JULIA POMARES Y UN TEXTO DE JUAN MIÑO Y ALFREDO BUSMAIL

"La obsesión por construir mayorías sabotea a la democracia"

La obsesión por construir mayorías propias (tanto electorales como legislativas) atenta contra la búsqueda de consensos, diálogos y acuerdos, explicó Julia Pomares, directora del Programa de Instituciones Políticas del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), a Urgente24 Radio. La definición de Pomares coincide con un texto muy interesante de Juan Andrés Miño y Alfredo Rafael Busmail en su ensayo Democracia y elecciones - Apuntes para una reforma política (texto indispensable que publicó Editorial El Ateneo).

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Que el 1er. (y timido) debate presidencial haya demorado 32 años en llegar a la Argentina (y aún así, con la ausencia del candidato oficialista), revela que los diálogos son muy difíciles en una sociedad desacostumbrada a aceptar el disenso, la discrepancia, la opinión diferente, todo con el respeto indispensable.
 
Ese fue el motivo de la entrevista de Urgente24 Radio a Julia Pomares, directora del Programa de Instituciones Políticas del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), quien coincidió en una paradoja que acompaña a la democracia participativa argentina: hay una obsesión de los dirigentes politicos de las fuerzas populares por acumular mayorías propias bajo el supuesto que la hegemonía consolidaría la aprobación de sus políticas, que sería el camino a la permanencia en el poder.
 
Sin embargo, esto atenta contra el diálogo y la búsqueda de consensos que resultan la verdadera ventaja competitiva de la democracia como sistema político. La pluralidad es un atributo clave del sistema, que está siendo subestimado entre dirigentes más preocupados por obtener adhesiones a sus ideas que al debate que apunte a lograr la respuesta más eficiente a cualquier problema que se presente.
 
Una obsesión lleva a la otra: ser oficialista permite asegurarse las ventajas necesarias para permanecer. La propia sociedad, inmadura en términos políticos, es condescendiente con los oficialismos que le ahorran, de algún modo, reflexionar más profundamente acerca de qué opciones elegir dentro del sistema plural.
 
Las reformas al sistema político, no sólo al sistema electoral, deberían apuntar, precisamente, a corregir ese problema, explicó Pomares.
 
El diálogo con la doctora en Ciencia Política y magíster en Política Comparada y en Métodos de Investigación (London School of Economics and Political Science), condujo a un texto que lleva algunos días en la Redacción de Urgente24, "Democracia y elecciones - Apuntes para una reforma política", por Juan Andrés Miño y Alfredo Rafael Busmail. El siguiente fragmento (titulado "Las consecuencias políticas de la democracia mayoritaria") resulta clave por estos días:
 
"El funcionamiento de las instituciones puede ser evaluado por sus resultados. En ese sentido, ¿qué consecuencias tiene la democracia sobre el sistema político?
 
Las reglas electorales mayoristas afectan la competitividad, otorgan amplias ventajas electorales a los candidatos del oficialismo, y dificultan la alternancia en el gobierno. Además, las fórmulas y los distritos mayoritarios sobre representan ampliamente al partido ganador en el Poder Legislativo. Este tipo de diseño perjudica la representación política y a la provisión de bienes públicos. (…)
 
En ese sentido acuerda Giovani Sartori (1976) cuando sugiere que el correcto funcionamiento democrático implica que los partidos tengan una fuerza equivalente y que la alternancia en el gobierno sea frecuente.
 
Para ello, resulta necesario que se generen reglas que fomenten la confianza institucional y que en las elecciones compita efectivamente más de una fuerza política. En definitiva, cuando existen elecciones sin opción, donde un solo partido, el de gobierno, domina la competencia, las elecciones no son libres ni justas.
 
Un sistema electoral mayoritario tiende a producir baja competitividad, porque concentra el poder en la mayoría. En el largo plazo, el partido predominante crea y estrecha vínculos con los actores sociales más poderosos, las elites políticas y económicas, los formadores de opinión, los líderes sociales, y los jueces juegan el juego del oficialismo. Con ello, el gobierno deja de tener incentivos para mejorar su desempeño.
 
Lo mismo sucede con las posibilidades de recambio en las elites políticas. Para quienes aspiran a formar parte, desde el lugar que fuere, del statu quo, es fácil llegar a la conclusión de que si se quiere tener influencia social o ambición de crecer política, social y económicamente, el oficialismo ofrece la vía más raída, y a menudo la única. De tal modo, con el tiempo el sistema político se convierte en una densa red de contactos organizados jerárquicamente para sostener la estructura del partido oficialista, generalmente controlado por uno o pocos líderes políticos, con capacidad ejecutiva.
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Lo que gana el oficialismo es perdido directamente por la oposición. Cuando un partido pierde dos o tres elecciones, dinamita la credibilidad en su capacidad de convertirse en gobierno. Al suceder esto, casi la única opción real en apostar por la continuidad.
 
En estas condiciones, los partidos de oposición pierden dinero, capacidad de gobernar, control y conocimiento del territorio, experticia en la gestión pública y en el estado de la cosa pública, y canales de comunicación con la sociedad. Estos vínculos también se ven debilitados porque los militantes tienen menos incentivos para continuar en el juego opositor, provocando un gran efecto desertor. (13)
 
Sin embrago, una pequeña parte del conjunto de militantes optará por sostener al partido. Sabido es que a menudo el factor ideológico dificulta a las personas comprender problemas que la realidad política (económica, social) puede presentar en determinados momentos.
 
Con frecuencia, la ideología dificulta la incorporación de aprendizajes significativos.
 
Por ello, los actores políticos que deciden quedarse privilegiando las dimensiones ideológicas a las desventajas económica y políticas, se encuentran menos estimulados a recibir aprendizajes significativos sobre las demandas y necesidades sociales, y a informarse sobre las dificultades que acechan para tomar un camino que conduzca al ejercicio, primero, de un liderazgo social y luego del gobierno.
 
Es así que la propia fuerza de convicción que permite que estos militantes decidan la continuidad en la adversidad al mismo tiempo genera un efecto de des anclaje, de divorcio entre opositores y sociedad, y más tarde, lleva a los partidos entre opositores y sociedad, y más tarde, lleva a los partidos de oposición a espacios simbólicos, carentes de injerencia efectiva en las instituciones públicas.
 
Este encadenamiento de estímulos desde la cúspide del sistema político provoca que, de la presencia de tentaciones mayoristas, a la creación de sistemas políticos poco compatibles con la democracia, hay solo un paso. Este paso fundamental es la aprobación de reglas constitucionales en favor de la concentración  del poder, y a la historia política de varias provincias argentinas lo avala. (…)
 
En rigor, si se considera a una elección como competitiva cuando el margen de victoria es inferior a quince puntos porcentuales, la  mitad de las elecciones provinciales en la Argentina se disputó en sistemas no competitivos.
 
En efecto, la fotografía institucional argentina señala que solo el 54% de las elecciones se disputó con un margen de victoria menor a quince puntos y treinta puntos, y que en el 19% del total el partido ganador supera ampliamente al segundo con más del 30% de los votos. En catorce elecciones -7% del total-, EL principal candidato aventajó en más de la mitad de los votos al segundo.
 
En efecto, esta situación de baja competencia no solo se encuentra extendida en varias provincias, sino que también es sistemática en muchas de ellas. Esto, en función de que las elecciones en cada provincia no son independientes entre sí, sino que, en cambio, forman parte de un mismo sistema de partidos. Es decir, cada elección en una provincia es el resultado de una específica estructura de competencia en interacción entre actores políticos en el tiempo. La competitividad promedio muestra la estabilidad de estos distritos poco competitivos.
 
Regularmente, elección tras elección, en las provincias de San Luis, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa, los partidos mayoritarios superan por más de treinta puntos a sus competidores. Los ciudadanos de estas provincias – particularmente, los perjudicados por el sistema político y los disconformes con el gobierno- tienen poca injerencia en los asuntos públicos, a diferencia de sus pares de provincias competitivas, como Tierra del Fuego, Santa Fe o Río Negro. (…)
 
Alternancia y ventaja oficialista
 
El objetivo último de la democracia es formulación de políticas públicas que den respuesta a las demandas de los ciudadanos. La política solo puede cumplir con esta expectativa cuando es competitiva.
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Por esta razón, la competencia entre los partidos tiene un efecto reforzador de la democracia, y particularmente de la responsabilidad. Sin posibilidades reales de que los partidos en el gobierno pierdan elecciones –esto es, sin posibilidades reales de alternancia-, la democracia se empobrece.
 
Para que la competencia democrática genere resultados socialmente ventajosos, es necesario un sistema político con un relativa apertura electoral y la vulnerabilidad de los partidos en el gobierno, o lo que es igual al riesgo latente de su reemplazo electoral. La vulnerabilidad del gobierno, que permite que los electores impugnen un mal desempeño, es el punto donde la democracia y la competencia se superponen, según Stefano Bartolini (2002).
 
Tras el esfuerzo por mantener el poder, los gobernantes solo se orientarán a satisfacer las expectativas de los ciudadanos cuando estén expuestos a una amenaza razonable de la impugnabilidad de los gobernantes en elecciones libres.
 
No obstante, en las provincias mayoristas los candidatos oficialistas tienen ventajas competitivas para ser electos frente a sus pares de la oposición. Por el hecho de estar en el gobierno, los partidos cuentan con un conjunto de recursos adicionales que pueden utilizar en la campaña proselitista. La mayor exposición pública y el uso estratégico del presupuesto juegan un rol importante para orientar el voto en pro de la continuidad en el poder. (…)
 
Como plantean María Page y Luis Schiumerini, se trata de un beneficio electoral sistemático del que gozan los partidos y candidatos oficialistas por el solo hecho ocupar el gobierno, un sesgo sistemático en las condiciones de la competencia política que hace que el oficialismo, independientemente  de su desempeños, tenga más probabilidades de ganar las elecciones que la oposición (2012:2)
 
Existen múltiples factores que mejoran las chances del partido de gobierno. El estudio pionero de Robert Erikson (1971) argumentó que la ventaja oficialista se asocia con el uso estratégico que los actores políticos hacen de su posición gubernamental. Frente a otros partidos en competencia, los gobernantes maximizan la probabilidad de reelección, ya sea mediante la atención a las demandas ciudadanas o el clientelismo. (…)
 
Por su parte, los electores prefieren tambien a los candidatos oficialistas porque estos les resultan más familiares y visibles. Las ventajas institucionales de las que gozan los oficialismos dan a los votantes mayores certezas y previsibilidad sobre el futuro del gobierno y lo que pueden llegar a hacer si continúan en el cargo. (14)
 
Entre otras razones, a nivel subnacional, una importante fuente de ventaja oficialista son las transferencias que los gobiernos reciben de la nación. En aquellas provincias donde el gobernador cuenta con amplios recursos discrecionales, este puede usarlos para su beneficio electoral.
 
Siguiendo a Gervasoni, en las provincias rentistas el Estado es la principal fuente de riqueza. Los recursos provinciales no dependen del cobro de impuestos a las actividades desarrolladas en territorio, por lo que las administraciones provinciales no dependen del cobro de impuestos a las actividades desarrolladas en el territorio, por los que las administraciones desarrolladas en el territorio, por lo que las administraciones provinciales pueden ampliar el empleo público, financiar redes clientelares, disciplinar a los medios de comunicación a través de la pauta oficial, o adjudicar arbitrariamente contratos generosos.
 
De esta manera, el acaparamiento de fondos federales opera como un determinante central de las variaciones en la magnitud del voto entre los gobernantes de distintas provincias. De este modo, los gobernadores que cuentan con estos recursos se aseguran un mejor desempeño para las próximas elecciones, al tiempo que tienen mayores posibilidades de ganarlas.
 
En el mismo sentido, las fórmulas de simple pluralidad de votos y los distritos mayoritarios facilitan la continuidad en el cargo, e impiden por tanto que los gobiernos pierdan elecciones. La cláusula de reelección indefinida y los sistemas electorales desproporcionados son los mecanismos que mayor efecto generan al momento de desincentivar la renovación intergeneracional de las elites políticas partidarias y la alternancia en el gobierno. (…)
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Como apuntó Adam Przeworski (1994), la continuidad en el gobierno no depende solo de la legitimidad de un régimen político, sino también de la presencia o ausencia de opciones preferibles. Que las instituciones promuevan la formación de alternativas de gobierno, y que las reglas aseguren quedad electoral para que ellas puedan competir efectivamente por el liderazgo, son requisitos de la democracia.
 
No obstante, si se analiza la situación en las provincias, la alternancia suele ser poco frecuente. En solo dos de cada diez elecciones a gobernador desde 1983, hubo cambios en el partido de gobierno. Hasta la actualidad, en siete provincias no hubo alternancia suele ser poco frecuente. En solo dos de cada diez elecciones a gobernador desde 1983, hubo cambios en el partido de gobierno. Hasta la actualidad, en siete provincias no hubo alternancia, habiéndose sucedido por lo menos ocho gobiernos de un mismo partido. Esto sucede en las provincias de Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Luis y Santa Cruz.
 
Con excepción de Neuquén –donde gobierna un partido local, el Movimiento Popular Neuquino., en estos distritos existe un sistema de partidos predominante donde gana regularmente el Partido Justicialista.
 
Por su parte, el éxito de los intentos reeleccionistas última etapa democrática, los gobernadores se sometieron a la reelección en sesenta y siete oportunidades, y tuvieron el éxito en cincuenta y ocho ocasiones. (15) En las listas para suceder al gobernador cuando este no puede ser reelecto, ganen las elecciones. Esto sucede así el 75% de las veces.
 
En general, además, los gobernadores que se presentan a la reelección, y pierden, se corresponden con dos tipos de casos: son interinos o no pertenecen al oficialismo nacional. Esto señala que la fuente principal del poder de los gobernadores reside, a la vez, en el control político local y el alineamiento nacional. (…)".
 
 
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(13). Esto es claramente observable, por ejemplo, en situaciones como la de Misiones o Santiago del Estero, ambas con altas similitudes, tratándose de cartelizaciones de partidos, conformados detrás de la nueva figura presidencial de Néstor Kirchner. En la primera provincia, en 2003, facciones de la Unión Cívica Radical se aliaron a otras del Partido Justicialista, dando lugar al Frente Renovador, confluencia que conformaría un nuevo partido, concentrando prácticamente todos los recursos políticos de la provincia. En Santiago del Estero, en 2005, luego de la intervención federal que sacó del gobierno a Carlos y Nina Juárez tras 50 años en el poder, una coalición de peronistas y radicales -entre otros partidos provinciales- confluye detrás de la candidatura del radical Gerardo Zamora a partir de formar el Frente Cívico por Santiago.
 
(14). Sobre este tema puede consultarse Abramowitz (1980), Mann y Wolfinger (1980), Jacobson (1981) y Campbell (1983).
 
(15). Las excepciones a este patrón, es decir, aquellos casos donde los gobernadores en ejercicio buscaron la reelección y perdieron, son: Oscar Perassi (PJ, interino) en Jujuy en 1995; José Luis Lizurume (UCR) en Chubut en 2003; Eduardo Brizuela del Moral (UCR) en Catamarca en 2001; Arturo Colombi (UCR) en Corrientes, en 2009; Wbaldino Acosta (Bloquista, interino) en San Juan en 2003; Jorge Telerman (interino) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2007; Ramón Mestre (UCR) en Córdoba en 1998; y Carlos Manfredotti (PJ) y Hugo Cóccaro (PJ, interino) en 2003 y 2007 en Tierra del Fuego.

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