FRENTE EXTERNO

Si Prat-Gay no tiene Plan B, la Corte de USA (y Pichetto) le piden que lo prepare...

Así como la gobernabilidad no puede reducirse al marketing electoral, la política económica no puede limitarse a acordar con los acreedores externos y esperar el 'derrame' de inversiones: demasiado elemental, superficial y voluntarista. Precisamente, el esquema entró en crisis ante la primera ráfaga de viento que ha soplado: la instancia de Apelación en USA ha puesto en espera el fallo del juez Thomas Griesa favorable a la Argentina, hasta tanto escuchar las objeciones de quienes lo cuestionan. Es cierto que no es definitivo y que el Estado argentino puede obtener una victoria definitiva... pero tambien es cierto que puede que no resulte así, y la oportunidad de la incertidumbre permite preguntarse cuál es el Plan B. Si hubiera un Plan B, habría menos extorsión de opositores y acreedores. Pero si hay dificultades para explicarlo, expone a Macri.

Toda la esperanza de Mauricio Macri acerca de la economía se encuentra depositada en un fenomenal programa de endeudamiento público, muy superior a los US$ 70.000 millones, que a su vez depende de que se despeje el frente judicial externo. No hay Plan B. Pero ¿no hará falta un Plan B?, se preguntan algunos. En especial, cuando el frente judicial externo luce más complicado de lo que parece: acordar con Thomas Griesa y Daniel Pollack es sólo el comienzo pero esto es mucho más complicado...

En la Administración Macri insisten en que el anuncio de la Corte de Nueva York será reclamado por la Argentina en horas más y de ninguna manera es una sentencia.

Además, no interrumpe el proceso, sólo habilita a embargos, que deberían ser pedidos a Thomas Griesa, quien puede concederlos o no.

Por lo demás, la emisión de bonos ya está en marcha -agregan- y los títulos colocados. Los tenedores permitirían alargar el plazo, si fuese necesario, agregan los de Macri.

El 2do. Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió el dictamen del juez Thomas Griesa hasta que pueda escuchar una apelación de los acreedores que se oponen al levantamiento de las medidas cautelares.

Según documentos de tribunal, el Estado argentino no se opuso al requerimiento de los acreedores de dejar la orden en espera. Previamente, se había asegurado una apelación acelerada, con el argumento que "sin una rápida resolución, el arreglo de las reclamaciones más grandes en este largo litigio se ponen en peligro".

El 02/03, Griesa levantó las medidas cautelares que le impiden a la Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010, y que forzaron la negociación con los holdouts.

Esas medidas cautelar serán definitivamente canceladas cuando Argentina derogue las leyes de pago soberano y la denomina ley cerrojo y además pague al contado a los fondos buitres que aceptaron la propuesta de Argentina, para solucionar el diferendo, fijando el plazo del 24 de abril para que se concreten esas medidas.

El "stay" implementado por la Corte de Apelaciones había sido ya acordado por los abogados de la Argentina y de los fondos 'buitres' en una audiencia realizada en ese tribunal antes que se firmara el acuerdo por el cual los demandantes cobrarán US$ 4.653 millones más US$ 14 millones adicionales en intereses.

Luego, Griesa firmó la orden que establece la hoja de ruta para levantar las cautelares, enla cual también incluyó la implementación de un "stay" hasta tanto se resolvieran las apelaciones.

La jueza de la Cámara de Apelaciones Catherine O Hagan Wolfe, comunicó la decisión a Griesa informándole que aceptaron la apelación de los acreedores contra la decisión originaria.

La decisión judicial no cambió la urgencia del Gobierno de Mauricio Macri que debe lograr la anulación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y salir al mercado internacional.

Los fondos acreedores, liderados por NML, de Paul E. Singer, y Aurelius Capital, deberán presentar sus argumentos ante el tribunal de apelaciones el martes 15/03, junto con el resto de los fondos "me too" y los bonistas minoristas que intentan mantener en vigencia los injuctions de Griesa. Esas medidas cautelares fueron determinantes para llevar a la Argentina a negociar con los bonistas que rechazaron los canjes de 2005 y 2010 y obtuvieron sentencias a favor en el tribunal de Griesa.

La Argentina podrá presentar su respuesta el 21 de este mes, y los demandantes tendrán una oportunidad para refutar al país cuatro días más tarde, el 25. Luego, la Corte de Apelaciones fijará una audiencia antes de emitir su decisión final.

La decisión de Griesa de anular las medidas cautelares está condicionada a que la Argentina derogue la ley cerrojo y la ley de pago soberano.

Los abogados del Estado argentino, Cravath, Swaine & Moore, habían pedido a la Corte de Apelaciones del 2do. Circuito que acelerara las apelaciones. En línea con lo acordado, no se opusieron al "stay" dictado por el tribunal.

"La Argentina no va a ser capaz de emitir la deuda prevista para financiar esos acuerdos sin certeza de que las medidas cautelares serán liberadas como consecuencia del pago de esos acuerdos", indicaron en un escrito los abogados del país.

Críticas

Desde el diario K Página/12, Alfredo Zaiat lanza una batería de críticas a la oferta del Estado argentino a sus acreedores en instancia judicial y lo interesante es preguntarse si cabe, habiendo cedido todo lo que cuenta Zaiat, que fracase la negociación que, en definitiva, es tan apetecible para el acreedor:

"(...) Los 36 folios del preacuerdo preliminar con los fondos NML, Aurelius, Blue Angel, Olifant Fund, FYI y FFI Fund forman parte del anexo al proyecto oficial que deroga las leyes Cerrojo y Pago Soberano. De su lectura es muy difícil concluir que hubo una negociación para alcanzar un acuerdo. Más bien es la concreción de lo postulado por Macri, en junio de 2014, de ir al juzgado de Thomas Griesa y hacer lo que él ordene.

La relación con los buitres tiene la misma lógica que el debate sobre el endeudamiento externo. La clave es determinar para qué se emite deuda: si es para financiar obras de infraestructura y actividades que faciliten el repago por la generación de divisas adicionales o si es para financiar la fuga de capitales. Esto último orienta hacia una futura crisis de deuda. En el caso con los buitres, lo relevante para observar es que clase de acuerdo se define. Singer & cía. no vieron recortadas sustancialmente sus pretensiones infladas exageradamente por su juez amigo Thomas Griesa.

La oferta argentina para los buitres con sentencias pari passu (incluyendo a los denominados me too) es con una quita del 30% al 27,5% del reclamo monetario. En esa categoría ingresaría Singer y buitres aliados, pero la quita que se le aplica es del 25%, pero con otros beneficios la reduce a 22,5%. Este acuerdo es el más relevante porque equivale al 78% del total. O sea, los privilegios otorgados por Argentina son muy onerosos puesto que se aplican sobre 5.891 millones de dólares de bonos. Con los otros 14 acuerdos el total suma 7.553 millones. Incorporar a Singer era indispensable para el gobierno de Macri y, por esa urgencia, entregó beneficios excepcionales a esos buitres.

(...) El punto 5 del preacuerdo indica las condiciones impuestas por los buitres: la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, y que la ley que las anule haya entrado en vigencia “y permita incondicionalmente” el pago “inmediato”. Recién en esa instancia, las medidas cautelares dispuestas en el juzgado de Griesa se revocarán “automáticamente”. Además Argentina se comprometió, hasta que los buitres no cobren, a no solicitar el levantamiento de esas medidas que bloquean el cobro de los acreedores del canje 2005 y 2010.

El punto 6 insiste en cuidar los intereses de los buitres, al establecer que “independientemente de cualquier otra disposición en el presente acuerdo, nada aquí impedirá o limitará la capacidad” de los buitres “de litigar para salvaguardar su posición legal”. Reitera la condición referida a que si no reciben el “pago completo” las medidas cautelares “no se pueden levantar”. Argentina se compromete a no emitir otros bonos de deuda para otros fines hasta no cancelar el compromiso con los buitres. Y los dólares obtenidos de la emisión de títulos de deuda por 12 a 15 mil millones serán destinados en primer lugar a los buitres Singer & cía., y serán canalizados por los bancos colocadores de esos papeles. O sea, los dólares de la emisión de deuda argentina no ingresarán en ningún momento al país, y pasarán directamente de los bancos colocadores de los papeles a las cuentas de esos buitres en entidades financieras de Nueva York.

(...) El punto 7 del acuerdo preliminar retrocede un poco más en la cesión de soberanía financiera, al someterse a una serie de prohibiciones para realizar emisiones de deuda hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de lo acordado. A su vez, los primeros fondos obtenidos para el pago se depositarán, por parte de las entidades financieras que actúen en la colocación, directamente en las cuentas que indiquen los fondos buitre. Esto le otorga a Singer & cía. una prioridad absoluta respecto del resto. Esta cláusula cercena la posibilidad endeudarse en dólares y limita la emisión de deuda en pesos a un máximo equivalente de 2000 millones de dólares. Además es riesgosa porque establece la predominancia de unos fondos buitres sobre el resto, lo que puede derivar en nuevos litigios pari passu, o sea la condición de igual trato entre acreedores. (...)".

La política

El diario Clarín decidió incorporar todas las advertencias posibles acerca del rumbo del problema judicial:

"(...) En la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía aseguran que la decisión del tribunal será favorable a la Argentina. “¿Y si se equivocan? El país quedará más desprotegido”, afirman por lo bajo opositores con los que Mauricio Macri cuenta. Por eso proponen esperar hasta el 4 de abril, cuando se expida la Corte neoyorquina. Ninguno quiere asumir el costo de facilitarle una salida al Gobierno, que luego ni siquiera pueda ejecutarse. Mientras tanto los tiempos se acotan: la oferta del Gobierno a los holdouts caducará el 14 del próximo mes.   

El más duro de todos fue el jefe del bloque de senadores del FPV Miguel Pichetto, que calificó como muy preocupante”, la resolución del tribunal. “Esta decisión obliga a un análisis más profundo del contenido de la sentencia, porque incorpora un hecho no previsto por el Gobierno. Deja latente el riesgo para la Argentina de seguir atrapada, aún pagando a los bonistas que acordaron, por la posibilidad de que se vuelva a colocar una nueva cautelar que le impida pagar”, señaló el senador rionegrino.

Pichetto, que hace un mes había coincidido con el Gobierno en la necesidad de “volver al mercado de capitales”, añadió que la resolución de la Corte de apelaciones podría hacer caer el acuerdo. “Impacta de lleno en la negociación y las propuestas del Gobierno ya que la Corte retoma la jurisdicción ante la presentación de otros bonistas que no han ingresado a los acuerdos pautados por Griesa”, sostuvo a través de un comunicado.

Desde el Frente Renovador también expresaron su preocupación y en privado reclamaron más detalles al Gobierno. Sergio Massa le pidió a su equipo de economistas, que integran Guillermo Nielsen, Marco Lavagna y Martín Redrado, que estudiaran alternativas. El viernes Massa había asegurado que su bloque ayudaría a “la normalización de la deuda” por el debate en el Congreso, pero ahora duda. 

El peronista Diego Bossio -lejos del kirchnerismo y apuntado por su chat con el jefe del bloque PRO Nicolás Massot- también relativizó su apoyo tras la suspensión del embargo. “Estamos preocupados por este tema y analizando minuciosamente con los abogados el escenario que generó este fallo de la cámara”, le dijo ayer a Clarín.   (...)".

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