Piden derogar la ley de Emergencia Económica de Cristina

La oposición considera que esta Ley tuvo que ver con la crisis económica y social del año 2001 y que hoy no existe ninguna razón objetiva para mantener la ley de emergencia

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24)  El diputado  de la Nación Horacio Piemonte (Coalición Cívica-Buenos Aires) presentó un Proyecto de Ley  por el que solicita la derogación de la Ley 26.729, de Emergencia Económica sancionada en el año 2002.

Piemonte recordó que “esta Ley tuvo que ver con la crisis económica y social del año 2001. Más allá de que existan dificultades económicas y graves problemas sociales, no existe ninguna razón objetiva para mantener la ley de emergencia”.
 
En el año 2002, la economía registraba años de estancamiento y depresión económica, altos niveles de desempleo y alto endeudamiento del sector público nacional. “Hoy el Gobierno Nacional usa la emergencia económica para seguir manejándose con absoluta discrecionalidad", dijo el legislador bonaerense
 
Piamonte señaló "Deberíamos contar con el apoyo del oficialismo para derogar la emergencia ya que el relato oficial habla del país de las maravillas. Mantener vigente esta ley sería incongruente con ese relato”.
 
La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario fue votada por primera vez a principios de enero de 2002, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y en medio de una crisis económica y social, que disminuyó las condiciones de vida de la población. 
 
Luego de la crisis de 2001, la ley fue prorrogada parcialmente año a año hasta llegar al 2011, cuando el oficialismo logró -con los votos de sus aliados- ratificar la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2013. 
 
Lo cierto es que la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en su artículo 76, “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública”. En esos casos, lo que el Poder Ejecutivo decida debe tener un plazo fijado.
 
La ley 23697, es una herramienta que permite al Poder Ejecutivo renegociar contratos de servicios públicos, reordenar el sistema financiero, el bancario y el mercado de cambios, reactivar la economía, mejorar el nivel de empleo y la distribución de ingresos y crear las condiciones para la reestructuración de la deuda pública.
 
"La derogación de la prórroga a la mal llamada Ley de Emergencia Económica por, básicamente, dos razones: en primer lugar, entendemos que tal como está planteada la ley de emergencia económica, es difícil encuadrarla dentro del marco de lo que permite la Constitución Nacional en su artículo 76, cuando establece que las facultades delegadas deben ser acotadas en objetivos y en tiempos. El recurso de la legislación de “emergencia econó¬mica” ha dejado de ser, en la última década, un recurso excepcionalísimo, produciéndose una distorsión del “estado de emer-gencia”. Lamentablemente, tanto el Gobierno Nacional como este Parlamento han abusado de este mecanismo, que amenaza los propios principios constitucionales", fundamentó Piamonte en su proyecto de ley.
 
Agregó "En segundo lugar, en 2002, la economía registraba años sucesivos de estancamiento y depresión económica, altos niveles de desempleo, altos niveles de endeudamiento del sector público nacional generado por una acumulación de años con cuentas fiscales deficitarias.
La situación interna estuvo exacerbada por un contexto económico internacional poco favorable para la estructura productiva argentina, sesgada a la producción primaria, por el deterioro de los precios internacionales de las materias primas y la fuerte apreciación que tuvo el dólar norteamericano, divisa de referencia para el comercio internacional en general y de materias primas en particular".
 
La Emergencia Económica deja en manos de la presidente Cristina Fernández, la Renegociación de los Contratos de Obras y Servicios Públicos, la Emergencia Sanitaria Nacional, la Emergencia Ocupacional Nacional, la Emergencia Alimentaria Nacional y el Programa Jefes de Hogar. También el reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
 
También incluye la posibilidad de reorganizar los sistemas bancario, financiero y cambiario, de normalizar la deuda pública en default y de disponer de fondos para una serie de programas sanitarios y alimentarios, como el programa Jefes y Jefas de Hogar.
 
Estas facultades son considerada por la oposición, como “inconstitucional” ya que es un atributo del Congreso.
 
 
 
 
 
 
 
 

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