GUERRA SUCIA VS. LESA HUMANIDAD

La Batalla de Tucumán 2016, un problemón para Macri

Mauricio Macri intenta tomar distancia de la controversia Teoría de los 2 Demonios vs. Terrorismo de Estado, y Guerra Sucia vs. Crímenes de Lesa Humanidad. Le molesta mucho tener que pronunciarse si los detenidos son o no presos políticos del kirchnerismo (y de Ricardo Lorenzetti, presidente volátil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Es cierto que en su masa crítica de electores hay posición tomada pero el ecuatoriano Jaime Durán Barba (cuya 1ra. pareja murió en un operativo miliar, tema del que nunca quiere dar detalles) insiste en que no debería ser un tema que comprometa al Presidente. El problema es que la situación excede a Macri, en especial lo que ocurrirá el 05/05 en Tucumán: Una veintena de imputados serán juzgados en el Tribunal Oral Federal (TOF) local, megaproceso oral conocido como “Operativo Independencia”, luego de que el juez federal N°1, Daniel Bejas, elevara a juicio a 6 nuevos sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra 269 víctimas. Tanto quienes defienden la memoria de los detenidos-desaparecidos como quienes reivindican a las fuerzas de seguridad y militares que combatieron a los guerrilleros procubanos, se enfrentarán en lo que ya se conoce como 'batalla de Tucumán 2016'.

Una veintena de imputados será juzgada desde el 05/05  en el Tribunal Oral Federal (TOF) local. A un mes del inicio del megaproceso oral conocido como “Operativo Independencia”, el juez federal N°1, Daniel Bejas, elevó a juicio a nuevos sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra 269 víctimas. En el conjunto que se suma al juicio se encuentran los ex militares Julio Meroi, Omar Parada, Enrique Bonifacino y José Roberto Abba; el ex policía Manuel Rubén Vila y el ex gendarme Pedro Casiano Burtnik.

Originalmente, estaban en el banquillo Roberto Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis Armando De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Luis Figueroa, y Néstor Castelli.

El requerimiento de elevación había sido efectuado por las querellas representadas por los abogados Bernardo Lobo Bugeau, Pablo Gargiulo y Emilio Guagnini (representan causas particulares, organismos de Derechos Humanos y, en el caso de Lobo Bugeau y Gargiullo, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y por el Ministerio Público Fiscal.

El 05/02/1975, el gobierno constitucional de la presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el Operativo Independencia, contra las guerrillas rurales que en Tucumán intentaban crear una 'zona liberada', quizá para solicitar más adelante un reconocimiento de Naciones Unidas, se dice. De lo contrario no resulta explicable la decisión de crear ese foco de guerrilla rural, en especial cuando ya habían fracasado anteriores intentos, que coincidieron con el fracaso de Ernesto Guevara en Bolivia con una experiencia similar.

La represión en Tucumán fue durísima, y se afirma que se vulneraron derechos individuales y libertades constitucionales.

Lo cierto es que el choque bélico fue un desastre para la guerrilla, pero la memoria histórica parece beneficiar a quienes se levantaron en armas contra la República.

De acuerdo con la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, el caso tiene 2 particularidades:

> las causas están ordenadas por fecha (todas son de antes del Golpe de Estado del 2/03/1976, o sea que se vinculan a un gobierno constitucional que decidió autodefenderse de la agresión guerrillera pero se cuestiona la legitimidad de los actos de quienes cumplieron esa orden) y no por centro clandestino de detención, y

> se abordarán delitos de todos los centros que formaron el llamado "circuito represivo".

Los demandantes ya iniciaron 'acciones' contra al fiscal general, Gustavo Gómez, sospechando de su imparcialidad por haber compartido un evento con la fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que avala la “Teoría de los 2 demonios y la guerra como causales de justificación del terrorismo estatal”.

¿Acaso hay que dar por válida el 'relato ladriprogresista' de los años K que aborrece sin mayores fundamentos cualquier interpretación de los hechos que no sea la de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, HIJOS, Cels, etc.?

Organismos de derechos humanos de Tucumán le expresaron al Tribunal Oral Federal que apoyan "plenamente" el pedido de "varios familiares querellantes" de que revise la decisión que autorizó a parte de los imputados a no estar presentes físicamente en las audiencias de este juicio porque "va contra la lógica de los juicios orales y públicos".

Del otro lado, se ha decidido presentar batalla, y en esa línea debe entenderse la declaración del Foro de Generales Retirados, cuyo contenido es el siguiente:

"En la Argentina existen presos políticos y se violan los Derechos Humanos. El fallecido Fiscal Julio César Estrassera en declaraciones efectuadas en su momento al diario La Nación dijo entre otras cosas: «que estima conveniente terminar de una vez con los Juicios a los militares, que se están cometiendo atrocidades respecto de ellos, que es una barbaridad la negativa a conceder prisión domiciliaria a los mayores de 70 años y que los Derechos Humanos son para todos».

Decimos que existen Presos Políticos porque en la Argentina hay más de 2400 imputados, más de 1000 procesados, más de 600 condenados y más de 340 muertos en cautiverio como consecuencia de haber sido sometidos a los llamados «Juicios de Lesa Humanidad». Tales juicios son insanablemente nulos, ilegales e inconstitucionales en tanto para poder instrumentarlos- y también en su transcurso- se han violado los más importantes principios procesales y garantías constitucionales (se ha verificado la violación de catorce de estos principios) establecidos en nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscriptos por la República, lo cual consta en los alegatos de las defensas y se encuentran debidamente documentados.

Países como España (La audiencia Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal Internacional, emitieron fallos coincidentes en el sentido de que no procede someter a personas a juicios por delitos de Lesa Humanidad ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de los Tratados que los definen como tales, señalando que tales hechos se encuentran prescriptos. En la Argentina, la incorporación de la Convención Internacional que establece la imprescriptibilidad de tales delitos, ocurrió el 10 de noviembre de 1995 (ley 24.584 y su puesta en vigencia por Decreto 579 del año 2003 firmado por el Presidente Kirchner) mientras que el Tratado de Roma, que los establece, entró en vigencia por Ley 26.200 del año 2007, prohibiendo el propio art. 25 su aplicación retroactiva. Se trata además de una legislación que aún hoy no está definida en el Código Penal Argentino.

Nuestra Corte Suprema, por decisión de la mayoría kirchnerista en el fallo «Arancibia Clavel», con la disidencia de los Dres. Frayt Belluscio y Vazquez, reabrió los Juicios haciendo que los jueces desconocieran el Instituto de la prescripción, aplicarán retroactivamente aquella categoría de delitos («de lesa humanidad») y dejarán que una supuesta «costumbre» internacional definiera los mismos, abandonando el principio histórico nacional e internacional de que toda ley penal debe ser previa, estricta y escrita. Una «costumbre internacional», por otra parte, desconocida hasta por los jueces que juzgaron a las Juntas Militares en la Causa 13/84, en la cual declararon prescriptos numerosos delitos.

En síntesis, para lograr el procesamiento de los imputados, se debió violar, tergiversar y manipular garantías y derechos constitucionales, creando una situación jurídica ilegal y totalmente alejada de los más elementales Principios del Derecho.

En otro orden, se vulneran los Derechos Humanos de las personas procesadas y encarceladas por los llamados Juicios de «Lesa Humanidad» mediante graves irregularidades verificadas y denunciadas por profesionales de la salud, entre ellos el eminente Perito Médico Legista y Científico Dr. Mariano Castex, quienes han constatado en informes periciales la ocurrencia de fallecimientos por abandono de personas, permanencia en cárceles de ancianos con patologías invalidantes y/ o irreversibles con riesgo de muerte, fallecimientos ocurridos por mala praxis médica, traslado de personas en condiciones de postración e invalidez para que asistan a juicios agravando su sufrimiento, falta de asistencia médica adecuada en los institutos penales, etc.

Presos políticos a quienes se le niega además la cosa juzgada, el beneficio de la excarcelación las libertades condicionales, la aplicación de la ley penal más benigna, se les prohíbe estudiar en las cárceles en donde padecen y mueren ante la indiferencia y el desamparo de la ley y además se les vulneran sus derechos humanos, constituye una realidad inaceptable para la Nación. Justo es reconocer que el Gobierno Nacional actual carece absolutamente de toda responsabilidad en ese sentido por tratarse de una situación heredada, pero que urge solucionar para evitar el agravamiento de las circunstancias planteadas y el incremento de muertos en cautiverio y para que en Año del Bicentenario de la Independencia, los Argentinos logremos la tan ansiada paz, reconciliación y unión nacional, será el mejor homenaje que podemos rendirles a los Próceres que nos legaron la Patria."

Grl (RE) Juan Miguel Giuliano
Grl (RE) David Ubaldo Comini
Grl (RE) Luis Albero Cloux

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