ESTRATÉGICO ALBERTO WERETILNECK

Investigan al gobernador de Río Negro por duplicar subsidios en año electoral

La Justicia rionegrina ya está investigando al recientemente reelecto Gobernador de la provincia patagónica por duplicar la distribución de subsidios durante el pasado año electoral. Según los registros, "la partida del 2015 de transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro superó los $180 millones frente a los $77 millones del 2014". Clubes, asociaciones y cooperativas están también en la mira por acceder a esos "regalos" estatales. Pero algunos fueron mucho más que polémicos, como el millón de pesos –en cuatro cuotas– al que accedió el Colegio de Abogados de Viedma como colaboración para comprar un inmueble. Esa institución de letrados, como parte autónoma, integra el Consejo de la Magistratura, que sanciona y elige funcionarios judiciales.

Según un artículo del portal Río Negro, la distribución de subsidios provinciales ya acumula investigaciones judiciales. Los aportes del Estado rionegrino crecieron sorprendentemente el año pasado, duplicando los montos del ejercicio anterior.

Por encima de cualquier desglose, la partida del 2015 de transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro superó los 180 millones frente a los $77 millones del 2014.

Cientos o miles de contribuciones explican esas erogaciones del gobierno de Alberto Weretilneck, mayormente durante el proceso electoral.

La Justicia ya requirió un listado de beneficiarios y, simultáneamente, una comitiva del Juzgado de Instrucción Penal N° 4 de Viedma, a cargo de Carlos Mussi, concurrió la semana pasada a Gobierno y Desarrollo Social por documentación de los aportes entregados a una ONG de la ciudad de Roca, relacionada de una dirigente y funcionaria provincial.

La asignación y entrega personal de aportes se constituyó en la matriz institucional y política de la construcción del gobernador. Clubes, asociaciones, cooperativas o cualquier entidad accedió a una transferencia estatal.

Algunos fueron bien polémicos, como el millón de pesos –en cuatro cuotas– al que accedió el Colegio de Abogados de Viedma como colaboración para comprar un inmueble. Esa institución de letrados, como parte autónoma, integra el Consejo de la Magistratura, que sanciona y elige funcionarios judiciales.

Durante el año pasado, el Estado distribuyó –por todo concepto– $180 millones en transferencias a instituciones culturales y sociales, sin fines de lucro. Esas entregas duplican ampliamente a la misma partida del 2014, que rondó los $77 millones. El promedio mensual se aproximaba a los $6,5 millones y creció a unos $15 millones. La fuerte disponibilidad de recursos por las prórrogas petroleras se combinó con las necesidades oficialistas en tiempos de campañas electorales.

Un listado de beneficiarios fue requerido por la fiscal penal, Itziar Soly, al Ministerio de Economía. La solicitud comprende los pagos de 7 meses del 2015, puntualmente del 1 de enero al 30 de julio. La intervención de Soly tiene su origen en una denuncia de junio pasado de la todavía legisladora, Ana Piccinini, aunque su presentación estaba centrada en los subsidios a entidades y personas de Viedma. La fiscal amplió el requerimiento a toda la provincia.

Según trascendió, Economía remitió copiosa documentación a la Fiscalía, aunque las mismas estarían plagadas de tecnicismos que imposibilitan precisar el mecanismo y detalles del reparto gubernamental, que conformaba otro requerimiento de Soly. Además, las nóminas no incluirían los montos asignados.

A partir de ese inconveniente, la fiscal ha convocado a peritos para profundizar su evaluación y desentrañar los registros de Economía. Igualmente, en el ministerio Público ya advierten que la investigación no será sencilla ni rápida porque, todavía, queda resolver la contratación del profesional y, después, recién esperar su informe.

Otra información pedida por la funcionaria judicial está centrada en los listados de Personas Jurídicas, con antecedentes y condiciones de las instituciones. Esta formalidad constituye un requerimiento legal en el acceso de un aporte estatal.

Hay listados parciales. Por eso, el único dato oficial de las asignaciones pueden encontrarse en los registros de la Contaduría, con un notable crecimiento de los desembolsos.

En el ejercicio del 2015, la partida 517 –que está identificada como transferencias a instituciones culturales y sociales, sin fines de lucro– totalizó órdenes a pagar por $180.207.467. Su equivalente del 2014 llegó a $76.810.171 y en el 2013 alcanzó a $58.146.537.

La evolución mensual comenzó con $4,8 millones en el 2013, llegó a $6,4 millones en el 2014 y alcanzó a $15 millones.

Hay otro desembolso para instituciones culturales y sociales, sin fines de lucro –incluido en la partida 524– por $43.954.192 en el último ejercicio.

Este apartado contable es inexistente en años anteriores. Seguramente, ese registro contiene los aportes de los fondos petroleros, puntualmente transferidos a la Federación de Bomberos Voluntarios. Esta asignación y su rendición presenta, de por sí, otro problema.

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