DEFINICIONES JUDICIALES

Garavano (Gustavo Béliz) vs. Angelici (Javier Fernández)

Tanto la reforma política como la reforma judicial son oportunidades para introducir reformas estructurales en la sociedad argentina tan o más importantes que un período de bonanza de la economía. Son temas en mora desde 1983, y su concreción o no definirá la estatura política de Mauricio Macri.

por EDGAR MAINHARD

La propuesta de reforma del Poder Judicial en que trabaja el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, es muy diferente al esquema de acuerdos y coincidencias que se le adjudica al influyente Daniel Angelici haberle transmitido a magistrados federales acantonados en Comodoro Py, alguno de los cuales han declarado la inocencia de Mauricio Macri en un expediente judicial que se remonta a los días K y fue un explosivo caso de escuchas telefónicas ilegales.

Esa causa judicial y otra, por supuesto contrabando (cobro de reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel al Uruguay), resuelta favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que luego fue removida porque se la acusaba de "mayoría automática", resultaron los grandes temas tribunalicios que mortificaron al hoy Presidente de la Nación.

Dicen que el expediente más reciente convirtió a Angelici en una suerte de Javier Fernández, el operador K, gracias a Horacio Stiuso, con Darío Richarte como nexo entre ambos (y hoy día en la comisión directiva de Boca Juniors que preside Angelici), que trascendió el fuero Contencioso y Administrativo para perforar el influyente fuero Criminal y Correccional Federal hasta que cayó en desgracia porque devino en personaje escandaloso, más por sus procedimientos que por su enorme ego y su adhesión reverencial al dios Dioniso.

Resulta en extremo interesante la coyuntura que tendrá que definir el presidente Macri porque permitirá quitar el velo y conocer si él es el Macri que pregona Elisa Carrió o el Macri que presentan Nicolás Caputo, José Torello y Edgardo Cenzón.

Una situación similar a la que vive Garavano le ocurrió a Gustavo Béliz, cuando intentaba presentar a Carlos Menem como un Presidente novedoso, y muy diferente al Carlos Menem que describían Emir Yoma, Jorge Antonio y Miguel Vicco.

Béliz volvió a equivocarse cuando defendió a un Néstor Kirchner que se parecía al Néstor Kirchner que propiciaban Horacio Rosatti y Rafael Bielsa pero nada tenía que ver con el Néstor Kirchner difundido por Julio De Vido, Ricardo Jaime y Horacio Stiuso.

Pero también perdió Carrió, quien en aquel 2003 fue aliada de Néstor Kirchner para lograr que Aníbal Ibarra fuese reelegido como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra Mauricio Macri, antes de la tragedia que provocó el incendio del local bailable República Cromañón.

Garavano está en problemas porque las apuestas favorecen a Angelici, considerando la brutal derrota de Béliz en los '90 y en 2003. Pero son períodos y personas diferentes. No habría que darlo por perdido con anticipación. Hay muchas fuerzas moviéndose de su lado aún fuera de Cambiemos.

Quienes defienden la aparente predisposición de Macri por el cambio afirman que, resueltos sus propios problemas, no tiene compromiso alguno para defender el cuestionado sistema vigente. Ellos agregan que el jefe de Gabinete de Ministros es Marcos Peña, quien tiene un enfoque bien diferente al de Angelici acerca del diálogo sobre influencias y poderes.

Y si así no lo fuera, siempre estaría la periodista y escritora Luciana Mantero para recordarle a su marido aquellos principios que esboza en sus libros.

Por supuesto que hay también escépticos, que afirman que Peña siempre va detrás de las decisiones de Macri, y nunca por delante, y ese sería el verdadero origen de su poder doméstico.

Sin embargo, Garavano tiene aliados tales como Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior, quien razona bien cuando afirma que Menem nunca se recuperó del traspié que le provocó renunciar a una profunda reforma judicial, tal como le sugerían desde Washington DC para llevar los cambios de los '90 a una dimensión de no retorno.

La gran pregunta es: ¿Hasta dónde quiere llegar Mauricio Macri, quien en horas más recibirá a Barack Obama, un Presidente de USA que finaliza 8 años en la Casa Blanca de gran transparencia institucional?

Hay una realidad: si prosperase la reforma que propone Garavano y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el Senado se esfuerza en regresar a 9 integrantes, el Poder Judicial será uno bien diferente a todo lo conocido, y ahí tendría Macri una reforma que hará historia aunque tendría que asumir las consecuencias de propiar un sistema relativamente independiente y federal.

El plan

El ministro Garavano presentó ante el Senado su plan para "reformar" el Poder Judicial, donde hay opiniones divididas, en especial cuando en la Cámara alta dejó profundas huellas los procesamientos que sufrieron varios legisladores durante la llamada 'causa Banelco'. Es cierto que no son personas que hoy día se encuentren activos pero aquel acontecimiento marcó a muchos que sí ocupan bancas.

Garavano precisó que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, junto al de Ley de Unificación de los Fueros Correccional y de Instrucción y el de Fortalecimiento de la Justicia Federal con Asiento en las Provincias "ya fueron elevados a Presidencia" y "si todo va bien" serían los primeros en llegar al Senado.

Garavano invitó al Legislativo y a la sociedad civil, en general, a fijar "prioridades" en la reforma, convencido de que "no hay soluciones mágicas" ni "proyectos a libro cerrado" en el camino hacia la "modernización" del sistema judicial.

Por cierto que la actualización es una tarea impostergable. Lo sabía Cristina Fernández de Kirchner cuando buscó concretar reformas que consolidaran el enfoque del Frente para la Victoria, representado por Eugenio Raúl Zaffaroni, quien por entonces integraba la Corte Suprema.

Cristina apuntó al cambio de códigos cuando comprendió que no podría reformar la Constitución Nacional, que era su verdadero objetivo. Pero Mauricio Macri no ha apuntado a la Carta Magna y sí propicia una reforma política amplia, que debería complementarse con la reforma judicial de alcance aún impreciso.

Garavano, acompañado por el coordinador del programa reformista, Ricardo Gil Lavedra -quien, en nombre de la UCR, participó de la reformulación de códigos que impulsó Cristina-, explicó los principales puntos de la reforma -dividida en 7 ejes para un cronograma de 4 años-, y que desde los magistrados federales recibe críticas porque ellos afirman que se intenta licuar su poder.

A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Asuntos Constitucionales del Senado, cámara de inicio del tratamiento de los proyectos a presentarse, Garavano les habló de un "Equipo de jueces federales del crimen organizado", con jurisdicción y competencia en todo el país para dedicarse a la investigación de "delitos previstos en la ley de estupefacientes en los que haya indicios de que se trata de redes criminales asociadas al narcotráfico", de hechos de corrupción, trata de personas y contrabando aduanero.

En este marco, él propone crear 100 juzgados federales nuevos, especialmente en la región NOA y NEA, para profundizar las pesquisas de esos delitos. Garavano advirtió que sería "una prueba piloto". Amigo intenso de Comodoro Py, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, deslizó el reparo inicial, aconsejando consultar al Poder Judicial para que esté "involucrado también en la reforma".

Fue un mensaje tardío porque Garavano no propicia dejar afuera al Poder Judicial: a principios de marzo, Garavano organizó una reunión con jueces de distintos fueros y miembros del Consejo de la Magistratura para difundir la reforma y fue llamativa la ausencia de los más conocidos de Comodoro Py. En el Senado él destacó como objetivo central la "elaboración de políticas públicas" y la consolidación de una "justicia moderna, transparente e independiente", además de mejorar la "relación entre la comunidad y la justicia", cuando todos conocen que el ciudadano desconfía del Poder Judicial.

Pichetto tiene un problema importante por delante si su deseo es militar por Comodoro Py: la creación de juzgados en el NOA (Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero) y del NEA (Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco) anticipa una coalición importante de legisladores, que atraviesa las fuerzas partidarias.

Otro de los proyectos contempla la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, con la idea de "profundizar los principios de independencia y objetividad y dotar de transparencia a los procesos de selección y remoción" de los fiscales, además de fijar en 4 años el mandato de la Procuradora General.

Esta iniciativa, que recibió el nombre de "Justicia 2020", al igual que la unificación de los fueros de instrucción y correccional, ya los tiene en estudio el Ejecutivo Nacional, dijo Garavano.

La reforma llegará al Código Procesal Penal y podría incluir "ley del arrepentido" (aunque hay varios dirigentes políticos, en especial gobernadores y alcaldes peronistas poniendo reparos a la delación premiada a causa de lo que ocurre en Brasil, tal como si la crisis fuese consecuencia de la honestidad y no de la corrupción que tomó estado público. Casi como una bendición de la impunidad porque no provoca crisis política cuando, en verdad, corroe el sistema y provoca fracturas institucionales definitivas).

También alcanzaría al acceso a la información pública, la imputabilidad de menores, el programa de protección de testigos, el juicio en ausencia, el juicio por jurados, la ejecución penal y la eliminación de las cámaras de Casación Civil, Comercial y Laboral.

En el caso de la ley de subrogancias, la ampliación de juzgados federales, la reforma a la Procuración y al Código Procesal Penal y la derogación de las cámaras de casación civil, comercial y laboral serán presentadas como proyectos parlamentarios en abril.

Avales

"En todo lo que sean políticas de Estado en materia judicial el Frente Renovador va a tener una activa y propositiva posición", afirmó Sergio Massa, líder del opositor Frente Renovador.

Un equipo de colaboradores había visitado a Garavano, acompañado por los legisladores Graciela Camaño, Raúl Pérez, Vanesa Massetani y Mónica Litza, integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, quienes pusieron énfasis en "las modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y otras iniciativas que edificarán la política de Estado en materia de Justicia".

Massa y Camaño presentaron un proyecto que modifica el Código Civil, de modo tal de permitir una ampliación en la extinción de dominio, introduciendo una norma que permita la confiscación de bienes provenientes de la corrupción.

La confiscación de bienes ya está autorizada cuando se trata de recursos provenientes del narcotráfico o trata de personas, pero no para delitos de corrupción ni el crimen organizado. Garavano dijo que él se encuentra elaborando una iniciativa en ese sentido.

El procedimiento propiciado por Massa apunta a reformar el artículo 1907 bis del Código Civil, de modo tal de que en el caso de los bienes utilizados o provenientes de delitos de corrupción, el derecho de propiedad se extinga  de una manera absoluta mediante sentencia judicial en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de ninguna especie para el propietario.

Garavano, según Pérez, "ponderó el trabajo del Frente Renovador con el proyecto de reforma del Código Penal" y que el diálogo se amplió a "la infraestructura en el Poder Judicial y la creación o modificación de distintos fueros".

Graciela Camaño dijo que si una condena llega 30 años después no sirve porque la Justicia tiene que ser contemporánea "y tenemos que tomar todas las medidas para que los jueces que no son contemporáneos para la administración de justicia tengan un castigo".

Según ella, no hay motivos, "salvo cuestiones poco claras, para que jueces duerman los expedientes en los que habría que tener rapidez".

Acerca de la 'doctrina Zaffaroni' que desde un enfoque controversial del Derecho Penal afirma que penalizar es criminalizar la pobreza, Camaño estableció una eventual coincidencia con el PRO: "Es algo perverso porque no sólo indica que los pobres son los delincuentes, sino que ha servido para encubrir a los poderosos. El Código Procesal y el Penal están pensados para servir a los poderosos que delinquen".

Hay coincidencia con Garavano: hay que cambiar  el sistema pero ¿todos quieren cambiar el sistema? 

Garavano reconoció ya que los jueces federales "están intranquilos" por la reforma integral ya que "se van a hacer cambios que no se hicieron en 200 años. Los del fuero federal tienen el temor de que cualquier cambio sea para atacarlos a ellos".

"Ningún juez me criticó en la cara, lo que habla de cierta cobardía. Ellos saben que es inexorable la reforma. Todos los procesos de cambio son muy difíciles y a los jueces, como a todos, los cambios le generan cierta incertidumbre. Cuando uno se muestra canchero e irreverente en privado demuestra los temores que alberga y no tanto sus seguridades", desafió Garavano.

De todos modos, en estas cuestiones más que decir hay que hacer... y antes que los vientos soplen en contra.

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