EL DESAFÍO DEL MACRISMO

La corrupción K pone a prueba "la ley del arrepentido" de Macri

Son días difíciles para el kirchnerismo que ve algunos de sus empresarios más poderosos como Lázaro Báez o funcionarios emblemáticos, como Ricardo Jaime complicados por su situación judicial. En este contexto, el Presidente Mauricio Macri tiene un desafío: el envío de la Ley del arrepentido. Este conjunto de normas puede significar un avance en contra de la corrupción de las altas esferas del gobierno k.

Los diversos acontecimientos judiciales en los que se ve inserto el kirchnerismo, marcan un desafío al actual gobierno.

Días atrás, el Presidente Mauricio Macri anunció que enviará al Congreso el proyecto para implementar “La ley del arrepentido”.

En un contexto donde uno de los empresarios mas cercanos al círculo presidencial, como Lázaro Báez se encuentran judicialmente mas complicados y ya hay un funcionario kirchnerista en la cárcel, como lo es el emblemático Ricardo Jaime, la ley del arrepentido puede ser clave para que las altas esferas del último gobierno caigan.

Si bien sectores de la oposición como Margarita Stolbizer que hablan de no idealizar esta ley, el gobierno PRO, tiene como objetivo ir contra aquellos casos de corrupción que también configuran “la pesada herencia k”.

La prometida ley del arrepentido fue elaborada por la Oficina Anticorrupción (OA), especifica qué pruebas y testimonios la Justicia tomará en cuenta sin que ello implique impunidad para los autores o cabecillas de las maniobras delictivas.

El texto otorga el beneficio de reducir o eximir penas a quienes brinden "información precisa, comprobable y útil" que permita "evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas; permitir la recuperación de bienes y el producto o provecho del delito; y revelar la estructura jerárquica o división de tareas para la comisión de delitos previstos en esta ley".

Ahora bien, la norma plantea la imposibilidad de "arrepentirse" a los "jefes, fundadores, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales" y aquellos funcionarios implicados en delitos cuya remoción de sus cargos esté sujeta a juicio político.

El organismo que conduce Laura Alonso (PRO) elaboró el proyecto considerando los aportes de otras propuestas legislativas que se pusieron a consideración del Congreso y de una mesa convocada por la OA hace dos semanas.

La ley, que cuenta con 18 artículos, pone a disposición de los fiscales el tratamiento de las pruebas o testimonios aportados por el arrepentido. A partir de ellas, deberá comprobar si el material tiene veracidad y, si la información es valiosa para esclarecer un hecho, tendrá la atribución de pedir la reducción o eliminación del castigo penal al juez que esté a cargo de la causa.

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