La entrada de Morsi al palacio presidencial representa el ascenso de una nueva clase social en Egipto, vetada hasta hace poco del ejercicio de cualquier resorte de poder.
Morsi se impuso por apenas 3 puntos porcentuales a Ahmed Shafiq, el último 1er. ministro de Hosni Mubarak, y considerado el candidato preferido de la Junta Militar en las elecciones presidenciales celebradas los pasados días 16 y 17 de junio.
Tras la jura formal, el flamante presidente egipcio se comprometió con el "renacimiento de una nación fuerte, con su pueblo, su historia, sus instituciones y su corte constitucional".
Morsi elogió, a pesar de que el Tribunal fue la instancia judicial que disolvió el Parlamento, la "independencia" y la "eficacia" del Tribunal Constitucional, prometió velar por su "libertad" y respetar sus veredictos.
Luego, Morsi se dirigió a la Universidad de El Cairo, donde él se graduó en ingeniería, para pronunciar su discurso de investidura en un auditorio repleto de personalidades. Entre ellas, Husein Tantaui, el presidente de la Junta Militar; y Kamal Ganzuri, el 1er. ministro saliente.
Allí, Morsi llevó a cabo su 3er. juramento en menos de 24 horas.
Debe recordarse que todo comenzó el viernes 29/06, en la plaza Tahrir, donde el aún Presidente electo se dio un "baño de masas".
En su nuevo mensaje, Morsi expresó su respeto a las Fuerzas Armadas, a las que agradeció su papel en la gestión del país durante la fase transitoria. Pero recordó que el Parlamento, disuelto tras una sentencia del Tribunal Constitucional, es quien detenta la soberanía popular.
"El ejército es el escudo del país, y volverá a ejercer sus funciones de proteger las fronteras y la seguridad nacional", proclamó ante la atenta mirada del mariscal Tantaui.
El futuro del Legislativo y los poderes del presidente Morsi se perfilan como la próxima batalla entre islamistas y militares.
Según la declaración constitucional suplementaria, la Junta Militar ostenta el poder legislativo, y posee el derecho de veto en el proceso de redacción de la Constitución y en las cuestiones relativas a la seguridad nacional.
Sin embargo, los islamistas no consideran legítimo el texto, y están dispuestos a recurrir a la presión popular para anularlo.
