio de los parámetros fijados por la ley de ética en el ejercicio de la función pública”.

"Lilita" criticó que en la reglamentación se detalla “arbitrariamente” qué información “integrará el anexo público y qué otra información integrará el anexo reservado de la declaración jurada”.La Corte, sin embargo, le recordó que la Acordada fue dictada “a fin de adaptar el régimen por entonces vigente” al de la Ley de Ética Pública, y que es “plenamente coincidente” con el espíritu de transparencia de esa normativa.

El último martes, los supremos le hicieron saber que “la regulación de la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos, debe armonizar distintos aspectos que no se agotan en la publicidad de las declaraciones juradas y el alto objetivo institucional perseguido mediante la consulta de dicha información por los ciudadanos”.

En otras palabras, que el derecho de acceso a la información pública también debe compatibilizar con el derecho a la privacidad de los magistrados. Rosatti firmó esa acordada, pero cuando presentó su declaración de bienes, técnicamente, era abogado.