CONFÍAN EN REPETIR LAS 39 VOLUNTADES DEL 17/04

Justicia: El kirchnerismo da por hecho que hoy la reforma del Consejo será ley

El kirchnerismo intentará sancionar hoy uno de los proyectos más criticados de la reforma judicial sobre la que avanza. Ya se aprobó la creación de nuevas Cámaras de Casación y límites a cautelares, con importantes consecuencias para los ciudadanos, ahora asegura contar con los votos para aprobar los cambios en la Magistratura y otros tres proyectos más, con consecuencias no menores.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24El kirchnerismo se dispone a avanzar hoy en el Senado con la controvertida reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo, con el tratamiento de cuatro de los seis proyectos que integran el paquete legislativo y cuya constitucionalidad fue cuestionada ayer en duros términos por juristas, magistrados y organizaciones profesionales y no gubernamentales convocados a la Cámara alta por los bloques de la oposición.
 
El objetivo más anhelado por el oficialismo es la reforma del Consejo de la Magistratura, proyecto que convertirá en ley si alcanza 37 votos afirmativos. 
 
Ayer, fuentes kirchneristas se mostraban confiadas en que repetirán las 39 voluntades obtenidas el 17 de abril último, cuando la iniciativa se discutió por primera vez en la Cámara alta. Aquel texto fue modificado en Diputados, por lo que volvió al Senado en segunda revisión.
 
El mismo destino, aunque sin la exigencia de una mayoría agravada, quiere darle el oficialismo a las iniciativas de acceso por Internet a las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Judicial y a las sentencias de los juzgados nacionales. El kirchnerismo también pretende aprobar el régimen de acceso de personal a la Justicia por concurso y sorteo, pero como esta iniciativa será modificada deberá volver a la Cámara baja en segunda revisión.
 
La ofensiva judicial kirchnerista en el Senado se completará con el acuerdo a una lista de 21 conjueces para ocupar eventuales vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tribunal de revisión de todas las causas de corrupción de las provincias de la Patagonia austral. La nómina está plagada de funcionarios oficialistas, en su mayoría provenientes de Santa Cruz.
 
En un último intento por detener el embate oficialista sobre el Poder Judicial, la oposición organizó ayer una reunión en la que participaron camaristas federales, miembros del Consejo de la Magistratura y de la Auditoría General de la Nación (AGN), políticos y referentes de organizaciones civiles y no gubernamentales en la que se escucharon fuertes advertencias sobre las consecuencias del paquete legislativo pergeñado por la administración de Cristina Fernández.
 
Las críticas más fuertes apuntaron al proyecto que amplía de 13 a 19 miembros el Consejo de la Magistratura, relaja las mayorías para designar y destituir jueces (se reducen de dos tercios a la mitad más uno de los miembros) e impone la elección por voto popular de los representantes de los estamentos de jueces, abogados y académicos.
 
"Esta ley es, sin dudas, una manera de hacer fraude a la ley. La ley de cobertura es la del Consejo de la Magistratura, la ley defraudada es la Constitución Nacional", denunció Gabriela Medina, presidente de la Cámara Civil y Comercial. Su colega de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal, destacó, por su parte, que con la sanción de esta reforma "con apenas diez miembros, que encima pueden no ser abogados, se puede acusar y suspender a un juez de su cargo". Agregó además que "con esto se afecta la inamovilidad de los jueces".
 
También expusieron el consejero por los abogados Daniel Ostropolsky; el presidente de la AGN, Leandro Despouy; el legislador porteño Julio Raffo (Proyecto Sur), representantes de asociaciones de abogados y el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, entre otros invitados.
 
Etchevehere relacionó la reforma judicial con otras medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, en particular las relacionadas con el campo, al afirmar que "muestran la inseguridad jurídica de la Argentina y crean un riesgo adicional al clima y a los mercados para invertir y producir".
 
Los referentes políticos también cuestionaron el requisito, introducido por el oficialismo en Diputados, que obliga a los partidos a competir bajo la misma denominación en al menos 18 distritos para poder participar de la elección de consejeros. "Es un traje a medida del kirchnerismo", denunció la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), organizadora de la reunión celebrada ayer en el Salón Illia de la Cámara alta.
 
Del total de seis iniciativas que integran la reforma judicial, dos ya fueron sancionadas: la limitación a la posibilidad de presentar medidas cautelares contra el Estado y la creación de tres cámaras de casación. Ambas leyes, como la del Consejo de la Magistratura que buscará sancionar hoy el kirchnerismo en la Cámara alta, prometen convertirse en eje de una ardua y extensa disputa sobre su constitucionalidad en los tribunales de todo el país.
 
Como sea, la oposición pese a que continúe con las críticas parece haber perdido las energías ya para encauzar un fuerte pronunciamiento ciudadano -en la calle, como hace pocos días- en contra de esta reforma, entre otros reclamos.
 
La nula transparencia en la elaboración de esta reforma que afecta a uno de los tres poderes del Estado –al día de hoy no se sabe quién ni con qué idoneidad redactó estos proyectos- tampoco fue un obstáculo para que el Congreso aprobara ya dos de estas leyes y diera media sanción a las cuatro restantes. 
 
# Casación y cautelares
 
La primera iniciativa, al crear una tercera instancia judicial, implicará una extensión de todos los procesos de entre 2 y 3 años. Si, como lo señala Fernando Frávega, secretario de la organización Será Justicia, “en el fuero de la seguridad social los juicios duran hoy siete años en promedio”, gracias a esta ley rondarán los nueve.
 
El otro aspecto inquietante es que las nuevas cámaras podrán conformarse con jueces subrogantes y/o conjueces, lo que deja su designación al arbitrio del Ejecutivo con la sola aprobación del Senado. Esto da una idea del grado de presión a la que serán susceptibles, lo que, combinado con la facultad que tienen los jueces de prorrogar sus propios plazos, autoriza a pensar que la finalidad de la creación de estas nuevas instancias no es aligerar el trabajo –eventual- de la Corte Suprema, sino quitarle poder y oficiar de tapón para aquellas causas que el Ejecutivo no desee ver avanzar. Por caso, los juicios por ajustes jubilatorios.
 
En definitiva, cuesta ver los beneficios para los ciudadanos de una ley que tendrá por consecuencia un alargamiento de los procesos que en la práctica se emparienta con la denegación de justicia.
 
La reglamentación de las cautelares en los juicios contra el Estado completa la indefensión ciudadana. La acción de amparo que un individuo inicia ante una ley o medida del Gobierno que considera lesiva a sus intereses –caso del corralito en 2001- no tendría efecto si no existiera la medida cautelar que dicta un juez para que se suspendan los efectos del acto administrativo que originó la demanda ciudadana hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En el mismo ejemplo del 2001, las cautelares habilitaron a los damnificados a retirar parte de sus ahorros atrapados en los bancos.
 
Con la nueva ley, para que una medida cautelar contra el Estado avance, el particular deberá demostrar que están en juego la vida, la seguridad del medio ambiente o la libertad de la persona. Es fácil ver hasta qué punto se restringen las posibilidades de obtener cautelares.
 
Además, de dictarse, tendrán un plazo de seis meses para el dictamen sobre la cuestión de fondo, con el “detalle” de que la sola apelación del Estado suspende la cautelar, con lo cual la finalidad de la misma –evitar el daño que le puede causar al ciudadano una ley o medida arbitraria del Estado- queda desvirtuada.
 
# Reclutamiento democrático del personal judicial (no del ejecutivo)
 
La ley que establece que el acceso al escalafón judicial se haga mediante examen y luego sorteo ya tiene media sanción. No se aprobará este miércoles en el Senado por algunas modificaciones menores que obligan a un nuevo paso por Diputados. Es el proyecto menos objetable. Desde 1994, los jueces se eligen por concurso, pero no sucede lo mismo con los demás funcionarios judiciales, de secretarios para abajo. Con esta reforma, los aspirantes deberán pasar un examen y entre quienes aprueben se hará un sorteo de las vacantes a cubrir.
 
Lo que no se entiende es por qué el Ejecutivo, que recluta discrecionalmente a su personal, no adopta para sí la modalidad que va a imponerle al Poder Judicial. Salvo algunos nichos en los cuales pesan los antecedentes técnico-profesionales –léase, Banco Central, Banco Nación, AFIP- en el resto de los organismos del Estado la incorporación de personal se hace por adscripción, es decir, “a dedo”, lo que permite que pese más la afinidad política o personal que la idoneidad. 
 
# Menos publicidad en las declaraciones juradas
 
El proyecto del Poder Ejecutivo, que ya tiene media sanción y posiblemente se apruebe hoy, extiende la obligatoriedad de dar a conocer las declaraciones juradas a los miembros del Poder Judicial –hasta ahora las de los jueces se presentaban pero no se publicaban. Al mismo tiempo las uniformiza con las de los otros poderes, lo que sería positivo si no fuera porque al mismo tiempo reduce la cantidad de información exigida. 
 
Más grave aún, deja el control de las mismas en manos de la ciudadanía, algo que puede sonar a mayor transparencia pero en la práctica es al revés. 
 
La finalidad original de estas declaraciones no es solamente prevenir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios sino también controlar incompatibilidades entre cargos e intereses. Sin embargo, los nuevos formularios no requerirán los antecedentes previos –cargos públicos y privados- del funcionario, datos que permiten detectar incompatibilidades. Sin mencionar que el ciudadano común carece de conocimientos técnicos para ejercer un control eficiente de estas declaraciones. 
 
# Transparencia sí, informatización no
 
Otro proyecto del paquete de reforma judicial prevé la obligatoriedad de dar a publicidad en Internet los fallos, acordadas, resoluciones y sentencias del Poder judicial, el mismo día de su dictado. Aunque esta medida no recibió críticas, la mayoría de los jueces y abogados recordaron que ya se aplica en buena parte del país y de las instancias judiciales.
 
La consulta de las causas por Internet es algo que ya existe en buena medida. En cambio, no se contempla en el proyecto una verdadera informatización de la Justicia que redundaría en un acortamiento de los procesos. 
 
# Control político del Consejo de la Magistratura
 
Finalmente, el principal proyecto que el Senado debatirá en la sesión de este miércoles es el que consolida el avance del Ejecutivo sobre un organismo cuya independencia quedará así definitivamente comprometida.
 
La reforma presentada por la Presidente eleva de 13 a 19 los miembros del consejo: 3 jueces, 3 abogados, 6 académicos (no necesariamente juristas), 3 senadores, 3 diputados y 1 representante del Ejecutivo. De esos 19 cargos, 12 serán elegidos directamente por voto popular: los 3 jueces, los 3 abogados y los 6 académicos. Los otros 7 se seguirán designando igual que ahora: 4 legisladores seleccionados por la mayoría parlamentaria, 2 por la primera minoría, y 1 representante del Ejecutivo. Esto significa que en adelante ni los jueces ni los abogados serán elegidos por sus pares, como es hasta ahora. Es uno de los puntos por los que los expertos tildan de inconstitucional esta ley.
 
Otro cambio para nada menor es que el Consejo ya no necesitará el voto de dos tercios de sus integrantes para designar o promover a los jueces: bastará la mitad más uno, es decir, diez.
 
El nuevo Consejo debería entrar en vigencia tras las elecciones de 2015, cuando vencen los mandatos de los actuales miembros. Pero como el oficialismo está urgido por aumentar su peso en ese organismo, agregó una cláusula excepcional al proyecto, por la cual en las próximas elecciones se votará consejeros con mandato especial de 2 años en vez de 4. Por lo tanto, en la transición, la composición del consejo será de 25 miembros.
 
La elección de los consejeros se hará por medio de boletas de los partidos políticos en elecciones generales. La fuerza que obtenga la mayor cantidad de votos colocará 8 consejeros y la que le siga, cuatro.
 
Esta nueva composición del Consejo de la Magistratura le permitirá al Gobierno controlar a los jueces con sólo obtener el 40% de los votos en las próximas legislativas.
 
Actualmente el oficialismo no dispone de los dos tercios que le permiten la remoción de jueces. Este límite quedará sorteado mediante la ampliación del Consejo y el cambio de mayorías exigidas. El resultado es que los jueces quedarán a merced de los consejeros designados por el poder político.
 

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