LEY DE MEDIOS

Clarín culpó al Gobierno por las dilaciones en el artículo 161

Luego de que la Corte Suprema Suprema de Justicia de la Nación ordenara a la Justicia en lo Civil y Comercial Federal definir los plazos de desinversión antes del 07/12, los abogados del multimedios dieron a conocer un extenso informe en el que responsabilizan de todas las dilaciones que tuvo el expediente "pura y exclusivamente a la conducta del Estado Nacional". Un dato que no puede pasar desapercibido: el fallo deja en claro que si las maniobras dilatorias del Estado en la causa de fondo subsisten, y esta no se resuelve para diciembre, se puede pedir una ampliación de la cautelar. Luego, otro tema no menor: la escasa voluntad del Gobierno para hacer cumplir la ley de medios a otros grupos que no acudieron a la Justicia y que incumplen la ley.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Grupo Clarín responsabilizó este martes (22/05) de todas las dilaciones que tuvo el expediente, en el que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Medios y su inaplicabilidad respecto de algunas de sus licencias y señales, "pura y exclusivamente a la conducta del Estado Nacional".
 
Luego de que la Corte Suprema pusiera un plazo a Clarín para desinvertir (ver nota relacionada), los abogados del Grupo dieron a conocer un extenso Informe, a través del cual se realizó un seguimiento cronológico de los pasos dados por las partes en cada una de las instancias procesales.
 
Con la fecha cierta de finalización del amparo que puso la Corte hoy, el 07/12, la velocidad con que siga adelante la causa resulta sustancial para que el juez pueda fallar a tiempo sobre el fondo de la cuestión. 
 
La Corte señaló en su resolución que existieron dilaciones de las dos partes e inclusive conminó al Estado a no demorar la tramitación de la causa, ya que, si ello ocurriera, "la vigencia de la cautelar podría extenderse en el tiempo", dijo.
 
El primer hecho que se resaltó en el Informe de los abogados es que, tras la demanda del 5 de febrero de 2010, el Estado solicitó que se la tenga por "no interpuesta" con fecha 17 de febrero y se señaló que la tramitación de esa incidencia demoró el trámite del expediente por cuatro meses, "por un planteo del Estado".
 
"Asimismo, por un recurso de queja también planteado por el Estado Nacional, la Sala interviniente requirió los autos principales y estuvieron en la misma por otros tres meses más", añadió el Informe.
 
En el mismo se manifiesta que la notificación a la Procuración del Tesoro de la Nación haciendo saber la existencia de las actuaciones, "atrasó el plazo durante 20 días hábiles más".
 
Según los abogados de Clarín, debido también "a maniobras procesales dilatorias llevadas a cabo por el Estado Nacional, el expediente fue remitido a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal por un total de siete meses, con más el tiempo que duró la feria judicial de invierno de 2010".
 
En otro ítem, se señaló que "el oficio corriendo traslado de demanda salió firmado con fecha 12 de noviembre de 2010 y el Estado Nacional fue notificado con fecha 17 de noviembre, siendo contestada la misma con fecha 18 de marzo de 2011 (casi 60 días hábiles después de notificado, conforme el plazo que posee por ley)", Después se señaló que "el expediente fue abierto a prueba el 27 de septiembre de 2011 y con fecha 24 de noviembre de 2011 se celebró la audiencia prevista en el artículo 360, fecha en la cual se proveyeron las pruebas ofrecidas".
 
El Informe también recordó que "en la actualidad", restan producirse los siguientes medios probatorios:
 
a) remisión completa por parte de AFSCA de varios expedientes administrativos, ya que sólo se recibieron algunos "luego de dos oficios diligenciados";
 
b) una prueba pericial en Economía;
 
c) una prueba pericial Contable y d) una Prueba pericial en ingeniería en telecomunicaciones, objetada por el Estado Nacional. 
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Comunicado del Grupo Clarín
 
"El Grupo Clarín señala que la medida cautelar cuyo plazo fijó hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompaña un juicio de fondo que tramita por ante la Justicia Federal Civil y Comercial de la Capital Federal.
 
Dicho juicio plantea la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Medios y se encuentra en pleno trámite. El Estado Nacional viene buscado demorar de manera sistemática el avance de ese juicio de fondo, apelando a trabas procesales.
 
Como ha dicho la Corte, las medidas cautelares no remplazan a las acciones de fondo sino que protegen los derechos invocados durante su debate judicial.
 
El Grupo Clarín espera que al vencimiento de la cautelar fijado por la Corte, dicho juicio de fondo pueda estar concluido. De no ser así, el fallo conocido hoy también prevé eventuales medidas para que esos derechos no se vean vulnerados."

 

Curiosidades del artículo 161
 
> Todo el fallo insiste en que las medidas cautelares están para acompañar juicios de fondo, y que por eso no pueden prorrogarse indefinidamente, porque terminan remplazando al juicio de fondo. Estas medidas protegen los derechos vulnerados mientras se debate la constitucionalidad en el juicio de fondo.
 
> En este caso, el juicio de fondo se lleva a cabo en la Justicia Federal Civil y Comercial y demanda la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la ley. Grupo Clarín niega haberlo demorado alguna vez, tal como acusaba el Ejecutivo Nacional. De acuerdo a Clarín, quien lo demoró con trabas procesales y dilaciones fue el Estado.
 
> Por lo tanto, el plazo de casi 1 año que transcurrió entre la cautelar (2009) y la notificación de la demanda (2010) es responsabilidad del Estado, no de la demandante. Hubo  diversas medidas previas, impugnaciones y apelaciones del propio Estado que quería evitar que se trabe la litis.
 
> Sin embargo, un dato que no puede pasar desapercibido: el fallo deja en claro que si estas maniobras dilatorias del Estado en la causa de fondo subsisten, y esta no se resuelve para diciembre, se puede pedir una ampliación de la cautelar.
 
>  Un tema no menor es la escasa voluntad del Gobierno para hacer cumplir la ley de  medios a los grupos que no acudieron a la Justicia y que incumplen la ley.
 
>  Se da la paradoja que hay varios grupos (Telefónica, González González, Cristóbal López, Vila-Manzano, Electroingeniería, Szpolski, Prisa, etc.) que incumplen abiertamente la ley y ni siquiera fueron a la Justicia a demandar que sus derechos constitucionales fueron afectados. Esos grupos deberían haber desinvertido en diciembre de 2011 y ni siquiera fueron intimados por el AFSCA. O sea, llevan 2 años y medio de plazo sin cautelar ni nada.

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