ENOJO POR CAJONEO DE UNA CAUSA

Puerto Quequén: Campagnoli denunció penalmente al juez federal Bibel y al fiscal Portela

La denuncia del fiscal José María Campagnoli se basa en que tanto el juez del Juzgado Federal de Necochea Bernardo Bibel como el Fiscal General Juan Portela violaron el artículo 196 del Código Penal al no investigar la denuncia del 2013 sobre tráfico de influencias, concesiones turbias y lavado de dinero en Puerto Quequén.

Con fecha del 12 de julio del 2016 y firmado por el fiscal José María Campagnoli, la Justicia tomó conocimiento de una acción penal de oficio y el reclamo de medidas en lo referente al presunto "cajoneo" de la denuncia que hiciera en 2013 por irregularidades para otorgar la concesión de Sitio 0 en Puerto Quequén.
 
En su denuncia de 2013, el fiscal desarrollaba sus argumentos y presentaba pruebas a lo largo de 211 hojas que quedaron inexplicablemente archivadas en el Juzgado Federal de Necochea. El documento emitido por Campagnoli terminó confirmando los dichos del concejal radical necochense Alberto Esnaola con respecto al cajoneo de la denuncia en el tribunal local.
 
Según el escrito de Campagnoli (ver archivo relacionado), el legajo fue "archivado de manera arbitraria, a contramano de los mandatos legales y con una evaluación de los hechos que forzó, incluso, que se omitiera por completo la investigación de maniobras presuntamente delictivas que ya al inicio de la instrucción integraban su objeto procesal". El procedimiento por el cual se archivó la denuncia en el Juzgado Federal a cargo del Dr Bernardo Bibel tuvo que ver con "un anómalo accionar llevado adelante por las autoridades judiciales competentes".
 
Campagnoli agrega que "las conductas aquí denunciadas no pueden ser abordadas de manera aislada, sino que debe ser una visión integral de los hechos la que marque el rumbo de la investigación a llevar adelante, pues estas podrían resultar consecuencia o bien configurar en sí mismas delitos de acción pública cuyo esclarecimiento debe ser objeto de una profunda pesquisa tendiente a descubrir la verdad".
 
El fiscal relata a continuación las acciones llevadas adelante para tratar de seguir el rastro a su denuncia en los diferentes ámbitos judiciales y llegar a conocer dónde es que terminó archivada.
 
En el escrito Campagnoli sostiene que, además, se tomó declaración al concejal radical necochense Alberto Esnaola, en la cual el concejal agregó que hubo "una protección integral por parte de las autoridades del estado para garantizar éste y otros millonarios negocios y asegurar la protección de las personas allegadas al poder del gobierno que para ese entonces se encontraba en funciones".
 
Esnaola recientemente aportó como testigo un nuevo elemento que sirve como prueba de la relación del operador kirchnerista Roberto Porcaro con el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén: unos pasajes de avión comprados a una agencia de viajes local para que el operador kirchnerista viajara junto al presidente del Consorcio en ese entonces, José Luis De Gregorio y el presidente de Financial Net, Carlos Honorio Mocorrea en 2012.
 
Sucede que el objeto procesal a investigar (lo que debe ser investigado como presunto delito), fue definido a través de 3 hipótesis por el Dr Raúl Omar Plee, autoridad del Ministerio Público Fiscal de la Nación y jefe del fiscal local:
la adjudicación irregular para la concesión de la obra (Sitio 0 de Puerto Quequén);
 
el tráfico de influencias de Roberto Porcaro; y

la circunstancia de que esa operación integrara una posible maniobra de lavado de dinero.
 
"Llamativamente", escribe Campagnoli, "la instrucción llevada adelante por la Fiscalía Federal de Necochea, con la anuencia del Juzgado Federal competente, en nada se ocupó de las responsabilidades penales que podrían corresponder por la adjudicación directa denunciada, como así tampoco del origen de los fondos con los que se realizó la operación bursátil que era materia de investigación, ni de su posible conexión con la maniobra que es objeto de la causa N° 3017/2013". Campagnoli asegura que "no puede obviarse la arbitrariedad con la que parecería haber sido sustanciado el proceso penal".
 
A continuación el fiscal relata que apesar de que "se corroboró" que Roberto Porcaro y su esposa Patricia Sirviente participaron activamente de la repatriación de bonos por los que percibieron unos $90.000, lo que guiaría la investigación como "diligencias preliminares" para la comisión del presunto delito, la investigación fue cerrada y ni siquiera investigaron el origen de los fondos usados en la operatoria. 
 
"Las graves acusaciones expuestas por Esnaola no se presentan como una mera apreciación subjetiva", sostuvo Campagnoli en el escrito, "pues encuentran un objetivo correlato en el llamativo trámite que se verifica en el expediente judicial cuyas copias han sido incorporadas a esta nueva causa".
 
En definitiva, lo que hizo Campagnoli con esta presentación fue denunciar penalmente al juez Bernardo Bibel y al fiscal Juan Portela (ambos de Necochea) por no haber cumplido con la obligación de seguir investigando la denuncia del 2013 con respecto a la concesión, el tráfico de influencias y el lavado de dinero alrededor del otorgamiento de Sitio 0.

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