FIN DE UN ESCÁNDALO

El apoderado de Zaffaroni pagó para hacerlo zafar de los prostíbulos

Dos años después de estallar el escándalo por los prostíbulos que funcionaban en departamentos del juez Eugenio Zaffaroni, producto de una denuncia de la organización La Alameda, el apoderado del magistrado se asumió como el responsable de gestionar esos inmuebles donde se ejercía la prostitución y tras pagar una multa de $10.000 extinguió la acción penal.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- "Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no puedo ocuparme de la administración de esto, de modo que, puede ser, aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo, agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo", decía en julio de 2011 el juez Eugenio Raúl Zaffaroni tras conocerse el escándalo por los prostíbulos que funcionaban en al menos 6 de sus propiedades y cuya existencia fue denunciada por la organización La Alameda. Zaffaroni escogía ser entrevistado por Víctor Hugo Morales en Radio Continental para rechazar las acusaciones tras rechazar otras entrevistas de medios no oficialistas.

Los departamentos denunciados y de propiedad de Zaffaroni integraban una lista de 613 prostíbulos que la Alameda y otras ONGs denunciaron ante la Procuración General de la Nación, el 15 de diciembre de 2009.

 

Así, Ricardo Montivero, encargado de gestionar los alquileres de los departamentos propiedad del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, reconoció su responsabilidad como administrador de unos inmuebles en donde se ejercía la explotación sexual y pagó una multa ante la Justicia.

En diciembre el Juez dijo que estaba “todo aclarado” y que era un “asunto terminado ” la denuncia por los seis prostíbulos a partir de haber entregado a los diputados en el Congreso los contratos de todos los alquileres y el acta que designaba a RIcardo Montivero como su apoderado.

Es Montivero quien ahora reconoció su responsabilidad como administrador de los inmuebles denunciados y tras pagar una multa ante la Justicia dio por extinguida la acción penal.

Se trata de quien era investigado por la fiscalía a cargo de Edgardo Orfila por violación a la ley de profilaxis, la 12.331.

El artículo 17 de dicha ley prevé que los que “sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de doce mil quinientos pesos como mínimo y ciento veinticinco mil pesos como máximo”.

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Apoyándose en ese artículo, Montivero se presentó ante el juez en lo correccional Carlos Bruniardm y pagó la multa, extinguiendo la acción penal, según declaraciones del abogado de La Alameda, Mario Ganora.

Según el letrado, dos son las causas relativas a esa denuncia que tramitan en la Justicia, y en una de ellas estaba imputado hasta ahora Montivero.

Luego se comprobó que Montivero habitaba en el domicilio que ocupa en la actualidad el juez Zaffaroni.

En la investigación a cargo del fiscal Orfila, se pidió la indagatoria de Angélica Duarte y Marcia González, ambas señaladas por La Alameda como regenteadoras de los departamentos. La primera falleció el año pasado a raíz de un accidente automovilístico camino a Misiones.

 

El asunto se conoce cuando el ministro Zaffaroni viajó a Italia a dar un seminario sobre derecho penal, oportunidad que deja al descubierto las diferencias que se abrieron entre el jurista y el Ejecutivo a partir de la reforma judicial aprobada en el Congreso.
 
Los proyectos fueron redactados por Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico; y el secretario de Justicia de la Nación. 
 
Pese a estas diferencias,  la agrupación kirchnerista La Cámpora intenta tentarlo para liderar una lista para las próximas elecciones en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El objetivo es enfrentar la tradicional línea dominada por los académicos radicales.

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