CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El jueves pasado (25/09), en plena escalada del dólar ‘libre’ camino a los $16, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pidió a la Justicia actuar "rápidamente" contra los " árbolitos" y exigió que se les aplique la ley de infracción cambiaria.
GUERRA AL DÓLAR ‘LIBRE’
Gonella (el que ‘borró’ a Lázaro de una causa) acelera la reforma de la ley penal cambiaria
El Gobierno nacional se está quedando sin ideas para frenar al dólar ‘libre’. La intervención de casas de cambio amigas, la minidevaluaciones, las intervenciones de fuerzas de seguridad en las City, la intervención del Banco Central y el cepo cambiario ya no surten efecto por eso ahora avanzan con la idea de reformar la ley penal cambiaria vigente, que data de 1971, con el objetivo de para agilizar los operativos de control contra el mercado paralelo de divisas. La herramienta principal que quiere tener el Gobierno es modificar la tipificación del tipo de transacciones para rebajarlas a delito correccional y ejecutar un operativo sin permisos previos. A fines de agosto, ocho fiscales, siete jueces de primera instancia y el presidente de la Cámara, se reunieron convocados por la Procelac para analizar las intervenciones judiciales en materia penal cambiaria y allí concluyeron en la necesidad de una reforma.
"Es necesario que la Justicia actúe para aplicar claramente la ley de infracción penal cambiaria. Es muy importante que el Estado actúe rápidamente para ver y verificar ese tipo de transacción", sostuvo el funcionario anticipando la necesidad del Gobierno de apelar a la Ley para frenar el accionar de las cuevas.
El problema es que para que la Justicie actúe necesita cambios en la actual ley penal cambiaria. Por eso, este lunes desde el Gobierno nacional confirmaron que se aceleró el trabajo en ese sentido idea de agilizar el combate contra el mercado paralelo de divisas.
La intención es reformar la ley penal cambiaria vigente, que data de 1971, para agilizar los operativos de control y obtener resultados eficientes en la lucha contra las transacciones cambiarias ilegales.
Actualmente, ante las ‘cuevas’, las fuerzas públicas deben obtener antes de actuar autorizaciones previas. Con la reforma que pretenden los K, se modifica la tipificación del tipo de transacciones para rebajarlas a delito correccional y ejecutar un operativo sin permisos previos.
La reforma comenzó a estudiarse en agosto pasado por iniciativa del jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
Hace casi 2 meses, fiscales y jueces del fuero en lo Penal Económico coincidieron en la necesidad de una reforma a la ley del Régimen Penal Cambiario para revertir los resultados que se registran en las investigaciones por infracciones a esa norma y que tienen como consecuencia la existencia de un mercado paralelo de divisas.
El acuerdo fue el resultado de una reunión propuesta por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a través del fiscal del fuero, Emilio Guerberoff, quien se puso a la cabeza de las gestiones para lograr junto al juez Marcelo Aguinsky un encuentro que reunió a los siete fiscales de primera instancia, a uno de juicio, a los ocho jueces de primera instancia y al presidente de la Cámara, Marcos Gravibker.
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El cónclave fue celebrado en el despacho de Aguinsky en el Juzgado en lo Penal Económico N°6. Durante dos horas, los fiscales y los jueces debatieron en torno a las dificultades que presenta la ley cambiaria, calificada de "vetusta" por el titular de la Procelac. Esa ley es la que pone en cabeza y otorga discrecionalidad al Banco Central en la investigación del comercio ilegal de divisas.
La exposición de los fiscales se centró en el vínculo de las infracciones cambiarias con delitos económicos, como el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada, nominación técnica para el otorgamiento de préstamos o el pago de intereses por el depósito de valores por fuera del sistema legal.
Gonella, fue recientemente citado (junto al coordinador del área, Omar Orsi) a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, por excluir al empresario Lázaro Báez de una investigación penal por lavado de dinero.
Los fiscales tienen firmes sospechas de "connivencia" entre los grandes operadores de este negocio y los funcionarios que deberían combatirlos. Y sus miradas apuntan a personal del BCRA y a miembros de la Policía Federal, estima La Nación.