¿NUEVO TEMPLO A LA CORRUPCIÓN?

SUBE: El Yacyretá de Cristina

Símbolo de la corrupción en la obra pública, la central hidroeléctrica prometía mejorar la calidad de vida de miles de argentinos con su energía. Lo mismo promete la tarjeta SUBE, pero al igual que Yacyretá acumulá improvisación, mentiras y ahora aparece la corrupción. Este jueves (12/07) Randazzo tuvo que suspender el contrato de la empresa que supervisaba la SUBE por sus inocultables irregularidades.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Los grandes proyectos de obra pública en Argentina por lo general estuvieron rodeados de sospechas y falta de transparencia en sus procesos. Con la central hidroeléctrica de Yacyretá quizás se logró el máximo exponente de esa raza de obras públicas, tanto que Carlos Menem la llamó “el templo a la corrupción” y Transparencia Internacional la incluyó en su listado de las 10 obras públicas más corruptas del mundo.

Yacyretá y la tarjeta SUBE de Cristina tienen varios parecidos. Además de prometer cambiarle la calidad de vida a millones de argentinos (en el caso de la represa también a los paraguayos, aunque la SUBE la utilizan muchos de los extranjeros de países vecinos que trabajan en nuestro país), durante su joven vida ya suma improvisación, falsa información, cambios de reglas en su implementación, sospechas sobre el uso de la información personal y graves denuncias de corrupción que incluyen obviamente fondos públicos y que desde este jueves (12/07) ya son inocultables para el Gobierno al punto de que Florencio Randazzo anunció que suspendía el contrato con la empresa encargada de supervisar la tarjeta magnética.

Comenzando por este último, el ministro de Interior y Transporte –que dicho sea de paso heredó la SUBE y los problemas del Transporte que arrastra la Argentina y la gestión K- tuvo que anunciar que suspendió "la ejecución del contrato y de los pagos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que llevaba adelante la supervisión de la tarjeta SUBE".

Asimismo, dio " intervención a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que en el marco de de sus competencias analice dicha contratación, sus alcances y las medidas que correspondan tomar al respecto".

Del mismo modo, el Ministerio pedirá la colaboración de la Auditoría General de la Nación para que trabaje "en el mismo sentido que la SIGEN".

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"Hasta tanto se defina el futuro de ese contrato, el equipo de informática del ministerio del Interior y Transporte se encargará de supervisar la aplicación de la tarjeta SUBE", señaló el Ministerio del Interior y Transporte en un comunicado.

La contratación de la UTE fue muy cuestionada y hasta denunciada por la oposición por varias irregularidades.

Para empezar su auditoría fue $10 millones más cara que los otros ofertantes en licitación pública.

La auditoría, clave para controlar a los funcionarios a cargo del boleto electrónico, se gestó entre irregularidades. Pese a que el proceso contó con 6 empresas interesadas, la secretaría de Transporte no eligió la oferta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una propuesta $10 millones más barata, pero el Estado eligió a otro consorcio.

El consorcio compuesto por Global Infraestructure SA (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA) se quedó con la licitación.

Su oferta fue de $47,9 millones (sin impuestos).

Su máxima competidora, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por PWC SA y Barimont SA ofreció $ 38,1 (sin impuestos).

Un diferencia del 25% por el mismo trabajo.

Desgranando a la UTE surge algo ya conocido. Global Infraestructure SA tiene un domicilio registrado en Gran Bretaña que es un estudio de contadores que recibe su correspondencia. Se trata nada menos de que la supuesta casa matriz de la firma.

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Como reveló el diario La Nación, “ GI no existía cuando la licitación para supervisar el boleto electrónico ya había comenzado. La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el registro oficial de Inglaterra y Gales con un capital de 1 libra. Su domicilio fundacional era 78 York Street, en Londres, una dirección alquilada por 60 dólares mensuales que funciona como oficina virtual. Con esos mismos datos, la firma inglesa está registrada ante la Inspección General de Justicia de la Argentina”.

Además, “ GI tampoco tiene sede en la Argentina: en Tucumán 1, 4° piso -dirección señalada en su página web-, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese todavía es su domicilio legal en la Argentina”.

Entre los integrantes de UTE aparece además Gonzalez Fischer & Asociados S.A. Se trata de una organización profesional creada en el año 1948 con “el objetivo de brindar, a la Mediana y Pequeña Empresa, servicios profesionales integrales con soluciones personalizadas y efectivas”, reza su presentación institucional que poco tiene que ver con los subtes.

En tanto, el titular de IRV SA es el marido de la secretaria de la directora nacional de Coordinación y Planificación del Transporte, Nora Turco, quien decidió la licitación.

Iatasa SA, habría ganado 12 licitaciones del Estado, la mayoría de la Secretaría de Transporte.

El detonante terminó siendo que el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por el modo en que fue adjudicada la licitación.

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El escándalo (que incluye sueldos de hasta 2 millones de pesos de los ejecutivos) llevó a que Randazzo tuviera que suspender el contrato, pero la SUBE ya venía con otros problemas:

Desde el comienzo, todo lo que rodeó a la tarjeta SUBE fue desinformación e improvisación.

Tras imponer un plazo para retirarla de forma gratuita, el Gobierno provocó largas colas en los puestos de venta en pleno verano y a altas temperaturas.

Luego habilitó una página web, haciendo que el trámite deje de ser personal y tras que miles de personas hicieron larguísimas colas, con demoras de hasta 3 horas, para obtener su tarjeta.

A todo esto, la SUBE cobró importancia ante el anuncio de quita del subsidio al transporte por parte del Gobierno y el consecuente aumento del pasaje, algo que la tragedia de Once dejó en suspenso.

Tampoco todas las líneas de colectivos poseían la máquina para pasar la tarjeta.

Y se desconocía el aumento del pasaje de tren o colectivo para los que no tuvieran la tarjeta y para los que sí tampoco se sabía cuánto (y se sigue sin saberlo) pagarían según el uso que le darían al medio de transporte. Esto fue parte de un discurso de Cristina de hecho, donde explicó el avance de dirigir los subsidios a quienes los necesiten.

El precio de la SUBE: Tras el período de gratuidad se anunció que sería de 10 pesos. Pero esta semana aumentó (ya sea por obtenerla por primera vez, para renovación, o por robo o pérdida), a $ 15.

O sea que en cuatro meses aumentó un 50%, el doble de la inflación privada prevista para todo el año.

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