TRANSPARENCIA JUDICIAL ES REVOLUCIÓN

Beijing debe decidir sobre Hong Kong y la propia China

Es lo habitual en esos casos: culpar a una fuerza extranjera no identificada de los problemas domésticos que ocasiona o la impericia propia o la mala fe. China no puede exigirle a una tierra que conoce la libertad de elegir a sus gobernantes (Hong Kong), que renuncie a lo que conoce para pasar a una democracia de menor calidad, que es la que ofrece Beijing hoy día. Es ridícula la posición de los comunistas chinos. E intentar sostener que hay fuerzas extranjeras en operaciones es un insulto a la inteligencia, un regreso al maoismo en su versión más tonta, esa que seguía Carlos Zannini en la Argentina de los años '70.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). China ha quedado atrapada en su propia trampa: China reclamó que le devolvieran Hong Kong sin considerar que Hong Kong ya conocía una democracia de calidad superior a la vigente en China. Por lo tanto, intentar reducir la calidad de la democracia de Hong Kong equivale a una opresión que tiene consecuencias. Los de Beijing no lo pensaron y ahora no saben cómo salir del atolladero.
 
El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, ha afirmado que "fuerzas extranjeras" han apoyado al movimiento Occupy, alentando las masivas protestas prodemocráticas, que cumplen hoy 23 días.
 
Un hombre desesperado este Leung Chun-ying, quien no puede reprimir sin un costo tan elevado que no podría sostenerse en su cargo.
 
Leung Chun-ying explicó durante una entrevista televisiva a una cadena local que el movimiento Occupy"no es del todo un movimiento interno, y fuerzas extranjeras están involucradas", sin lograr brindar detalles o nombrar a los países que él sospecha que trabajan detrás de las protestas.
 
¿Los comunistas chinos intentan encontrar alguna 'Conexión Taiwán' en los sucesos en Hong Kong? 
 
María Antonia Sánchez-Vallejo escribió desde Taipei para el diario madrileño El País, acerca del gran acercamiento que hay entre Taiwán y Hong Kong:
 
"Hasta 2008, volar de Taiwán a Shanghái, en la China continental, suponía pasar por Hong Kong y tardar, en vez de los 90 minutos de un vuelo directo, más de seis horas. Tras la llegada a la presidencia ese año de Ma Ying-jeou, Taipéi y Beijing no sólo establecieron vuelos regulares y enlaces marítimos directos, interrumpidos desde 1949; también han estrechado lazos, sobre todo en el ámbito económico: el 40% de las exportaciones de la isla van a la República Popular China, y de allí proceden el 60% de sus importaciones. Hoy, los taiwaneses pueden viajar directamente a más de 40 destinos en la China comunista, y cientos de empresas producen desde el continente.
 
Sobre esta aparente luna de miel, sustanciada en la firma de 21 acuerdos de cooperación en sectores como el transporte, el turismo o la educación y en un evidente deshielo diplomático, se ha cernido el fantasma de las protestas de Hong Kong, que muchos pensaron podrían afectar a Taiwán. 
 
(...) “Taiwán no es Hong Kong, son dos casos muy distintos. Hong Kong es una antigua colonia británica retornada a China en 1997 y Taiwán es un país que no está dispuesto a convertirse en un segundo Hong Kong”, es decir, en un territorio teledirigido por Beijing, explica Chu-chia Lin, viceministro del Consejo de Asuntos Continentales. En un encuentro con periodistas extranjeros invitados por el Ministerio de Exteriores, el viceministro subraya: “Somos un país democrático, con sufragio universal directo, y apoyamos sin fisuras los anhelos de libertad de Hong Kong, siempre que se manifiesten de forma pacífica. Pero esas protestas no van a afectar a Taiwán porque el contexto es distinto. Aun así, esperaremos a ver qué sucede”.
 
De hecho, Taiwán vivió su particular ‘primavera’ en marzo, la llamada “revolución de los girasoles”, cuando cientos de estudiantes ocuparon el Parlamento en protesta por la firma de un importante acuerdo comercial con China que consideran demasiado propenso a Beijing. La movilización surtió efecto, y no sólo propició la visita de mayor nivel político de una delegación china, en junio, sino también la adopción de una ley que velará por la transparencia en la aplicación del convenio, el penúltimo en la agenda de liberalización económica del país y en su apuesta por la integración en el área Asia-Pacífico, como demuestran los acuerdos de libre comercio suscritos recientemente con Nueva Zelanda y Singapur. (...)".
 
Más allá de todas las especulaciones, Beijing necesita resolver los sucesos en Hong Kong. No sólo China está destruyendo la imagen que intenta construir, en especial ante Occidente, sino que hacia adentro de China, la democracia de Hong Kong supone ir mucho más allá de lo que está dispuesto a conceder hoy día el Partido Comunista Chino, que comienza a tener un serio problema de legitimidad ante las nuevas generaciones de chinos (y de eso trata, precisamente, el conflicto en Hong Kong).
 
Hay una ventana de oportunidad, sin embargo: si el PCCh no puede darle a los chinos un sistema electoral similar al de Hong Kong, sí puede reformar el Poder Judicial, apuntando a que el PCCh tenga menos injerencia en la justicia cotidiana de China. La idea de una transparencia judicial sería auténticamente revolucionaria y le permitiría subir un peldaño importante en cuanto a la mejora de la calidad de la democracia popular.
 
Así, China podría buscar una tregua con Hong Kong, y a la vez desvincular esa situación de los sucesos en el otro territorio chino donde, pese a las restricciones informativas, muchos conocen, y siguen en detalle, lo que sucede en el ex enclave británico.
 
Re-encapsular Hong Kong otra vez, y oxigenar el Poder Judicial chino es muy audaz pero también una posibilidad más inteligente que mandar a reprimir los reclamos de soberanía popular.
 
Muy interesante un fragmento del reporte de Macarena Vidal Liy, desde Beijing:
 
"Un discreto hotel del oeste de Beijing se convertirá esta semana en el corazón político de la segunda potencia mundial. La élite del Partido Comunista de China se reúne a puerta herméticamente cerrada en su plenario anual, que por primera vez dedicará a la reforma del poder judicial y al Estado de derecho. Es un proyecto que el presidente Xi Jinping considera imprescindible para consolidar la legitimidad del Partido al frente del país. Y urgente, a la luz del enorme desprestigio del sector en la sociedad y el desencanto de sus profesionales. La duda es si los cambios que se anuncien permitirán un sistema más justo e independiente o si —a la luz del endurecimiento de la campaña contra las voces disidentes— se quedarán en meras formalidades.
 
“Veremos una abundancia de lenguaje positivo sobre reforma judicial, profesionalización judicial, opiniones positivas sobre el papel de los tribunales, la importancia del Estado de derecho y de un Gobierno sujeto a las leyes. Pero este tipo de lenguaje ya es bastante común y ya aparecía en el documento final del plenario anterior. La cuestión es a qué llevará en la práctica”, afirma Jacques de Lisle, catedrático de Derecho y director del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Pennsylvania (EE UU).
 
Para ello hay que tener en cuenta que en el lenguaje político chino, la expresión traducible como Estado de derecho (“yifazhiguo”) no significa lo mismo que en Occidente: tres poderes independientes donde en caso de conflicto es la ley quien tiene la última palabra. En China, la autoridad suprema es el Partido, que define y aplica la ley.
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No cabe, por tanto, conjeturar sobre una reforma que conduzca en el futuro a un sistema judicial similar al occidental o aborde cuestiones como los derechos humanos o los procesos extrajudiciales. Más bien, se anticipan una serie de cambios encaminados precisamente a reforzar el control del Gobierno central y su legitimidad, mediante nuevas medidas que luchen contra la corrupción, por ejemplo. La esperanza es que las innovaciones introduzcan también una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos y una mayor transparencia de los tribunales.
 
“Aún no se cumplen los requisitos para una reforma cuyo objetivo sea la independencia judicial”, opina el catedrático de Derecho He Weifang, de la Universidad de Beijing, que ve las reformas como meros “arreglos técnicos” y se confiesa “pesimista”. “Se quedan sin abordar”, dice, “cuestiones importantes, como la relación entre el Partido y la administración de la justicia. No se ha reflexionado lo más mínimo sobre la enorme influencia negativa que ha tenido en el desarrollo del sistema legal la época de Zhou Yongkang [el antiguo jefe de los servicios de seguridad que dotó a estas fuerzas de un enorme poder, muy superior al de los tribunales]”. Zhou está siendo investigado por corrupción y precisamente durante el plenario se podría anunciar su expulsión del Partido.
 
Este verano la Comisión de Reforma, que preside el propio Xi Jinping, ya adelantó una serie de líneas generales para los cambios. En julio, el Tribunal Supremo publicó un plan quinquenal de reforma de esta institución —y de los tribunales que depende de ella—, encaminado a aumentar las competencias de los jueces y a reducir el poder de las autoridades políticas locales sobre unas cortes judiciales que ven más de 11 millones de casos al año.
 
(...) Un proceso que queda fuera del sistema judicial en China es el conocido como shuanggui, una forma de detención para miembros del Partido Comunista (PCCh) sospechosos de haber cometido “violaciones de la disciplina”, generalmente un eufemismo para casos de corrupción.
 
(...) El shuanggui , un proceso rodeado de secreto, se pone en práctica cuando la Comisión de Disciplina, el brazo de control interno del PCCh, detecta irregularidades en el comportamiento de alguno de los 85 millones de miembros del Partido. Detenido por los investigadores de la comisión, el sospechoso queda aislado en un lugar desconocido, sin contacto con abogados, amigos o familia.
 
Durante su detención, que puede prolongarse meses hasta que es puesto en libertad o entregado a la justicia ordinaria para que se le juzgue, el afiliado es sometido a constantes interrogatorios para que confiese. El uso de tortura no es desconocido, según organizaciones pro derechos humanos. ONG como Dui Hua, con sede en San Francisco (California, EE UU), mencionan prácticas como “privación de sueño, simulación de ahogamiento, quemaduras en la piel con cigarrillos y palizas”.
 
(...) Como resultado, la actitud de los ciudadanos hacia los tribunales es, cuando menos, de suspicacia. Los miles de peticionarios que rondan las calles de Beijing venidos de toda China con la esperanza de contar su caso a algún dirigente y que éste intervenga por encima de los jueces dan buena fe de ello.
 
Las reformas apuntadas por el Supremo ponen los nombramientos de los jueces en manos de las autoridades provinciales, lo que teóricamente evitaría las presiones a nivel local. También les permitirá emitir sentencias —aunque no en todos los casos; los políticamente delicados quedarán excluidos— sin contar con el consejo judicial.
 
Se abre también la posibilidad de crear cortes especiales para disputas sobre medioambiente —uno de los asuntos que generan más movilizaciones de protestas, de las decenas de miles que se producen en China cada año— o sobre protección de la propiedad intelectual, uno de los temas que más preocupan a los inversores extranjeros.
 
El presidente del Tribunal Supremo, Zhou Qiang, ha apuntado también que aumentará la transparencia “para mejorar la credibilidad pública de los tribunales” y se permitirá que los extranjeros acudan con “regularidad” a juicios que afecten a empresas foráneas. Ahora no pueden asistir sin permiso del juez. (...)".

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