CUMBRE CARRIÓ-SANZ-MACRI

Macri pone en ‘pausa’ a Angelici y Garavano/Simón sacan ventaja en la interna

La semana pasada, tras una escalada de declaraciones de Elisa Carrió contra la injerencia de Daniel Angelici en la Justicia y los aumentos en las tarifas, Mauricio Macri citó a la diputada a Olivos y junto con Ernesto Sanz lograron moderar sus críticas. La legisladora salió exultante de ese encuentro, luego se supo lo que logró: la ‏ Oficina Anticorrupción (a cargo de la macrista Laura Alonso) se presentó como querellante en la causa Hotesur y en la de enriquecimiento ilícito contra Ricardo Echegaray. Son dos cuestiones que Carrió venía reclamando hacía tiempo. Luego, el Presidente ordenó que Angelici reduzca sus contactos con los jueces. El juez Casanello tiene la causa presentada contra el presidente de Boca Juniors por tráfico de influencias y convocará a funcionarios enfrentados con Angelici que podrían complicar más su situación.

Elisa Carrió puede sentirse satisfecha con el revuelo mediático que generó a raíz de sus declaraciones contra el aumento de las tarifas que anunció la semana pasada el gobierno de Mauricio Macri, pero especialmente con el freno que el Presidente le habría ordenado poner a Daniel Angelici en su accionar en la Justicia. Además, la legisladora logró que el Gobierno se meta en los casos judiciales que alcanzan a Cristina Fernández y a Ricardo Echegaray en las causas Hotesur y de enriquecimiento ilícito del ex titular de la AFIP, respectivamente.

Según indica este lunes (4/4) el diario La Nación, Macri le ordenó al ‘Tano’ Angelici moderar sus ante los jueces federales que investigan los delitos de corrupción del kirchnerismo. Fue tras el encuentro con Carrió y el exsenador Ernesto Sanz.

Carrió acusa a Angelici de intentar frenar las causas Hotesur y Repsol, por el vaciamiento de YPF, y haber acordado con el juez federal Norberto Oyarbide su jubilación para evitar el juicio político en el Consejo de la Magistratura.

Tras el encuentro con Carrió, la primera reacción del gobierno de Macri fue ordenarle a la Oficina Anticorrupción a cargo de la macrista Laura Alonso, que se presente como querellante en la causa Hotesur, una puerta que había dejado abierta al Gobierno la Cámara de Casación cuando le rechazó a la diputada Margarita Stolbizer ser querellante en la causa.

Luego, Alonso hizo lo mismo en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de la AFIP y ahora titular de la AGN, Ricardo Echegaray, un funcionario que Carrió pide que sea separado de su cargo desde su asunción y de lo que culpa indirectamente al Gobierno nacional por su inacción.

La decisión de bajar las acciones de Angelici en la Justicia también lo beneficiarían a él, porque su situación judicial se complica. El juez federal Sebastián Casanello tiene la causa por tráfico de influencias y pedirá un cruce de llamados a la vez que convocará al ministro de Justicia, Germán Garavano, y a uno de sus abogados, Fabián Rodríguez Simón.

Es una mala noticia para el Presidente de Boca, porque ambos están enfrentados con él.

El fiscal federal Federico Delgado solicitó también al juez el listado de líneas telefónicas de Angelici y del grupo empresario que lo rodea para cruzar las llamadas entrantes y salientes del operador judicial con funcionarios, jueces y fiscales en las fechas en las que Angelici habría intervenido para negociar en los tribunales.

Perfil recuerda que tanto el ministro de Justicia como el asesor Rodríguez Simón mantienen una interna de poder con Angelici dentro del macrismo. “Pepín” Rodríguez Simón no es sólo un diputado del Parlasur. Responde a José Torello, uno de los mejores amigos del Presidente y su jefe de asesores; integra la “mesa jurídica” de Macri y es el cerebro de dos jugadas clave del Ejecutivo: la estrategia para acotar el poder del empresario kirchnerista Cristóbal López y la nueva conformación de la Corte Suprema.

Mientras el ministro Garavano intenta imponer su reforma del sistema judicial, Pepín y Angelici se oponen a favor del status quo. Ambos aspiran a ser el nexo entre Macri y la Justicia para proteger al Gobierno de futuros inconvenientes judiciales.

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