LEY PARA FRENAR LA LIBERACIÓN DE DETENIDOS

Intenta Córdoba atenuar un fallo de la Corte de Zaffaroni

El peronismo, que controla tanto el Ejecutivo como el Legislativo de la provincia de Córdoba, compatibilizará 2 proyectos de ley para intentar impedir la liberación de beneficiarios de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion que lesiona intereses de las víctimas y/o testigos. En verdad, Eugenio Zaffaroni ya le impuso a Ricardo Lorenzetti y los otros, aparentemente, su particular punto de vista sobre el Código Penal y otras cuestiones.

El peronismo presentará en la Legislatura Unicameral de Córdoba un proyecto –que será compatibilizado entre 2 iniciativas– para amortiguar el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena al Tribunal Superior liberar a los procesados o detenidos sin sentencia firme.
 
El objetivo es conseguir una ley provincial que sostenga que se evitará la excarcelación del beneficiario del fallo de la Corte cuya libertad pudiera lesionar los intereses de víctimas o testigos.
 
El titular del bloque justicialista, Sergio Busso, confirmó al diario La Voz del Interior, de la capital provincial, la existencia de los proyectos, al tiempo que remarcó que el gobernador, José Manuel De la Sota, está de acuerdo con la idea.
 
Es más, De la Sota ya se había pronunciado en contra del fallo del colectivo que conduce Ricardo Lorenzetti y que integra el cordobés Juan Carlos Maqueda. La Corte Suprema contradijo la postura del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
 
Por eso, con la aprobación de De la Sota, legisladores oficialistas impulsan un proyecto de ley que, a través de una modificación en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia, mitigue los efectos del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la aplicación de la prisión preventiva.
 
La Corte estableció un criterio diverso del que sostenía el Tribunal Superior de Justicia provincial acerca de la prisión preventiva de los imputados y condenados sin sentencia firme, lo que derivó en la excarcelación de varias personas y en la posibilidad de otros tantos presos ( presuntos asaltantes, homicidas, violadores, etcétera) la soliciten.
 
Ante ello, el bloque de legisladores de Unión por Córdoba elaboró un proyecto de ley que propicia la incorporación de un inciso al artículo 281 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba (CPP, ley 8123), para establecer que los jueces y los fiscales evalúen no sólo los derechos del imputado ( priorizados por el fallo de la Corte), sino también los de las víctimas y de los testigos que hayan intervenido en los procesos en cuestión.
 
El presidente de la bancada oficialista, Sergio Busso, dijo que el fallo de la Corte ha generado un desconcierto generalizado en las Cámaras del Crimen que deben decidir sobre si excarcelan o no a individuos que ya fueron condenados, pero que por haber apelado, pueden ahora pedir la libertad, y poner en riesgo a sus víctimas y a los testigos que los acusaron”.
 
Acerca de la posibilidad de que la eventual futura ley sea cuestionada por inconstitucional, Busso dijo: “Seguramente ya van a salir los que piensan distinto por defender sus propios intereses. Nosotros estamos convencidos de la conveniencia de este proyecto de ley y lo vamos a debatir con el objetivo de aprobarlo el miércoles próximo”.

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