CANAL MARTÍN GARCÍA

Crisis en el Río de la Plata

Urgente24 viene siguiendo la disputa entre la Argentina y Uruguay por el dragado del canal Martín García en el Río de la Plata. En Uruguay el tema provocó una crisis que obligó al gobierno de José Mujica a endurecer su reclamo a la Argentina, aunque todavía intenta un acuerdo.

 

La oposición parlamentaria uruguaya propuso al gobierno de José Mujica dragar a 34 pies el canal Martín García de forma unilateral, y dejar atrás las negociaciones ya establecidas con el gobierno argentino para hacerlo de forma conjunta. 
 
Si Uruguay lo hiciera en forma unilateral, debería esperar a que la Argentina respondiera negativamente a la propuesta, para lo cual tiene un plazo de 180 días –con prórrogas–, según establece el tratado de la Comisión Administradora del Río de la Plata.
 
Operadores marítimos del sector privado explicaron que dragar de forma unilateral el canal que nace en el kilómetro 0 del Río de la Plata para llevarlo de 32 a 34 pies de profundidad, sería complejo. 
 
Uruguay se queja que la Argentina llevó a 34 o 36 pies el canal Mitre, y deja en 32 pies el García porque es el que utiliza Uruguay, que así pierde competitividad con puertos equivalentes argentinos.
 
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, que recibió a delegados de todos los partidos con representación parlamentaria, lo rechazó. 
 
Blancos, colorados e independientes uruguayos plantearon que se congele la consideración en el Parlamento del tratado de intercambio tributario con la Argentina hasta no resolver la situación del canal Martín García, pero el gobierno de José Mujica se opuso.
 
Carlos Mata, abogado del ministerio, explicó que la Argentina podría recurrir la acción unilateral. 
 
“Creemos y le hemos planteado al canciller la posibilidad de hacer nosotros el canal. Tenemos que recorrer ese camino (porque) es nuestro interés y se está perjudicando a nuestra economía y a nuestros fletes internacionales”, dijo el presidente del Partido Nacional, Luis Alberto Heber.
 
El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, reconoció por su parte que esa alternativa sería muy larga y arriesgada, pero no la descartó de plano si las negociaciones se trancan.
 
La disputa
 
En la noche del lunes 14/05, el canciller argentino, Héctor Timerman, comunicó por carta la decisión de auditar los procesos en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), a partir de las denuncias de coima y “arreglos”. En la mañana del martes, el gobierno tenía pronta una dura respuesta.
 
Almagro le escribió también una carta para decirle que acepta la auditoría, le transmitió su “preocupación”, pero subió la apuesta al solicitar que sean públicas las actas de la CARP donde se detalla el presunto “arreglo” y el ofrecimiento de una coima. 
 
El canciller uruguayo asumió, a la vez, que el cronograma establecido para la licitación no será cumplido, y por ello ofreció también que se inicie el concurso de precios para adjudicar a la mejor oferta las tareas de mantenimiento del canal en sus condiciones actuales (32 pies), servicio que realiza la empresa Riovia desde 1991. Cuando se terminaba el contrato de esa firma holandesa en enero, la CARP desestimó una oferta US$ 6 millones más barata, ya que Riovía cobraba US$ 12 millones, pero negoció una extensión del contrato hasta julio por US$ 15 millones.  
 
Almagro destacó en su carta de respuesta a Timerman que desde el gobierno uruguayo no han salido “ni dichos, ni actuaciones que perjudicaran” la relación, en un marco de “diálogo sincero y fructífero”. 
 
“Con la mayor preocupación vemos que intereses esenciales de la República Oriental del Uruguay se ven seriamente afectados a partir de una decisión que pospone en el tiempo el cumplimiento de un cronograma para el dragado de profundización del canal”, escribió Almagro.
 
La auditoría por parte de Uruguay será realizada por el Tribunal de Cuentas (de hecho Almagro ya se lo había pedido el 01/03), y en el lado argentino lo hará la Sindicatura General de la Nación. 
 
El plazo máximo para que cada organismo se expida no deberá exceder los 60 días, estableció Almagro.

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