CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En Santiago de Chile, los ministros Ximena Rincón (Secretaría General de la Presidencia), y José Antonio Gómez (Justicia) anunciaron una serie de medidas y acciones legislativas que impulsará el gobierno en materia de derechos humanos en el marco de la conmemoración de los 41 años del golpe.
REVISARÁN LEY DE AMNISTÍA EN CHILE
Para ocultar los atentados. Bachelet abre la caja de Pandora
Justamente en el aniversario 41 del golpe de Estado deL 11/09/1973, el primero que le toca vivir a Michelle Bachelet en su 2do- mandato presidencial no consecutivo, la socialista ha dado una señal inédita en materia de derechos humanos: su Gobierno ha anunciado que pretende anular la Ley de Amnistía que fue promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1978 y que permitió que los crímenes cometidos entre 1973 y esa fecha quedaran impunes. Presionada por su ala izquierda y por la ausencia de éxito en resolver el enigma de la cadena de atentados, Bachelet realiza un movimiento muy complicado y totalmente innecesario, que corrobora la fragilidad de su personalidad ante los planteos del Partido Comunista y otras vertientes radicalizadas.
12 de septiembre de 2014 - 00:00
Luego, el senador opositor (UDI), Juan Antonio Coloma criticó que el gobierno está desviando la atención de los últimos casos de bombazos ocurridos en Chile.
"Me parece sorprendente. Yo esperaba que el gobierno y el Ministerio de Justicia estuvieran preocupados de resolver los problemas que hoy afectan profundamente a los chilenos como son los bombazos y el miedo", indicó en entrevista con la web 24 Horas, de Santiago.
En esa línea criticó que "nos estan instalando en un tema que ocurrió hace 41 años atrás y a mí no me gusta esa forma de actuar en la vida pública".
Respecto a la derogación de la Ley de Amnistía indicó que "tiene poco efecto práctico".
"Me preocupa que el eje de la noticia sea esto y haya desaparecido el otro eje de la noticia que es cómo se está enfrentando en Chile un problema que tiene realmente asustados a los compatriotas", agregó Coloma.
Entre estas medidas se incluyó el poner urgencia a una moción presentada por el senador PPD, Guido Girardi, que anula el Decreto Ley de Amnistía.
Según Gómez, la iniciativa se llevará a cabo para abrir el debate en el Parlamento y que se defina el futuro de la ley, si es que se deroga o se anula.
"Lo relevante para el gobierno es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el parlamento (...) Darle curso a una discusión parlamentaria y bajo ese aspecto será la comisión pertinente quien le pondrá los tiempos", dijo el secretario de Estado.
La idea es "adecuar la legislación chilena a la legislacion internacional lo que no hace un cambio muy de fondo a lo que hacen los tribunales chilenos a la fecha", añadió. "Poner en discusión un tema que viene pidiéndose y debatiéndose hace mucho tiempo".
Además, los ministros señalaron que el gobierno impulsará la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos "que va a estar en el ministerio de Justicia y va a preparar un plan de derechos humanos para enseñar lo que son (...) como una medida muy importante en el conocimiento de los derechos humanos en el país", detalló Gómez.
En tanto, se está preparando un "mensaje en relación a la tipificación del delito de tortura".
Entonces, el Ejecutivo pedirá suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que existe en el Congreso desde 2006 sobre esta materia, presentado por un grupo de senadores hoy oficialistas, y que busca anular los cinco artículos que componen la normativa del régimen militar.
Bien avanzada la democracia, los tribunales comenzaron a investigar los crímenes cometidos por la dictadura entre 1973 y 1975, pese a la Ley de Amnistía, por considerarlos delitos de lesa humanidad, que no prescriben. En el momento de fallar, sin embargo, se encontraban con la normativa, que hizo imposible que en Chile se condenara a los responsables de los abusos cometidos en los primeros cinco años del Gobierno de Pinochet.
Uno de los casos icono fue el del juez Carlos Cerda, el primer magistrado que estableció que la dictadura utilizaba la desaparición forzada como método para eliminar a los opositores. El magistrado investigó a las cúpulas de los servicios represivos, desafió la Ley de Amnistía, pero eso el valió un enfrentamiento con sus superiores en la Corte Suprema, que ahora el propio magistrado integra.
No te lo pierdas