La carrera universitaria del candidato oficial a procurador general, se eleva a 5,5 si se contabilizan sólo los exámenes aprobados.
“Se lo postula para un cargo de enorme relevancia institucional, de jerarquía constitucional; un cargo en el que la persona actúa ante la Corte Suprema y tiene que tener una sólida formación constitucional”, dijo el legislador.
Reposo “no califica ni para fiscal de primera instancia”, lo descalificó.
Gil Lavedra destacó que, según el certificado analítico, Reposo “tiene bochazos” en Derecho Penal y Derecho Constitucional, y “no hay nada ulterior, ni cursos, ni estudios que puedan subsanar eso”.
De acuerdo con el certificado analítico emitido por la Universidad de Buenos Aires, Reposo rindió 3 veces Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional II, hasta que las aprobó. Pero entre todas las áreas del derecho, su peor desempeño fue en Penal: aprobó las 2 materias del área, Derecho Penal I y Derecho Penal II, con 4, la nota mínima, y Procesal Penal, con 5. Penal I y Procesal Penal las pasó en el 2do. intento. La 1ra. vez obtuvo un 2 en ambas.
Gil Lavedra agregó que el candidato “tiene inhabilidad moral” por haber “falseado datos en su currículum, como poner conferencias que no dio, que son inexistentes” o “mencionar conferencias cuando él (sólo) presentó al disertante”.
“En circunstancias normales un senador seriamente no puede designar a este hombre”, concluyó, y exhortó a “estar muy atentos a quienes votan y cómo lo hacen”.
Las calificaciones universitarias de Reposo figuran en el certificado analítico de la carrera emitido el miércoles 23/05 por la Universidad de Buenos Aires, a pedido de Ricardo Gil Lavedra, quien incluyó el documento en su impugnación contra Reposo.
"Las notas no son determinantes, pero como no hay antecedentes ulteriores que las robustezcan cobran un valor fundamental: su currículum exhibe una pobreza insultante para procurador general de la Nación", afirmó Gil Lavedra.
"El currículum habla por él -agregó-. Demuestra que es un mentiroso porque lo ha falseado a conciencia y refiere una supuesta diversidad de temas de especialidad que prueba que no sabe nada."
Del currículum-vitae de Reposo no surge que haya cursado estudio alguno sobre esta materia después de recibirse de abogado, pero si el Senado aprueba su postulación, él -quien tendrá la misma jerarquía que los jueces de la Corte Suprema- se convertirá en el jefe de los fiscales: ellos se desempeñan, en su mayoría, en el fuero penal y son los responsables de impulsar las investigaciones.
Además, será quien diseñe la "política criminal" y eso lo autorizará, por ejemplo, a instruir a los fiscales sobre qué delitos deben perseguir con mayor énfasis; también podrá indicarles cómo interpretar las normas.
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En tanto, aparecen diferencias, y críticas, en el cristinismo acerca de quien se encuentra al frente de la Procuración General en forma interina: Santiago González Warcalde.
Horacio Verbitsky, desde Página/12, es el vocero de quienes cuestionan ya al suplente de Esteban Righi, hoy titular de ese organismo. Ahora, considerando los argumentos de Verbitsky contra González Warcalde, Reposo nunca podría ser el candidato de Cristina Fernández.
¿Los de los 'derechos humanos' ya están empujando por un candidato propio?:
"La renuncia de Esteban Righi se está dejando sentir en la Procuración General de la Nación. Su titular interino Santiago González Warcalde decidió no esperar que el Senado tratara el pliego de Daniel Reposo enviado por el Poder Ejecutivo y creó una serie de cargos muy bien remunerados, en los cuales designó a personas de su confianza personal. Con el mismo criterio dispuso ascensos sin tomar en cuenta el escalafón.
González Warcalde creó dos cargos de Secretario, con rango y sueldo de camarista, en los que designó a los secretarios letrados Gustavo López Arean y Jaquelina Clemmensen.
A López Arean le delegó la representación del Procurador ante organizaciones internacionales. Esos son cargos a los que en una situación normal se llega sorteando difíciles concursos y luego de veinte años de carrera. También engrosó la burocracia con tres secretarios letrados, que perciben la misma remuneración que un juez de primera instancia: Benjamín Fernández Pezzano, Pablo Daniel Eiroa y Claudia Pichetto.
Además ascendió tres escalones a Marina Narvaez (de oficial a subsecretaria letrada), de subsecretaria a prosecretaria a Clarisa Federico, y de encargado a supervisor a Omar Antonio Cardoso. Las jefas de despacho Soledad Estrada Bazán y Mariana Barbosa pasarán a ser Prosecretarias.
El escribiente Francisco Palma saltó cuatro rangos para ser Prosecretario y la escribiente auxiliar Angeles María Martínez Zuviría, cinco. Cuatro escalones fue la marca del escribiente auxiliar Agustín Moreno para llegar a jefe de despacho. La ausencia de Righi también ha tenido otras consecuencias.
González Warcalde cesó al fiscal Sandro Abraldes en la causa por el intento de soborno en beneficio de José Pedraza y los otros dirigentes ferroviarios procesados por el asesinato de Mariano Ferreyra. Abraldes, quien investigó la actuación policial en el caso, era subrogante en la causa conexa por los sobornos, pero Righi le había garantizado la continuidad mientras durara la investigación.
El caso será retomado por el juez Luis Osvaldo Rodríguez, quien no mostró decisión por avanzar en estas responsabilidades que involucran a jueces y funcionarios de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Sin un fiscal activo como Abraldes, el resultado es previsible, pese a la abundante prueba obtenida, como un sobre con el mismo monto de dinero que en varias escuchas telefónicas se mencionó como parte del pago para liberar a Pedraza.
Tampoco los juicios por crímenes de lesa humanidad parecen interesar a González Warcalde, quien quitó la facultad de superintendencia al fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, sobre los fiscales de primera instancia de su jurisdicción, entre ellos las de San Rafael y san Luis, Gloria André y Mónica Spagnolo, que responden al prófugo ex camarista Otilio Romano, quien fue removido en juicio político luego de obstaculizar durante años el avance de las investigaciones. Tanto André como Spagnolo han sido cuestionadas por la misma razón por los organismos defensores de los derechos humanos."
Pero Reposo no es el único problema. También lo es Amado Boudou, presidente del Senado y aliado de Reposo.
En Los Andes, de la ciudad de Mendoza, se lee:
"(...) A los 20 sufragios con que cuenta, la UCR ha sumado el de María Eugenia Estenssoro. Aún así, harían falta cuatro voluntades más para cortar el paso al pliego de un abogado que, afirman, no reúne los requisitos de idoneidad y seriedad que exige el cargo de jefe de los fiscales.
Los radicales depositan sus esperanzas en un grupo de legisladores que deben renovar mandato y a los que les vendría bien levantar el perfil y convertirse en el factor decisivo de una “patriada” que pondría límites al avasallante rodillo oficialista. Pero no es ese tema el que encrespa los ánimos. Tampoco lo son las disposiciones que, emanadas de la presidencia del Senado, habrían dejado de a pie a un grupo importante de legisladores.
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Según cuentan, los autos más nuevos de la flota destinada a la Cámara han sido asignados a Amado Boudou, a su numerosa custodia, a su amigo, el flamante secretario parlamentario Juan -Juanchi- Zabaleta, a funcionarios nombrados por el vicepresidente y a militantes de La Cámpora. El resto de las unidades está reservado a los jefes de bloque y titulares de las comisiones.
La verdadera etiología del descontento que se extiende en el principal bloque opositor es de otra índole. Podría definírsela como de orden moral y se afinca en la irritación que produce a los senadores radicales tener que dirigirse al “señor Presidente” cada vez que hacen uso de la palabra; en la insalvable incomodidad, en la sensación de humillación que les provoca el hecho de que el encargado de ordenar los debates, de llamarlos al orden y recordarles el reglamento sea un abonado a la portada de los diarios y a los sorteos de la Justicia Federal.
El asunto tomó cuerpo en las últimas reuniones del bloque y los radicales hicieron catarsis. Hubo consenso: “Si al Gobierno le divierte esta situación y la Justicia no actúa, nosotros estamos obligados a hacer algo”, fue la conclusión.
Para que el “consenso” se transforme en decisión hará falta que esas dos charlas adquieran un carácter formal. Por lo pronto, el “algo” en el que coincidieron los senadores radicales comenzó a delinearse y se plasmó en una sugerencia inusual: ausentarse de las sesiones que presida el economista de sonrisa gardeliana. Con una excepción: a aquella en la que se decida la suerte de Reposo no faltarán. (...)".
