SALTA (El Tribuno). El miércoles último (18/06) ingresó al Senado el pedido de acuerdo del gobernador Juan Manuel Urtubey para la designación de Adriana Rodríguez Faraldo como jueza de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta.
OLOR A PODRIDO EN EL JUDICIAL DE SALTA
Nepotismo, prebendas e irregularidades en lo de Urtubey
Es cierto que el diario El Tribuno, de Salta, es de la familia Romero, que pasó de aliada a enemiga de la familia Urtubey. Pero, de todos modos, es vergonzoso el ascenso que relata El Tribuno, de Adriana Rodríguez Faraldo al Consejo de la Magistratura salteño. Puede ser un pago de favores recibidos o un eventual intento de asegurarse impunidad futura, pero el gobernador K de Salta, Juan Manuel Urtubey, pidió acuerdo para Rodríguez Faraldo, la esposa del secretario legislativo del Senado, López Mirau. Aquí la crónica salteña:
23 de junio de 2014 - 00:00
El concurso entregó una terna emparentada con funcionarios del Ejecutivo, el Senado y la Corte.
En los próximos días Rodríguez Faraldo será entrevistada en la Cámara Alta, donde se encarga de estas formalidades el secretario legislativo, Luis Guillermo López Mirau, su esposo. ¿Se excusará?
Rodríguez Faraldo tiene otro lazo familiar en el Gobierno: su hijo, Guillermo López Mirau (h), es el secretario de Planeamiento.
Ella es, además, consuegra de Sergio Petersen, consejero por el Colegio de Abogados en el órgano responsable de seleccionar los jueces y fiscales en Salta.
En una provincia donde el descrédito judicial crece con privilegios nepóticos y los casos de corrupción archivados sin investigación, el proceso selectivo del juez de la Sala Primera volvió a dar la razón a quienes sostienen que los vínculos parentales y el amiguismo pesan más que los antecedentes y la capacidad profesional.
Otra de las ternadas, Hebe Alicia Samsón, es hermana de Ernesto Samsón, exsecretario General de la Gobernación y actual ministro de la Corte.
Y ella es también pareja del juez de la Corte, Guillermo Félix Díaz, quien preside al propio Consejo de la Magistratura.
La otra ternada fue María Luján Pérez del Cerro, prima hermana de Ernesto Samsón, gerenta de Asuntos Jurídicos de Aguas del Norte y consultora de la Sociedad del Estado Siglo XXI (Estadio Padre Martearena) desde junio de 2009.
En los últimos días se respiró indignación en la ciudad judicial, donde muchos empiezan a entender por qué en otras provincias hay reglamentos que prohíben designar a parientes de consejeros de la Magistratura, de hasta el cuarto grado, como jueces o fiscales.
Sobre los procesos selectivos en sí, distintas fuentes coincidieron en que los privilegios se imponen fundamentalmente en la entrevista a los postulantes.
De esa instancia, la más subjetiva de todas, depende la mitad del puntaje total que reciben los candidatos.
De esta forma, caen en saco roto la trayectoria, los antecedentes y los méritos profesionales de los postulantes que concursan en Salta. Esto fue advertido por Armando Frezze, exministro de la Corte de Justicia de Salta, en una columna de opinión publicada en El Tribuno el pasado 17 de mayo.
“Esa entrevista,al representar la mitad del puntaje, resulta cuanto menos desequilibran-e”, resaltó Frezze, tras subrayar que de nada vale que un candidato obtenga el máximo puntaje como brillante profesional, tratadista y catedrático si en la entrevista los consejeros lo califican, sin mayores motivos,con un avaro puntaje.
En otra columna, publicada el 25 de mayo último en este diario, Armando Caro Figueroa, exministro de Trabajo de la Nación, remarcó que los líderes políticos deberían comprometerse a seleccionar a los mejores profesionales para ocupar juzgados y fiscalías, “sin mirar adscripciones políticas, lazos familiares o antiguas camaraderías”.
No son los únicos a los que les preocupa el modo en que se eligen los jueces y fiscales. Se supo que ya hay abogados del foro local movilizados con el fin de conformar una comisión revisora de los procesos selectivos del Consejo de la Magistratura de Salta.
Es que, con más de un amañado concurso, trasluce cada vez con mayor nitidez la desvirtuación de un órgano que debiera ser independiente e imparcial, como pide la Constitución, para evitar que la confianza de la sociedad salteña en la Justicia y el Ministerio Público se siga hundiendo y toque fondo.
Renunció una postulante por “cansancio moral”
El pasado 9 de junio se publicó la resolución 877 del Consejo de la Magistratura, por la que se admitió a 16 postulantes al cargo de juez de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta.
Entre los candidatos está Soledad Fiorillo Saravia, la esposa del procurador general, Pablo Ló-pez Viñals. Dentro de la ciudad judicial se dice que Fiorillo es un “nombre puesto” para ese cargo. López Viñals, su esposo, integra el Consejo de la Magistratura como representante del Ministerio Público.
Hace algunos días, trascendió que una de las candidatas a jueza de la Sala Quinta, María Silvia de la Zerda, renunció a su postulación por “cansancio moral”.
Consultada por El Tribuno,la abogada, que se desempeña como secretaria de la Cámara donde se cubrirá la vacante, confirmó su declinación, aunque se excusó de aclarar los motivos que expuso en su renuncia ante el Consejo de la Magistratura. El audio de la entre-vista telefónica puede escucharse en El Tribuno digital.
La determinación de De la Zerda, según se afirma en la ciudad judicial, fue empujada por los manejos arbitrarios que se volvieron moneda corriente en el órgano elector de jueces y fiscales.
La postulante tiene antecedentes y una larga trayectoria judicial que, según se comenta, fueron menospreciados para imponer, en diferentes concursos, a candidatas bendecidas por el poder político.
De la Zerda, según registros del Consejo de la Magistratura, fue una de las concursantes al cargo de juez de la Sala Primera, en el que terminaron ternadas Adriana Rodríguez Faraldo, María Luján Pérez del Cerro y Hebe Samsón.
Aunque otro concurso selectivo para juez de la Sala Segunda aún no tiene terna, en los pasillos judiciales se asegura que la hermana de Ernesto Samsón será la postulante para la que el gobernador pedirá, en su momento, acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura, que fue creado para mejorar la elección de los jueces, no muestra independencia ni imparcialidad.