Una comisión parlamentaria decidió que hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con lo que el trámite pasará ahora a su próxima fase, en el plenario de la Cámara de Diputados.
La decisión, que supone un nuevo paso hacia un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra, en una comisión formada por 65 diputados que analizó las acusaciones contra la mandataria durante once sesiones.
El anuncio del resultado fue recibido con una ovación por los diputados opositores, que agitaron banderas brasileñas, gritaron "fuera Dilma" y entonaron el himno nacional en medio de un coro oficialista que los acusaba de "golpistas".
En las calles de Brasilia, la votación fue seguida por una explosión de fuegos artificiales en varias zonas de la ciudad, en un claro respaldo a la decisión. En la que ha sido la última reunión de esta comisión especial, interrumpida constantemente por discusiones entre parlamentarios, el diputado instructor, Jovair Arantes, reafirmó el contenido de un informe que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político.
Según Arantes, las acusaciones contra Rousseff, fundamentadas en irregularidades fiscales detectadas en 2014 y 2015, "son de elevada gravedad" y tipifican un "delito de responsabilidad", que es lo que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario.
IMPEACHMENT
Deficit maquillado: La acusación que podría sacar a Dilma del gobierno
No son los casos de corrupción en Petrobras ni la financiación de su campaña lo que podría terminar de sellar la salida de Dilma Rousseff del gobierno en Brasil. La acusación gira en torno a la manipulación del presupuesto, que para la oposición es un delito grave mientras que para el oficialismo no es más que la retórica de un "golpe de estado". Este lunes 11-04 una comisión parlamentaria decidió que hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta
Asì marcha el proceso para destituir en un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ya respaldado por una comisión de Diputados. El informe de la comisión, que en los próximos días tendrá que aprobar o rechazar el plenario de Diputados, afirma que hay indicios de que la presidenta cometió crímenes “de responsabilidad”.
Pero la principal acusación que podría costarle el cargo a Rousseff no es exactamente por el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y a la clase política brasileña en general.
Tampoco se basa en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron exejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales.
¿Quizá la denuncia se apoye en el testimonio de Delcídio do Amaral, quien tras ir preso siendo el principal senador del oficialismo acusó a Rousseff de intentar liberar empresarios involucrados en el caso Petrobras, nombrando a un alto magistrado? La respuesta es no.
La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestaria.
Y ha causado una gran fisura en Brasil,separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.
La tensión que genera este tema fue evidente en el voto de la comisión este lunes, con fuertes acusaciones entre los diputados, gritos y desorden a la hora de la votación.
La denuncia
El pedido de impeachment a la presidenta llegó al Congreso en octubre, con la firma de tres juristas. Uno de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años y fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
Días después de formular la denuncia, Bicudo dijo a BBC Mundo que la presidenta había cometido una serie de actos “en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”.
La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan “pedaladasfiscales”, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.
El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen.
Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.
Los denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave ya que varios juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual mandato.
La defensa
Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.
“¿Impeachment sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe“, sostuvo días atrás la exguerrillera izquierdista de 68 años que en 2011 asumió como la primera presidenta mujer de Brasil.
Su defensa en el Congreso negó además que alguno de los actos denunciados haya sido firmado por Rousseff y afirmó que desde que fue reelecta sus opositores buscan una forma de terminar su mandato.
También alegó que, al aceptar la denuncia contra la mandataria, el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, actuó por “venganza”. Cunha enfrenta varias denuncias de corrupción, incluido el cobro de sobornos y ocultamiento de cuentas en el exterior.
La presidenta recibió este mes el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller uruguayo Luis Almagro.
“Si hubiera una acusación (contra Rousseff) bien fundada, como la ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino. Pero hoy eso no existe, y es muy deshonesto plantearlo en estos términos”, sostuvo Almagro.
El informe
En cambio, la comisión de Diputados que analizó el pedido de impeachment se pronunció este lunes a favor de abrir el proceso contra Rousseff, afirmando que los hechos denunciados contribuyeron a “una crisis fiscal sin precedentes” en el país.
Redactado por el diputado Jovair Arantes y aprobado en la comisión con 38 votos a favor y 27 en contra, el informe sostiene que la denuncia apunta a una “usurpación” de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos.
“Tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a la Constitución”, sostuvo.
Aunque la denuncia original contra Rousseff asocia los problemas fiscales del gobierno con el escándalo en Petrobras, Arantes evitó considerar ese argumento.
Y la justicia rechazó un pedido para anexar a la denuncia la acusación que le hizo a la mandataria el senador Amaral, tras ser detenido por planear la fuga en avión de un exdirector de Petrobras preso.
Ahora corresponde al Congreso definir la suerte de Rousseff, en un proceso que mezcla ingredientes jurídicos con políticos en medio de una feroz recesión.
Si al menos dos tercios de los diputados apoyan el juicio político, el Senado deberá decidir por mayoría simple si lo abre y obliga a Rousseff a apartarse del cargo por hasta 180 días mientras la juzga.
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