ALGO HUELE MAL EN LA PROVINCIA

El peligro de "gobernar a ciegas": Vidal no logra controlar las bombas

El escándalo de los contratos truchos en el Astillero Río Santiago, que terminó en la detención del funcionario del PRO marplatense, volvió a encender luces de alerta en el gobierno de María Eugenia Vidal por la falta de información sensible para anticiparse a los hechos y controlar los daños. Mientras, otro escándalo asoma de la mano de IOMA y confirma la teoría de que Vidal está gobernando sin red.

El escándalo de los contratos truchos en el Astillero Río Santiago, que terminó en la detención del funcionario del PRO marplatense, volvió a encender luces de alerta en el gobierno de María Eugenia Vidal por la falta de información sensible para anticiparse a los hechos y controlar los daños.

Desde q asumió, el manejo amateur de la comunicación una vez que explotan las bombas, son falencias que están exponiendo a la jefa del Estado bonaerense a sofocones evitables.

En el caso de Emiliano Giri, hoy ex secretario de Turismo de Mar del Plata, terminó por concentró los golpes y quedó mediáticamente como el principal implicado en esta red de corrupción, cuando las maniobras que se investigan fueron perpetradas durante los años 2012 y 2013, con lo cual se trata claramente de un presunto caso de corrupción del gobierno anterior.

Según el sitio 'Letra P', un funcionario cercano a Vidal manifestó: "No puede ser que nos enteremos por los medios, cuando estallan las bombas, de lo que pasa en los tribunales. (...) Estamos gobernando a ciegas y así no hay manera de adelantarnos a los hechos para, de mínima, controlar los daños y, de máxima, ponerlos a nuestro favor".

Ocurrió a fines de 2015, con la fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schilacci, condenados nada menos que por el triple crimen de General Rodríguez. En ese episodio, el titular de Seguridad, Cristian Ritondo, empezaría a perder la chapa de nuevo hombre fuerte del gobierno provincial: no pudo evitar que los prófugos abandonaran la provincia y fueran capturados, en Santa Fe, por la policía del gobierno socialista de Miguel Lifschitz.

Ahora, después de varios desaguisados más, los últimos partes sobre la salud política de Ritondo hablan de un pronóstico reservado: el ex diputado porteño no tiene el puesto asegurado en el equipo de Vidal.

Esta semana, con la irrupción en escena de la banda de los contratos truchos en el Astillero Río Santiago, Vidal volvió a enterarse por los medios de un caso de altísima sensibilidad.

El titular de Justicia, Carlos Alberto Mahiques, jamás avisó a la gobernadora de esta situación, y entonces pasó lo que pasó: de todos los detenidos, solamente quien hoy forma parte de Cambiemos fue fotografiado con las esposas. El resto –todos ex funcionarios de Scioli- no quedó expuesto.

Los cinco ex funcionarios del Astillero y del Ministerio de Producción la sacaron baratísima, pese a estar implicados en una gravísima denuncia por un fraude millonario contra el fisco provincial.

Y otra vez Ritondo. El funcionario marplatense fue trasladado a La Plata por efectivos de la Policía de la provincia. Al titular de Seguridad, jefe político de la fuerza, sus subordinados no le anticiparon esos movimientos, dato que refuerza la sospecha de que la Bonaerense estaría reportando menos de lo deseable a la conducción política del ministro y, consecuentemente, de la gobernadora.

El titular del juzgado de Garantías 6 de La Plata, Fernando Mateos, ordenó el miércoles la liberación de Giri, quien pasó de ser llevado esposado por la Policía a La Plata a quedar liberado al día siguiente. Lo que se le imputa es el delito de peculado.

Giri asumió como presidente del Emtur hace poco menos de tres meses y nunca integró el directorio del Astillero Río Santiago. Por eso, en el gobierno bonaerense destacan que quienes sí eran funcionarios eran los cinco sciolistas investigados. "Su responsabilidad es mucho mayor a la de Giri", dicen cerca de Vidal, y hasta se animan a agitar teorías conspirativas.

Según el sitio mencionado, en Mar del Plata, el PRO comenzó una guerra particular contra el empresario hotelero y de medios Aldrey Iglesias, quien acompañó abiertamente a Scioli en la campaña presidencial del año pasado, debido a una serie de irregularidades investigadas por el gobierno de Vidal. "En la Gobernación exponen estas rencillas playeras para plantar el relato de la bendetta. Pero, al mismo tiempo, saben que tienen un problema grande: María Eugenia Vidal está gobernando sin red", publicó 'Letra P'.

En efecto, esta mañana un nuevo caso fue tapa del diario platanse 'Hoy', y no habla nada bien del gobierno de Vidal, pese a que lo que se pretende ocultar ocurrió durante otro gobierno.

Según denuncian un grupo de empleados y profesionales de la obra social IOMA, las autoridades de la misma buscan destruir 4.000 cajas con documentación relacionada a negociados con medicamentos oncológicos y recetas truchas, e involucran a la conducción de UPCN.

"Yo te firmo el aumento salarial de 15% en dos cuotas, pero vos borrame la causa". Según el matutino platense, esos habrían sido los principales términos del pacto que habrían sellado funcionarios de primera y segunda línea del gobierno de Vidal y la conducción del gremio UPCN que comanda Teodoro Carlos Quintana y su lugarteniente Juan Héctor Nieves.

"La mencionada causa, que tanto preocupa a Quintana y a sus secuaces, son las denuncias penales relacionadas con negocios turbios en el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA), un organismo que tiene un presupuesto anual superior a los $21.000 millones y es un verdadero antro de corrupción. Entre las delitos más espinosos se encuentra la falsificación de recetas y el robo de medicamentos oncológicos de altos costos que, mediante la utilización de nombres de afiliados fallecidos y de personas sanas –hasta se habrían inventado pacientes-, se terminaban comercializando clandestinamente en una red de farmacias ubicadas en La Plata y en distintas localidades del interior bonaerense.

El affaire de los oncológicos llevó a que, en el año 2013, dos funcionarios del IOMA –Sergio Massaccesi y Marcelo Piergiácomi- vinculados al gremio UPCN terminaran tras las rejas, junto con un auditor médico y un grupo de farmacéuticos. Pero, sospechosamente, la investigación no avanzó mucho más en la cadena de responsabilidades políticas. Y todo indica que el gobierno bonaerense, con el objetivo de hacer un brutal ajuste sobre los salarios de 400 mil estatales que perderán una parte muy importante de su poder adquisitivo, están dispuestos a poner punto final y garantizar la impunidad. Por eso, funcionarios y funcionarias de la obra social que formaron parte del gobierno sciolista -vinculados con Quintana y Nieves- fueron confirmados en sus cargos. Peor aún: en algunos casos hasta fueron ascendidos por el presidente del instituto Sergio Daniel Cassinotti que, hasta el año 2011, fue CEO de Unión Personal, la obra social de UPCN", cuenta el diario.

Los documentos que se buscan destruir y hacer desaparecer están relacionados con medicamentos oncológicos, y otros negociados, que van de 2007 hasta 2012. Precisamente, durante esos años, se habrían realizado las maniobras más comprometedoras.

Desde la Asociación de Profesionales del IOMA, que conducen los médicos Idelmar Seillant y Alejandro Chavero, habrían confirmado al diario que están al tanto de lo que está ocurriendo.

Lo calificaron como "algo muy grave" y afirmaron que en las próximas horas realizarán un pedido formal en los tribunales platenses para que se disponga la custodia judicial de toda la documentación.

A su vez, reclamaron la urgente realización de una auditoría de corte por parte de una comisión independiente y la urgente convocatoria a concursos públicos para cubrir, con profesionales idóneos, todos los puestos que están en manos de personajes vinculados a Quintana.

"Estamos hablando de unas 4000 cajas, con documentación muy sensible que no solo incluye el puñado de casos que investigó el fiscal. Son miles y miles de casos. Prácticamente, no hubo pacientes oncológicos en la Provincia al que no se le haya inventado alguna prestación o incluido algún medicamento de alto costo que nunca recibió. No bien ganó Vidal, empezó la preocupación por el destino de esas cajas en el IOMA. Un personaje llamado (Juan Pablo) Capra, al que le dicen Pampi, empezó a llamar por teléfono diciendo que había que sacar esas cajas. Algo similar hizo el entonces director de Gestión Institucional, Pablo Avila", dijeron los empleados y profesionales al diario platense, que según cuentan fueron amenazados de muerte.

Según el diario una clara muestra del pacto con Quintana es que varios funcionarios vinculados al dirigente gremial, que ocupa cargos estratégicos en el IOMA, teniendo acceso a una caja millonaria, no han sido removidos tras el cambio de gobierno. Por el contrario, muchos fueron confirmados, mientras que otros hasta fueron ascendidos.
 

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