Asimismo, solicitó que Randazzo detalle el porcentaje sobre el total de la contratación y toda información acerca de cuentas bancarias, destinatarios, formas de pago y cobro del contrato, además de la resolución por la que se le dio de baja.
Además, solicitó que declaren como testigos los directores de las 10 empresas restantes que se presentaron a la licitación, entre otras medidas de prueba que no fueron reveladas, ya que incluyen diligencias en Inglaterra.
Ahora el juez Ercolini debe resolver si hace lugar a los planteos y si envía la causa a su par Sergio Torres, quien tiene otra denuncia por la Sube, y le pide ese expediente para acumularlo.
Junto con Schiavi, el fiscal González también imputó a Marcelo de Luca, asesor de la Jefatura de Gabinete de la secretaría, y a Nora Turco, directora Nacional de Planificación y Coordinación de Transporte, entre otras personas.
El escándalo (que incluye sueldos de hasta 2 millones de pesos de los ejecutivos) llevó a que Randazzo tuviera que suspender el contrato, pero la SUBE ya venía con otros problemas:
Desde el comienzo, todo lo que rodeó a la tarjeta SUBE fue desinformación e improvisación.
Tras imponer un plazo para retirarla de forma gratuita, el Gobierno provocó largas colas en los puestos de venta en pleno verano y a altas temperaturas.
Luego habilitó una página web, haciendo que el trámite deje de ser personal y tras que miles de personas hicieron larguísimas colas, con demoras de hasta 3 horas, para obtener su tarjeta.
Otro escándalo de Schiavi
El tema de los controles en la tarjeta SUBE no es el único que salpica a Juan Pablo Schiavi, quien fue secretario de Transporte hasta después de la Tragedia de Once, quien al parecer acompañará a Ricardo Jaime, primer secretario de Transporte del kirchnerismo y fiel ladero de Néstor Kirchner, en el banquillo de los acusados por haber recibido dádivas de empresarios.
El fiscal federal Guillermo Marijuán quiere que Schiavi vaya a juicio oral y público por haber viajado a Brasil en un avión privado que pagó el empresario Claudio Cirigliano, justamente dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA) la empresa a cargo de la explotación de, entre otras líneas férreas, la del Sarmiento.
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Jaime está a la espera del juicio oral y público luego de que el juez Bonadio lo procesara junto a Cirigliano y al testaferro del ex funcionario Manuel Vázquez por los viajes de placer realizados en taxis aéreos. Ese procesamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal que benefició a Cirigliano con la prescripción del delito. Esa decisión fue apelada.
En el expediente que se originó en 2009 por la denuncia del ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, en la actualidad, diputado nacional, estaban imputados Schiavi -cuando era ministro de Obras Públicas de la Ciudad- el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial del kirchnerismo, Ricardo Cirielli y Laura Gouvert, ex secretaria de Jaime, entre otros.
Bonadio procesó a Jaime, Cirigliano y Vázquez y Jorge Molina -ex directivo de Aerolíneas Argentinas que le dio un pasaje de gentileza a Jaime- por el delito de dádivas. Esa parte de la investigación fue elevada a juicio oral. Pero en diciembre de 2011 Bonadio sobreseyó a Schiavi, Cirielli, Gouvert y Vázquez -por algunos de los 15 viajes investigados-, además de a varios empresarios ligados a la comercialización de los taxis aéreos: Gustavo Carmona, Ricardo Izquierdo y Alejandro Véntola.
Marijuán apeló esa decisión y será la Cámara Federal la que defina si el recientemente renunciado secretario de Transporte será enjuiciado junto con Jaime.
Bonadio había sobreseído a Schiavi y Cirielli porque sostuvo que no se podía demostrar que supieran que los viajes los pagaba Cirigliano. Ambos ex funcionarios habían subido a los aviones (en septiembre y noviembre de 2006) invitados por Jaime para hacer gestiones en Brasil relacionadas con el subterráneo y una línea aérea. En su defensa habían alegado que ellos no decidieron ni cómo ni cuándo ni en qué avión iban.
El fiscal sostiene respecto de Schiavi, Cirielli, Vázquez y Gouvert (todos funcionarios que viajaron a Brasil en aviones junto a Jaime y Cirigliano) que sabían que ese vuelo no era pagado por el Estado. Y que no podían desconocer que tanto Cirigliano, como Marcelo Calderón, ejecutivo de TBA y pasajero de uno de los vuelos, estaban a cargo de empresas que debían ser controladas por la Secretaría de Transporte.
En consecuencia, será la Cámara Federal la que decida si los dos primeros secretarios de Transporte K serán enjuiciados juntos por su relación con los empresarios del área en la que ejercían el control en nombre del Estado.
