AH LA CORRUPCIÓN...

Lula y Dilma bajo fuego: 70 "aliados" vinculados al escándalo Petrobras

6 personas ya están alojadas en la Superintendencia de la Policía Federal en Sao Paulo, en cumplimiento de las órdenes de prisión preventiva y temporaria, en medio de la investigación por presunto pago de sobornos por parte de contratistas de la mayor empresa de Brasil. Petrobras es el foco de la operación "Lava Jato", que busca determinar si hubo sobrefacturación en obras de la estatal, y consiguientes pagos ilícitos a políticos oficialistas. Analistas y funcionarios de entidades de control del Estado estiman que el caso de presunta corrupción en Petrobras -que se habría desarrollado durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff- es el mayor que se haya investigado en Brasil. Parlamentarios oficialistas están preocupados por lo que consideran un avance rápido de las investigaciones sobre los ejecutivos de grandes constructoras. Es que, concluida la fase de detenciones de empresarios, se espera que llegue el turno de los propios políticos. No hay dudas de que aumentará la lista de quienes aceptarán anotarse como testigo arrepentido (en Brasil se dice "delación premiada") para lograr una reducción de sus condenas. Estas delaciones y la búsqueda de pruebas pruebas son los elementos que espera el Procurador General de la República para formalizar las denuncias contra políticos en la máxima corte de Brasil, el STF. Hay unos 70 parlamentarios involucrados en las denuncias de desvíos de recursos de Petrobras.

N. de la R.: La policía federal brasileña inició la 7ma. fase de la Operación Lava-Jato y detuvo en Río de Janeiro al exdirector de Servicios de Petrobras, Renato Duque. En otras 8 ciudades fueron apresados directivos de otras 9 grandes empresas constructoras y de ingeniería subcontratadas por el gigante petrolífero: en concreto, Camargo Correa, Odebrecht, OAS, UTC Engenharia, Engevix, Iesa, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia e Mendes Júnior. La policía federal informó también de que se ha decretado el bloqueo de 720 millones de reales (US$277 millones ) pertenecientes a 36 personas investigadas. Las detenciones afectan a directivos de empresas que realizaron contratos con Petrobras en los últimos años —la policía investiga desde marzo un sistema de sobornos y blanqueo de dinero, con financiación ilegal de partidos políticos, de varios miles de millones de dólares—. El caso experimentó un giro decisivo con la acusación del exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, actualmente en prisión domiciliaria, que reveló detalles acerca de las irregularidades cometidas entre 2004 y 2012, incidiendo de lleno en la reciente campaña electoral, puesto que la reelegida presidenta de la nación, Dilma Rousseff, actuó como presidenta del Consejo de Administración de Petrobras, la mayor empresa de Brasil, entre 2003 y 2010.
 
 
SAO PAULO (247) - Además de Sao Paulo, la Policía Federal ejecutó desde el jueves 13/11 órdenes de prisión en los estados de Paraná, Río de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco y Brasilia, el Distrito Federal. En total, 7 empresas contratistas de Petrobras -que en conjunto firmaron contratos de más de 59.000 millones de reales (más de US$22.777 millones) con la petrolera-.
 
Según la Policía Federal, los ejecutivos presos de las contratistas -varias de las cuales tienen operaciones en América Latina y África- participaron de la firma de contratos con Petrobras, cuya transparencia está bajo investigación. Otros involucrados tuvieron participación secundaria o actuaron en el transporte y lavado de dinero obtenido de forma ilícita, informó Agencia Brasil.
 
Así se hicieron efectivos 85 mandatos judiciales de prisión, y se ha decretado el bloqueo de bienes por 720 millones de reales (U$S 277 millones) pertenecientes a 36 de los investigados.
 
Analistas y funcionarios de entidades contraloras del Estado brasileño estiman que el caso de presunta corrupción en Petrobras -que se habría desarrollado durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff- es el mayor que se haya investigado en Brasil. También se bloquearon los valores pertenecientes a tres empresas de uno de los operadores del esquema de desvío y lavado de los presuntos sobornos.
 
Según datos del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), los grupos investigados registraron operaciones financieras atípicas de más de 10.000 millones de reales, US$3.861 millones.
 
Los políticos
 
Concluida el viernes 14/11 la etapa de detenciones de empresarios, el operativo Lava Jato de la Policía Federal llegará a su objetivo final: los políticos.
 
El miembro informante del caso en el Supremo Tribunal Federal, el juez Teori Zavascki, otorgó 30 días al Procurador General de la República, Rodrigo Janot, para que decida sobre la presentación de la denuncia.
 
Janot ha tratado el tema con cautela, ya que evalúa que deben ser agotadas todas las diligencias posibles en la fase pre-procesal para poder fundamentar la denuncia, de modo de hacerla impermeable a las críticas de los medios y a los recursos de abogados.
 
Al menos 70 parlamentarios están involucrados hasta el momento en el denunciado esquema de sobornos alimentados por contratos inflados de la petrolera estatal Petrobras.
 
Janot espera que concluyan todas las "delaciones premiadas" que la Policía Federal y el Ministerio Público Federal crean convenientes, con el cruzamiento de datos bancarios, contratos y otras pruebas encontradas.
 
La propia justicia federal del sureño estado de Paraná, que comanda las investigaciones, trabaja con la hipótesis de que las próximas declaraciones de los detenidos abran nuevos frentes de investigación.
 
Las detenciones consideradas más importantes fueron las del director-presidente de la empresa Queiroz Galvão, Idelfonso Colares Filho; del director-presidente de desarrollo comercial de Vital Engenharia, empresa del Grupo Queiroz Galvão, Othon Zanoide de Moraes Filho; del director de operaciones de Iesa Óleo & Gás, Otto Garrido Sparenberg; del agente federal Jayme Alves de Oliveira Filho; y del ex director de Petrobras, Renato de Souza Duque.
 
No hay dudas de que con la nueva camada de ejecutivos de constructoras detenidos, la lista de los que aceptarán la figura de la delación premiada para lograr una reducción de sus condenas aumentará.
 
Estas delaciones y la búsqueda de pruebas que esas declaraciones permitirán son los elementos que espera el Procurador para formalizar las denuncias contra los políticos en la máxima corte de Brasil, el STF.
 
El fin de año promete ser aterrador para los políticos de Brasilia: el viernes el clima de perplejidad invadió el mundo político en la ciudad.
 
Parlamentarios de la llamada "base aliada" están preocupados con lo que consideran un avance rápido de las investigaciones sobre los ejecutivos de grandes constructoras.