EL ATENTADO DE PUEL MAPU

Crece el conflicto mapuche (el Papa tiene a quién pedir data)

Urgente24 advirtió semanas atrás, y en forma reiterada, que el conflicto mapuche va en ascenso, y que el nuevo Código Civil es un texto muy provocador respecto de las ambiciones y reclamos históricos de ese pueblo originario. Las noticias están confirmando el anticipo informativo.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Un grupo de encapuchados armados redujo al encargado del refugio Neumeyer,  en el valle del Challhuaco, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, y luego incendió el inmueble, un depósito contiguo y una máquina retroexcavadora, ubicada a unos 100 metros. Antes de retirarse arrojaron volantes con una proclama que pretende reivindicar derechos mapuches. El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, aseguró: "Parques ya hizo la denuncia penal en Gendarmería Nacional y buscaremos que se sancione a los culpables".
 
Al amanecer, el encargado del refugio y su mujer fueron sorprendidos por un grupo de encapuchados (se estima que serían 5 o 6) y bajo la amenaza de armas de fuego los obligaron a abandonar el inmueble y los ataron en un árbol. Luego habrían rociado con combustible el refugio y también el depósito de equipos de esquí, ubicado a unos 20 metros, prendiendo a ambos fuego.
 
También incendiaron la retroexcavadora que el concesionario utilizaba para reparar el camino de acceso. Después de ello se retiraron del lugar, presumiblemente en un vehículo.
 
El encargado y su esposa bajaron hasta el complejo Challhuaco, desde donde fueron convocados la Policía y los bomberos.
 
En medio de un bosque de coihues que habitualmente recibe residentes y turistas que realizan un circuito corto de trekking, pueden apreciarse las chapas retorcidas, vidrios estallados, maderas reducidas a cenizas y elementos del interior del refugio carbonizados. 
 
En los últimos años el valle del Challhuaco es reclamado por algunas comunidades mapuches como propio y en 2013, un grupo de ellos cortó el camino de acceso durante varios días.
 
Los volantes arrojados llevan la firma del "Movimiento Mapuche Autónomo Puel Mapu".
 
"Fuera wingka capitalista del Wallmapu, fuera represas de Kintuante y el Puel Willimapul, fuera petroleras, mineras, latifundistas, todo el territorio libre y recuperado para nuestro pueblo", expresa el volante.
 
El ataque se produjo el 12/10, Día de la Diversidad Cultural en contraposición a lo que antes se denominaba "Día de la Raza", por ser la fecha en que Cristóbal Colón llegó al continente americano.
 
Tierras en litigio
 
El reclamo de tierras de parte de los mapuches conduce a otro tema: la extranjerización de tierras, un tema que denunció Cristina Fernández de Kirchner en una ocasión ante el Legislativo reunido para un inicio del período ordinario de sesiones, pero que tuvo una aplicación muy controversial.
 
 
"(...) Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, y Jorge Chueco, el apoderado de Helvetic Services Group –la empresa registrada en Lugano, Suiza, y vinculada a presuntas operaciones de lavado de dinero por cuenta del empresario sureño- no están solos en estas tres sociedades españolas. 
 
Estas tienen un denominador común, el abogado argentino Fernando Emiliano Córdoba, de 44 años y oriundo de San Fernando, quien está presente en la creación de todas ellas y figura en los directorios hasta el desembarco de Pérez Gadín y Chueco. 
 
Fernando Córdoba también es quien está en Temenos Hispania SL, en donde aparece Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Amado Boudou. Este abogado, graduado en el año 1993 en la Universidad de Belgrano, representa actualmente al estudio jurídico Integritas Trust, con sede en Suiza, en donde figura como Presidente, según los registros públicos de ese país.
 
(...) Fernando Córdoba también fue parte inicialmente del directorio de Fondomonte Inversiones en España, en donde figuró como Administrador Único. Fondomonte es una multinacional dedicada a la explotación de campos y tierras en Argentina que fue creada en el año 2006 por los irlandeses Jim McCarthy y Mark McLornan.
 
En octubre de 2010, un grupo de empresarios árabes, encabezado por el ministro de Agricultura de Arabia Saudita, visitó nuestro país con el objetivo de cerrar negocios con productores locales. Este grupo se reunió con la presidenta Cristina Kirchner, en un encuentro en cuyo transcurso expresaron la necesidad de su país de ampliar el stock de alimentos.
 
A fines de 2011, cuando el kirchnerismo aceleraba en el Senado la aprobación de la flamante Ley de Extranjerización de Tierras (el total de las tierras que pueden estar a nombre de un mismo titular extranjero no podrá superar las mil hectáreas), el poderoso grupo económico Almarai anunció la adquisición de Fondomonte en una operación cercana a los 85 millones de dólares, precio que incluía unas 12 mil hectáreas de tierras de ubicación estratégica en cuanto a recursos naturales: Villaguay (Entre Ríos), General Villegas (Buenos Aires), y Tolderías (Sur de Córdoba). 
 
El anuncio de la flamante compra por parte de este grupo de capitales saudíes fue realizado el 21 de diciembre de 2011 y tan sólo 24 horas después, casi como si fuese parte de un movimiento orquestado, el Senado aprobó la Ley de Tierras, sobre la noche del 22 de diciembre de ese año. Almarai compró justo a tiempo. De haberlo querido hacer un par de días después, la ley no se lo hubiese permitido.
 
Actualmente el grupo Almarai tiene una fuerte presencia agrícola en nuestro país a través de cuatro subsidiarias: Fondomonte El Descanso SA, Fondomonte Inversiones Argentina SA, Fondomonte Sandoval SA y Agro Terra SA.
 
Argentina es el único país del continente americano en donde invierte Almarai, que además está presente en Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Oman y Baréin. (...)".
 
El Vaticano
 
En la Patagonia, la extranjerización de tierras es, en verdad, un capítulo dentro del conflicto entre tierras de capitales privados vs. tierras mapuches, y que también involucra a propietarios argentinos.
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Muy conocedor del tema, tanto como de cuestiones vinculadas a la Iglesia Católica Apostólica Romana, es el empresario cordobés Ricardo Fernández Nuñez, quien según las crónicas periodísticas, aparece en un listado elevado a la Organización Internacional del Trabajo, desde agosto de 2006, a causa del peligro de subsistencia de varias comunidades mapuches en Río Negro por la propiedad de tierras ocupadas en forma aparentemente irregular por terratenientes, se mencionó el peligro que corría la comunidad Lof Mariano Epulef, expulsada de una tierra que le fue quitada en forma violenta e ilegal.
 
Nada de esto ha impedido que Fernández Nuñez pueda acceder al papa Francisco, tal como lo recuerdan diversas crónicas periodísticas.
 
Fernández Nuñez llegó a las tierras al final de una transferencia que fue del terrateniente Ramón Ramiro Fernández a Francois Jean Jacques Yves Emili Álvarez de Toledo, y luego a la compañía Chinitas del Sur S.A., constituída por Alejandra María Nóbrega, esposa de Ricardo Fernández Nuñez.
 
Las Chinitas del Sur S.A. ha conseguido varios fallos favorables del Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, todos adversos a las comunidades mapuches. 
 
Código Civil
 
El nuevo Código Civil exacerba la paciencia de los mapuches. 
 
Resulta harto interesante el dictámen de la Comisión por los Derechos Indígenas elaborado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal acerca de la incorporación de la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil.
 
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal afirmó:
 
"(...) propone incorporar la propiedad comunitaria indígena al texto del Código Civil, bajo la forma de un nuevo derecho real (arts. 2028 a 2036 del proyecto) y la personería jurídica de las comunidades indígenas como personas de derecho privado (art. 148 inc. h). Son múltiples y variadas las razones que desaconsejan la incorporación del derecho a la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil. (...)
 
En varios de estos fallos, se mencionaron las conclusiones de las Jornadas de Derecho Civil en las que se entendió que la posesión y propiedad de comunitaria indígena es completamente ajena al Código Civil: "(...) resulta objetable, atento a la jerarquía que el poder constituyente le ha atribuido a las comunidades indígenas y a su propiedad, con un evidente propósito de reparación histórica, la pertinencia de que, desde la grada inferior del derecho privado, en un mismo rango con los derechos reales esencialmente privatísticos, con la pretensión de una mayor garantía, se intente una tipificación distinta que, en definitiva, podría conspirar contra los objetivos perseguidos" (ponencia conjunta de Jorge Alterini, Pablo Corna y Alejandra Vázquez) (...)".
 
En la doctrina argentina también Quiroga Lavié destaca que las tierras indígenas se encuentran absolutamente fuera del comercio (tanto privado como público) y que, por esa razón, no pueden ser expropiadas por el Estado ni sujetas a prescripción adquisitiva. En tal sentido, remarca que "(...) implica una profunda modificación de los tradicionales regímenes establecidos en el Código Civil (...). En su texto Constitución Argentina Comentada, este autor sostiene que como la propiedad indígena está fuera del comercio, no puede ser enajenada ni transmitida y se debe aplicar entonces el régimen sobre el dominio público, establecido por el derecho administrativo y que esto debe ser entendido así aunque las tierras sean provinciales.
 
(...) la incorporación de la propiedad comunitaria en el Código Civil en los términos proyectados daría lugar a múltiples inconstitucionalidades tanto por acción como por omisión. Por acción, por ejemplo, al reconocer a los pueblos indígenas como personas jurídicas de naturaleza privada (art. 148 H) pues contradice abiertamente su consagración constitucional como nuevos sujetos colectivos que preexisten al Estado argentino y que implica un reconocimiento legal de carácter declarativo y no constitutivo de derechos, o al hacer depender el derecho a la propiedad comunitaria de la inscripción previa de la comunidad en un registro. Por omisión, porque no incorpora los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, desarrollados por los órganos de aplicación e interpretación de los tratados previstos en el art. 75 inc. 22 que, de acuerdo a una conteste jurisprudencia de nuestro máximo tribunal son obligatorios para el Estado argentino. (...)".

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