APUNTES PARA UNA FUTURA REFORMA PENAL

Rumores económicos falsos, 2 años de cárcel (en España)

Novedad para tiempos de grandes crisis económicas: en España penarán con cárcel la difusión de rumores que sean considerados falsos. Queda el interrogante de si, en la probabilidad de crisis no económicas, podría extenderse la penalización a otros rumores que puedan ser considerados falsos.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En el día de mañana, día de Nochebuena, entrarán en vigor en España los cambios normativos impuestos hace ya seis meses con la publicación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio en el Boletín Oficial del Estado y que viene a reformar sustancialmente el Código Penal que estaba vigente en España desde 1995. Muchos de ellos afectan a cuestiones esenciales del llamado Derecho Penal de la empresa, toda una innovación y cambio de paradigma en el derecho penal tradicional.

El más importante es que la responsabilidad penal, que hasta ahora sólo podía centrarse sobre personas físicas, también recaerá ahora a las personas jurídicas. Pero hay otros puntos de la reforma que se refieren a materia mercantil, fiscal, laboral, administrativa y medioambiental que vale la pena destacar y, eventualmente copiar en nuestro país, saliéndose del molde que solo nos permite pensar reformas penales en términos de baja de la edad de la imputabilidad. Si bien es cierto que menores delinquen, también lo es que las empresas también lo hacen y que las modalidades delictivas se van modificando y adaptando a los tiempos y recursos existentes. La lucha contra la impunidad debe ser total y más fuerte contra los que tienen capacidad de organizarse que contra los que apenas si disciernen que delinquen.

Sería incalculablemente beneficioso para nuestro país poder contar con legisladores que se aboquen también a los temas importantes y no solo a los urgentes, legislando así para el futuro y no solo para la coyuntura (que no es sino el resultado de lo legislado por sus antecesores).

"1. Acoso laboral o mobbing

Se tipifica como delito (art. 173.1) cuando en el ámbito de cualquier relación laboral y prevaliéndose de su relación de superioridad, se produzcan de forma reiterada actos humillantes u hostiles sin llegar a constituir trato degradante. Será pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o los medios empleados. Hasta ahora en el trabajo sólo constituía delito el acoso sexual.

2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Es la gran novedad de la reforma para las empresas. Por primera vez en España las personas jurídicas (empresas, instituciones, etc.) responderán penalmente de sus actos y los cometidos por sus administradores o empleados y directivos a su supervisión. Siempre que no se hayan establecido los controles internos adecuados de prevención o los empleados hayan cometido el delito por cuenta y nombre de la empresa (artículo 31 bis).

Además la nueva responsabilidad penal de la persona jurídica no es alternativa sino acumulativa a las personas físicas materialmente responsables de delito y a pesar de que ésta última no haya podido ser individualizada. Las penas aplicables serán desde multas proporcionales, pérdida de subvenciones, suspensión de actividades hasta 5 años, clausura de sus locales e incluso disolución de la sociedad. Este artículo no se aplicará a determinadas personas jurídicas, como el Estado o las Administraciones Públicas.

Los países que hasta ahora habían regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas son: EEUU, Francia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estonia, Bélgica, Chile, Canadá, Brasil y Portugal.

3. Acceso ilegal a sistemas y daños informáticos

El texto sanciona el acceso sin autorización a datos o programas informáticos (art. 197.3). Esta conducta se incluye entre los delitos contra la intimidad y revelación de secretos. También se incluye el sabotaje informático (art. 264), cuando el objetivo es dañar, alterar, suprimir o hacer inaccesible datos o programas electrónicos ajenos.

4. Estafa

La reforma introduce una nueva modalidad de estafa consistente en la utilización de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (art. 248.2.c). Se establece específicamente la cifra de 50.000 euros como cuantía de notoria gravedad.

5. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial

Se concreta la acción típica de este delito. Además de la reproducción, imitación o modificación de una marca, ya no se considera delito cualquier utilización de la marca registrada, sino la usurpación de la misma.

6. Abuso de mercado

A partir de hora se considera delito con castigos de 6 meses a 2 años de prisión la difusión de rumores con datos económicos falsos (art. 284-2) a sabiendas de que lo son, siempre que persiga un beneficio económico para sí o para un tercero por más de €300.000. También se reordena el uso de información privilegiada (art. 284-3).

El artículo 284 incluye un nuevo apartado que contempla la modalidad comisiva integrada por la difusión de noticias o rumores donde se ofrezcan datos económicos falsos, que sustituye la actual referencia a la difusión de noticias falsas. El cambio trata de frenar el aumento de los dañinos rumores empresariales y económicos “no verdaderos” que han proliferado, sobre todo, con el consumo masivo de noticias a través de medios de comunicación en Internet, y en foros y redes sociales.

En concreto, y según apunta el apartado 2 del citado artículo 284, a partir de ahora, se impondrán penas de prisión de seis meses a dos años a “quienes difundan noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieron datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero”. Se incluye, además, la condición de que se obtenga para sí o para un tercero un beneficio económico superior a los 300.000 euros o un perjuicio de idéntica cantidad.

7. Blanqueo de capitales

A las conductas típicas de adquisición, conversión y transmisión de bienes procedentes de un delito, se añaden ahora las conductas de posesión y utilización de esos bienes.

8. Delitos contra ordenación del territorio y Urbanismo

Las conductas en relación de obras y la concesión de licencias se reordenan. Los sujetos activos son los mismos: promotores, constructores o técnicos, pero la conducta se amplía a las obra de urbanización, construcciones o edificaciones. Además, en la prevaricación urbanística se amplía el ámbito de los objetos sobre los que puede recaer la decisión injusta.

9. Delitos contra el Medio Ambiente

Hay amplias novedades en cuatro grandes bloques: transporte y gestión de residuos, protección de la capa de ozono, protección de hábitats de especies amenazadas y radiaciones ionizantes.

10. Delitos de falsedad documental

Falsificar tarjetas de crédito ya no se considera una falsificación de moneda, sino documental, con lo que ya no es competencia de la Audiencia Nacional. Se equipara el uso de documento falso y auténtico por persona no autorizada".

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