CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Un fiscal decidió investigar una compra supuestamente irregular de celulares en el Ministerio de Desarrollo Social en 2013, pues se acusó de adquirir más del doble de la cantidad de empleados de la cartera que conduce Alicia Kirchner.
AFFAIRE DE LOS CELULARES
Alicia K es investigada por supuestas compras millonarias para 'espionaje'
El Ministerio de Desarrollo Social adquirió 16.000 teléfonos celulares, una cifra que duplica la cantidad de empleados, y que según denuncian son utilizados para tareas de inteligencia. La operación habría involucrado más de $40 millones, y en ese sentido, es que el denunciante habló de las sospechas del posible pago de coimas y retornos en esta operación, además de que estarían "afectados a una red de inteligencia". Cabe recordar que, en reiteradas oportunidades, el gobierno K fue denunciado por hacer espionaje interno. La acusación es también contra su segundo y también polémico, Carlos Castagneto.
18 de septiembre de 2014 - 00:00
La denuncia da cuenta que el ministerio compró unos 16.000 teléfonos celulares a la empresa Samsung; pero que la repartición sólo cuenta con 7.000 empleados.
El denunciante, Juan Ricardo Mussa, aseguró además que los dispositivos fueron afectados a una red de inteligencia, aunque no brindó más detalles.
También afirmó que la cláusula de compra implicaba que de haber un nuevo ofrecimiento de la empresa Samsung al mercado de un nuevo modelo, debían renovarse la totalidad de los equipos "con el consecuente detrimento que ello genera para las arcas del Estado Nacional".
La acusación es contra Alicia Kirchner y su segundo Carlos Castagneto.
Mussa denunció a ambos por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió que la firma Samsung informe si durante 2013 vendió aparatos celulares a esa cartera y, de haberlo hecho, que "remita la totalidad de la documentación vinculada a esa operación y los números que identifican a cada equipo.
El fiscal pidió librar orden de presentación al ministerio -esto es un paso previo a lo que podría derivar en un allanamiento- para que aporte toda documentación con la supuesta compra de 16 mil celulares a la firma Samsung durante 2013.
También que Jefatura de Gabinete aporte detalle sobre la cantidad de empleados, tanto de planta permanente como contratados, que tiene Desarrollo Social.
Alicia Kirchner y Carlos Castagneto manejan una de las cajas políticas más importantes del Estado nacional: el Ministerio de Desarrollo Social, que cuenta actualmente con un presupuesto anual que supera los $50 mil millones.
La discrecionalidad y los manejos turbios, en esa cartera, estarían a la orden del día.
Según publicó el diario platense 'Hoy' hace unos días, la operación de los celulares habría involucrado más de $40 millones de pesos.
"Se trata de algo tan insólito como escandaloso: se compran 16.000 celulares, cuando hay 7.000 empleados en esa cartera. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Social estaría proveyendo a cada empleado casi 2,5 celulares, cuando este beneficio no lo tienen ni los ministros", le dijo Mussa al diario platense.
En ese sentido, además de las sospechas del posible pago de coimas y retornos en esta operación, el denunciante también solicitó a la Justicia que se investigue si los celulares en cuestión "están afectados a una red de inteligencia" dentro del Ministerio. Cabe recordar que, en reiteradas oportunidades, el gobierno K fue denunciado por hacer espionaje interno (el denominado proyecto X es la muestra más concreta), violando la ley de Seguridad Interior.
"Alicia Kirchner, como ministra, tiene obligaciones y limitaciones en su proceder, especialmente en lo que se refiere a los recursos económicos del Ministerio que tiene a cargo. El dinero del Estado no es de su propiedad, sino que el dueño es el pueblo argentino. Por lo tanto no puede contratar a quién se le antoje, por fuera de las nomas vigentes que regulan las arcas del Estado", afirmó Mussa. Y recordó que operaciones de contrataciones directas, como la que se habría utilizado para la compra de celulares, no pueden exceder los $50 mil.
Así lo establece la normativa vigente. "Sin embargo se contrató violando todas leyes de Administración Nacional", agregó Mussa, quien también es uno de los principales denunciantes de la mafia de la efedrina.
En el caso de Castagneto, no es la primera vez que tendrá que dar explicaciones en la Justicia. El fiscal federal Federico Delgado lo imputó en una causa que se abrió luego de que se denunciara que camiones repletos de electrodomésticos -que habrían sido comprados con fondos del ministerio de Desarrollo Social autorizados por él- se destinaban al reparto discrecional en barrios humildes de La Plata y del Conurbano para comprar votos.