El fundamento de la Justicia es que durante la toma de la comisaría realizada por el piquetero existieron delitos de gravedad como la “coacción agravada”, que no prescribieron y tienen una pena de hasta 10 años de prisión.
Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Raul Madueño dictaron el fallo y coincidieron en que la Cámara Federal dictó la prescripción teniendo en cuenta un delito más leve que el sospechado.
D’Elía estaba acusado de la toma de la comisaría en reclamo de la detención de Juan Carlos Duarte, sospechado de asesinar al militante de su agrupación Martín Cisneros. Ahora, tanto el piquetero como Ángel Borello y Luis Alberto Bordón, seguirán procesados por el caso.
La Sala III de Casación dictó la prescripción al tomar delitos más leves que el de la coacción agravada. Los camaristas consideraron que "para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal ha de estarse a la pena del delito más severamente reprimido".
En cambio, la Cámara Federal había considerado que hubo “empleo de intimidación y fuerza contra un funcionario público”, calificación a la que el fiscal ante la Cámara consideró “irrisoria” al apelar el fallo.
La toma de la comisaría ocurrió el 26/6 de 2004, cuando los imputados y un grupo de manifestantes exigieron a los funcionarios policiales que prestaban servicios en la Seccional Nº 24 de la Policía Federal y a los representantes de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, que se detuviera al sindicado como el autor del homicidio de Cisneros.
