Sin consenso con el PRO, la oposición cargó contra Larreta

Entre los oradores más destacados, el presidente del Frente para la Victoria, Carlos Tomada, afirmó: "Esto ocurrió por incompetencia o connivencia de los organismo de control, es un tema que se determinará con ayuda de la Justicia, pero es seguro que hay funcionarios responsables"; y agregó que "el titular de la AGC, Matías Álvarez Dorrego no es el adecuado para dar respuestas. Necesitamos respuestas politicas de porqué el Gobierno porteño decide no controlar".

A su turno, el diputado Gabriel Fuks (FPV), acusó: "No debemos olvidar nunca que en Time Warp hubieron víctimas, porque muchos intentan estigmatizar a los jóvenes con la droga. Vimos con agrado, la celeridad en la Justicia en cuanto a las indagatorias". Él también señaló "positivo el oportuno pedido del diputado Vera de crear una comisión investigadora"; y agregó:  "8 años después de que esta Legislatura sancionara leyes que sanciona a quienes no provean el agua gratuitamente en eventos de este tipo, el gobierno porteño sigue permitiendo que suceda".

Respecto a las políticas antidrogas, Fuks reslató que "son típicas de campañas electorales, cuando se habla de blindar las fronteras e invadir las villas con fuerzas militares. Es un marketing político, porque ganaron en nación, provincia y ciudad y la guerra contra el narcotráfico no existe".

El legislador Fernando Vilardo (Autodeterminación y Libertad) afirmó: "Para nosotros es una cuestión de principios que el Ejecutivo brinde informes. La cuestión es que se hace con ellos, porque tuvimos casos similares como Cromañon o Beara y todo quedó en las instituciones"; y agregó: "Presentaremos un proyecto para crear una comisión investigadora independiente de los tres poderes de gobierno. El Gobierno debe terminar habilitaciones otorgadas sobre canones irrisorios y zonas liberadas para negocios empresariales. Por ejemplo, con la intención del oficialismo de crear la Agencia de Bienes, buscan crear más Costa Salguero".

Marcelo Ramal (FIT) señaló: "Éste es un debate tardío, que llega muy por detrás de la crisis politica generada que provocó la tragedia de Costa Salguero. Con la indagatoria a 28 imputados, se avanza en la detección que hemos estado cuestionando, la existencia de vendedores de droga en el evento y la restriscción de agua para acrecentar ese negocio".

Agregó: "La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que el problema es que la prefectura no pudo involucrarse demasiado, pero el problemas es el exceso de imbolucramiento, porque más se denota la corrupción. Si la Prefectura recibió adicionales desde los organizadores de la fiesta, ¿a quíen brindó servicio, al interés general o al privado?. Esta es una Ciudad offshore, donde las concesiones se hacen a contrapelo de la Justicia".

Javier Gentillini (Frente Renovador) aseguró: "La Justicia está actuando inteligentemente y sin ningún tipo de obstáculo. El pedido de informes enviado hoy , sumado a una veloz respuesta del Ejecutivo contribuirá aún más con la Justicia". También afirmó que "meter 13 mil personas en un evento de esta magnitudes, en un lugar cerrado, es una trampa mortal" y agregó "que el Ejecutivo se haga cargo de la urbanización de las villas de la Ciudad, para contribuir al combate contra el narcotráfico, principal causante de las muertes en Time Warp. Este tema no tiene que pasar desapercibido en unos meses, hay que desalentar el consumo sociocultural de estupefacientes". 

Adrián Camps (Socialista Auténtico) señaló: "El informe brindado por la AGC el lunes pasado fue insuficiente, ya que correspondía afirmar que el protocolo de inspección durante el Time Warp fue inadecuado, pero se lo quizo justificar. La ministra de Salud porteña dijo que estos chicos murieron por las drogas, lo cual abre el debate por la legalización del consumo. Desde nuestro rol, si nosotros no tomamos cartas en el asunto sobre el tema nunca vamos a poder avanzar".

Camps agregó: "Los 65 vigiladores que estaban dentro del predio, nunca van a salir a denunciar porque estaban contratados por la empresa, y los tres inspectores del gobierno de la Ciudad fueron insuficientes para controlar a miles de personas".

El legislador, Patricio Del Corro (PTS), recalcó "la respuesta del Gobierno porteño por la muerte de estos chicos es que se hizo todo bien. Mientras, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta no da la cara, está paseando por Estados Unidos. Tiene que dar explicaciones no sólo a este cuerpo sino a los padres de las víctimas".

Del Corro se preguntó si "tenía que funcionar en Costa Salguero este tipo de fiestas, de grandes emprendimientos. El predio donde funcionan estos eventos sólo se pueden explicar por la connivencia entre el poder político de turno y los grandes empresarios. Por ejemplo, la empresa Telemetrix tiene concesión del predio desde el 2001 por 30 años, y paga un canon cien veces menor al precio de mercado para explotar Costa Salguero".

Por último, ante los comentarios de la ministra Patricia Bullrich, que "todo tiene que ser considerando droga más allá que sus ingredientes no sean drogas. NarcotráficoCero", Del Corro afirmó que "es una persona que no está en sus cabales".

El legislador Roy Cortina (Partido Socialista) afirmó: "Hace algunos años, un jefe de Gobierno dejó su cargo por una cuestión similar. Por ende, si fuese el oficialismo, yo no subestimaría esta situación" y agregó: "el 16/04 se liberó una zona, bajo complicidad e innoperancia de distintos agentes del Estado, principalmente la Prefectura y la AGC. Dicha agencia cuenta con 320 inspectores, pero sólo 3 fueron a Time Warp. Rodríguez Larreta debe pedir la renuncia al titular del organismo, Matías Álvarez Dorrego".

La diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica), afirmó: "A la Ciudad le correspondía el control de las habilitaciones del predio. Además, no se puede delegar el poder de la seguridad, ni ejercer por etapas. Existen contradicciones, porque el juez Casanello dice que hubo hacinamiento y cortes de agua, al igual que los téstigos, todo lo contrario a lo dicho por el titular de la AGC".

Graciela Ocaña (Confianza Pública): aseguró: "72 inspectores de la AGC no son personal de planta, sino contratados, y tienen a su cargo responsabilidades muy serias. La Ciudad no pudo impedir un hecho bastante anunciado". También mencionó la lucha contra el narcotráfico, y apuntó al SEDRONAR, "que en los últimos años, permitió el ingreso de toneladas de droga ilegal a nuestro país, principalmente efedrina".

El presidente del bloque Suma+, Hernán Rossi, destacó: "Lo primero que asociamos ante este trágico hecho fue lo ocurrido en Cromañon, una cicatriz para todos los porteños. Que las víctimas sean menos, no implica que sea menos grave" y agregó "debemos tener presente que la utilización del predio Costa Salguero pertenece a una zonificación de Urbanización Parque. Si se ubiera respetado esta disposición dentro del Código de Planeamiento Urbano, esta tragedia no hubiera ocurrido". 

El presidente de la comisión de Justicia, Daniel Presti, dijo: "El narcotráfico es un delito federal, le corresponde a Prefectura y al Congreso de la Nación" mientras que el legislador Omar Abboud, se refirió al narcotráfico. "En esta batalla que lamentablemente estamos perdiendo, no acepto la legalizacion porque es una forma de resignarse", afirmó.

Su compañero de bancada, Juan Pablo Arenaza, hizo una autocrítica en cuanto a "los protocolos de control que estamos cumpliendo. Los médicos dicen que las pastillas estan cada vez más elaboradas, que evaden cualquier control. Hay que tener un mayor conocimiento sobre las drogas de diseño".

A su tiempo, desde el PRO, Victoria Roldán Méndez, destacó: "No hay que ser hipócritas cuando se piden explicaciones. Cuando ocurrieron las tragedias de Once y Castelar, no vimos a Jaime o Schiavi dando explicaciones en el Congreso. El kirchnerismo ni siquiera permitió un pedido de informes sobre el tema".

En tanto, José Luis Acevedo hizó hincapié en las "toneladas de cocaína que ingresó al país, desde Brasil y Paraguay" durante la gestión K y propuso "abrir un debate sobre las drogas, sobretodo en ámbitos que frecuentan los jóvenes".

El texto consensuado fue de los bloques de Suma+, Bien Común, Confianza Pública, PTS-FIT, Partido Socialista, Coalición Cívica-ARI, Frente Renovador y parte del Frente Para la Victoria.

Algunos de los puntos salientes, en las más de 40 preguntas del pedido de informes consensuado por la oposición tiene que ver con los controles durante el evento, con el canon abonado a la Ciudad por el uso o usufructo del predio Costa Salguero, la normativa bajo la cual se otorgan las habilitaciones para la explotación de los pabellones, cuantos m2 cubiertos utilizó el evento, teniendo en cuenta que se permitió 1,3 persona por m2.

Además, si los inspectores de la AGC pudieron comprobar durante el evento que estuviera prendido el aire acondicionado y si el personal de control presente en dicho evento se percató de un corte de suministro de agua denunciado por numerosos testigos, entre otras cuestiones.

Al final de la sesión, el diputado Gustavo Vera propuso sobre tablas, insistir con la creación de una comisión investigadora (idéntica a la que se hizo por la causa de escuchas ilegales contra Macri). Necesitaba 40 votos, pero no llegó a tratarse por que obtuvo 24 afirmativos, 27 negativos y 4 abstenciones.