DOBLE REVÉS JUDICIAL

Complicada: Día oscuro para Gils Carbó

Dos malas noticias para la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. Por un lado, la Cámara Federal ordenó reabrir la causa en su contra por el presunto nombramiento irregular de fiscales. La investigación había sido archivada por el juez federal Sebastián Casanello. Por otra parte, el fiscal federal Gerardo Di Masi imputó a la Procuradora y al juez Casanello por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero, denuncia realizada por Elisa Carrió. Finalmente, la Corte le pidió a Gils Carbó que se pronuncie sobre un caso vinculado al cepo cambiario.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero revocaron lo resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, quien había determinado que no había delito en la designación de fiscales sin acuerdo del Senado realizada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Por lo tanto, la causa seguirá abierta.
 
Casanello había desestimado por inexistencia de delito la causa cuando consideró que Gils Carbó había hecho las cosas como manda la ley. El fiscal Guillermo Marijuan había apelado esa decisión, y su apelación fue respaldada por el fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes. Ambos, que dependen funcionalmente de Gils Carbó, sostuvieron que había que investigar cómo se hicieron las designaciones (ver notas relacionadas).
 
En la apelación Marijuan dijo: "no albergo duda alguna que deben ser investigadas las designaciones de fiscales ad hoc que recayeron en personas que no tienen acuerdo del Senado y esto por cuanto se ha dejado de observar las previsiones de designación de la citada norma".
 
Moldes por su parte había dicho que había que revisar lo determinado por Casanello. “Todos los días oímos y repetimos un latiguillo que se ha convertido en tópico y lugar común, según el cual una justicia lenta no es Justicia. Y es verdad, pero menos lo es una Justicia apresurada”, aseguró. Y añadió que “así como la lentitud exaspera, desanima y, a veces, indigna, la aceleración precipitada e imprudente con frecuencia lastima, confunde culpables con inocentes y suele desembocar en desilusión y fracaso”.
 
Ahora la Cámara les dio la razón a los fiscales y la causa sigue abierta.
 
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia le pidió a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que dictamine sobre el pedido de un deudor hipotecario para que se le permita comprar dólares en el mercado oficial para cancelar su crédito.
 
Se trata del caso del deudor José Manuel Moyano Nores, un abogado que obtuvo un crédito para vivienda con garantía en moneda extranjera y argumenta que su acreedor se niega a recibir pagos en pesos.
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El máximo tribunal resolvió este martes enviarle el expediente a la Procuración General de la Nación para que se pronuncie sobre el planteo.
 
# Investigan a Casanello y Gils Carbó por "encubrimiento"
 
El fiscal federal Gerardo Di Massi dictaminó a favor de impulsar una denuncia por supuesto encubrimiento en la causa en la que se investiga al empresario Lázaro Baez y pidió medidas de prueba al imputar a Gils Carbó, al juez Casanello y a otros dos fiscales que intervinieron en el caso.
 
Di Massi impulsó de esta forma la presentación de la diputada Elisa Carrió, quien denunció días atrás al juez Casanello por supuesto "encubrimiento agravado" a favor de Báez, en la causa en la que lo investiga por presunto lavado de dinero, confirmaron fuentes judiciales.
 
Carrió denunció a Gils Carbó y a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, de la Procuraduría antilavado, acusándolos de participar del mismo encubrimiento.
 
Ahora el fiscal pidió una serie de medidas en la causa pos supuesto encubrimiento que quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi. Aludió en su dictamen a posibles delitos como "encubrimiento" e "incumplimiento de deberes de funcionario público".
 
Una de las medidas que solicitó es el pedido de la totalidad del expediente de la causa Baez a Casanello para analizar como se fueron dando los hechos denunciados, como por ejemplo las supuestas demoras en ordenar allanamientos o a impulsar medidas que había pedido el fiscal del caso, Guillermo Marijuan.
 
La denuncia fue presentada por Carrió al argumentar que los fiscales en un principio no imputaron a Baez en el caso y que Casanello se declaró incompetente para investigar el supuesto desmantelamiento de una bóveda en la casa del empresario en Río Gallegos y tampoco allanó una baulera de Tigre donde  habrían llevado documentos pertenecientes a la financiera SGI allanada en Puerto Madero.
 
Carrió ejemplificó que Casanello se declaró incompetente "de manera sorprendente, arbitraria y manifiestamente ilegal" en la causa por la presunta bóveda en la chacra de Báez en Río Gallegos y que dispuso que los testigos de ese hecho ingresen al programa de protección "sin ocuparse en más de la situación" cuando habían sido amenazados.
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También refirió que los primeros allanamientos a la consultora SGI, sospechada de realizar las maniobras de lavado, "demoraron demasiado", y que no dispuso las medidas pedidas por Marijuan para allanar el guardamuebles en Tigre donde se habría escondido documentación.
 
Para Carrió todo es un "evidente intento del Juez Casanello, en connivencia con el poder político nacional, de encubrir a las personas imputadas en autos y a las que pudiese llegar a individualizarse de avanzar la investigación".
 
Sobre Gonella y Orsi, la legisladora sostuvo que cuando se inició la causa por lavado no imputaron a Báez y vinculó a Gils Carbó con esa decisión

 

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