VIOLACIÓN DE LA LEY DE ÉTICA PÚBLICA

Denuncian a De Vido y Kicillof

Por incompatibilidad de funciones, establecidas en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, el PRO denuncia a Julio De Vido y Axel Kicillof.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Este miercoles 02/05, diputados opositores presentaron una denuncia contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Axel Kicillof, y a todos los funcionarios públicos que fueron designados para ocupar cargos jerárquicos en la empresa YPF S.A., a partir de la intervención de la misma dispuesta por el  Decreto Nº530/2012, por incompatibilidad de funciones.
 
La denuncia fue formulada por el diputados del PRO: Pablo Tonelli,Federico Pinedo, Paula Bertol, Patricia Bullrich, Laura Alonso,Julián Obiglio y Eduardo Amadeo (Frente Peronista-Buenos Aires)  
 
En la presentación se denuncia la violación de la Ley 25.188 de ética en la función pública y el Código de Ética de la Función Pública (Decreto Nº41/99), entre otras normas. 
 
Según los diputados opositores, las personas denunciadas no podían ser designadas en cargos jerárquicos en YPF S.A. atento a las específicas competencias vinculadas con la energía, los hidrocarburos y los combustibles que tienen a su cargo como funcionarios públicos. Esta incompatibilidad tiene como consecuencia la nulidad absoluta de los actos y decisiones que tomen los funcionarios de YPF, por lo que solicitaron al Poder Ejecutivo que tome las medidas que correspondan ,en el ámbito de sus competencias y deberes, para subsanar esta situación
 
Según el articulo 13 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública: 
 
"Artículo 13 : Es incompatible con el ejercicio de la función pública:
 
a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;
 
b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones."
 
Para los diputados del macrismo y del Frente Peronista, todo lo actos que efectuen De Vido y Kicillof, serán nulo de nulidad absoluta y las firmas que intervengan en el proceso de expropiación de YPF, serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado, tal cual lo establece el artìculo 17 de la norma descripta 
 
"ARTICULO 17: Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 1º estén alcanzados por los supuestos de los artículos 13, 14 y 15, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 de la ley 19.549. Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado."
 
La denuncia
 
FORMULA DENUNCIA DE INCOMPATIBILIDAD DE FUNCIONES
 
Señor
Fiscal de Control Administrativo
de la Oficina Anticorrupción
Dr. Julio F. Vitobello
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PABLO GABRIEL TONELLI, PAULA BERTOL, PATRICIA BULL-RICH, LAURA ALONSO, FEDERICO PINEDO, JULIÁN OBIGLIO y EDUARDO AMADEO, todos en nuestro carácter de ciudadanos y diputados de la Nación, constituyendo domicilio en la oficina 712 del anexo "A" de la Honorable Cá-mara de Diputados de la Nación, sito en Riobamba 25 de la Ciudad de Buenos Aires, nos presentamos y decimos:
 
I. OBJETO
 
Formulamos denuncia de incompatibilidad de funciones contra el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, y todos funcionarios públicos que fueron designados para ocupar cargos jerárquicos en la empresa YPF S.A., a partir de la intervención dispuesta por el Decreto Nº530/2012, en manifiesta violación de la ley 25.188 de ética en la función pública, el Código de Ética de la Función Pública (decreto 41/99) y demás normas aplicables. Todo ello de acuerdo con las razones de hecho y de derecho que se exponen en el presente.
 
II. LEGITIMACIÓN. COMPETENCIA 
 
Quienes suscribimos nos encontramos legitimados para formu-lar la presente denuncia, en virtud de lo previsto en el artículo 2°, inciso a), del decreto 102/99.
 
La Oficina Anticorrupción, por su parte, es competente para recibir y tramitar esta denuncia en virtud de lo previsto en el decreto 102/99 ―en especial los incisos a) y b) del artículo 2°―, así como la resolución 17/00 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que atribuyen al este órgano el carácter de autoridad de aplicación de la ley 25.188 de ética en la función pública y del Código de Ética de la Función Pública (decreto 41/99).
 
III. FUNCIONARIOS DENUNCIADOS
 
A continuación se detallan las personas denunciadas, con los cargos que actualmente ocupan en el Estado, y con los que fueron designados en YPF S.A., respectivamente:
 
1. Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-cios e interventor de YPF S.A.;
2. Axel Kicillof, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y subinterventor de YPF S.A.
3. José Strada, ministro de Infraestructura de la Provincia de San Juan y secre-tario general de la intervención de YPF S.A.
4. Nicolás Arceo, subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y director económico financiero de YFP S.A.
5. Rodrigo Cuesta, síndico adjunto de la Sindicatura General de la Nación y director de Servicios Jurídicos y Administrativos y Fiscales de YPF S.A.
6. Emmanuel Alvarez Agis, subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y director Comercial de YPF S.A. 
7. José María Olazagasti, secretario privado del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y director de Comunicación e Imagen de YPF S.A.
8. Juan Manuel Abud, vocal del directorio del Ente Nacional Regulador de la Energía y director de Recursos Humanos de YPF S.A.
9. Juan José CARBAJALES: Director de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima; Dirección de Firmas Participadas;
10. Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planifi-cación Federal, Inversión Pública y Servicios y miembro de la Unidad General de Operaciones de YPF S.A.
11. Antonio Pronsato, interventor del ENARGAS y miembro de la Unidad General de Operaciones de YPF S.A.
12. Damián Camacho, vicepresidente 2° del Banco de Inversión y Comercio Exterior y miembro de la Unidad General de Operaciones de YPF S.A.
13. Luis Vitullo, coordinador del Plan Argentina Conectada y miembro de la Unidad General de Operaciones de YPF S.A.
14. Walter Fagyas, asesor del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y director de Downstream de YPF S.A. 
15. Exequiel Espinoza, presidente de ENARSA y director de Upstream de YPF S.A.
 
IV. NORMAS INFRINGIDAS 
 
Los funcionarios más arriba mencionados y posiblemente otros más que la investigación deberá determinar, están afectados por incompatibilidades absolutas para desempeñarse como directivos de YPF S.A. o de la intervención en esa sociedad. A continuación lo explicamos.
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IV.1. Ley de ética en la función pública
 
En primer término, corresponde señalar que las designaciones de los funcionarios citados violan la ley 25.188 de ética en la función pública. En el artículo 1° de esa norma se define a la función pública como "toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una per-sona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos", por lo que no cabe duda alguna de que todas las personas nombradas en el capítulo III del presente se encuentran alcanzadas por la incompatibilidad.
 
En el artículo 13, la misma ley establece que es incompatible con el ejercicio de esa función: "a) dirigir, administrar, representar, patroci-nar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".
 
En el artículo 15, inciso a), la ley prevé que, en caso de darse la incompatibilidad el funcionario en cuestión debe renunciar a su cargo público antes de asumir el lugar para el que fue designado.
 
Si ello no ocurriera, la consecuencia está prevista en el artículo 17 de la ley 25.188, que establece claramente que los actos emitidos en situa-ción de incompatibilidad son nulos de nulidad absoluta, y que las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.
 
IV.2. Código de Ética de la Función Pública
 
Las designaciones efectuadas también violan diversas disposiciones del Código de Ética de la Función Pública, aprobado por decreto 41/99. En particular, se viola el artículo 23 que establece que "el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones" y "debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones". 
 
Asimismo, se infringió el artículo 41 del citado código, que en relación al conflicto de intereses establece que "a fin de preservar la indepen-dencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones".
 
En consonancia con el artículo anterior, debemos señalar que las designaciones de los funcionarios públicos en YPF S.A. también violan el artículo 44 del código, que en relación a la acumulación de cargos prevé que "el funcionario que desempeñe un cargo en la Administración Pública Nacional no debe ejercer otro cargo remunerado en el ámbito nacional, provincial o local, sin perjuicio de las excepciones que establezcan y regulen los regímenes especiales".
 
IV.3. Régimen sobre acumulación de cargos, funciones o pasivi-dades para la Administración Pública nacional
 
Las designaciones de las personas que se denuncian en esta presentación, también infringen el "Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional", aprobado por decreto 8566/61, y expresamente extendido por el Decreto Nº 946/2001 al ámbito del Sector Público Nacional descripto en el artículo 8°, incisos a) y b), de la ley 24.156.
 
El artículo 1° del régimen establece que "ninguna persona po-drá desempeñarse ni ser designada en más de un cargo o empleo público remu-nerado dentro de la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal".
 
En el artículo 2° se determina el alcance de la prohibición que comprende "al personal de la administración central, entidades descentralizadas, empresas del Estado, bancos oficiales, haciendas paraestatales, servicios de cuentas especiales, planos de obras y construcciones, servicios de obras sociales de los Ministerios y sus dependencias o reparticiones, academias y organismos subsidiados por el Estado y, en general, al de los organismos y empresas cuya administración se halla a cargo del Estado Nacional, esté o no el presupuesto respectivo incluido en el Presupuesto General de la Nación. En cuanto a su retribución comprende a todos los cargos o empleos, cualquiera sea la forma de remuneración, ya sea por pago mensual y permanente, jornal, honorarios, comisiones, y en general toda prestación que se perciba por intermedio de los organismos antes citados, en concepto de retribución de servicios. Por tanto alcanza a todo el personal de la Administración Nacional sin distinción de categorías ni jerarquías que se desempeñe en los servicios civiles, al personal militar de las Fuerzas Armadas y al de los cuerpos de Seguridad y Defensa".
 
V. INCOMPATIBILIDADES DE LOS PRINCIPALES FUNCIONA-RIOS DEL GOBIERNO
 
Sin perjuicio del análisis e investigación particular de todas las situaciones de incompatibilidad de los funcionarios denunciados en esta pre-sentación, que corresponde efectuar de oficio a esa Oficina Anticorrupción (art. 2°, inciso b, Decreto Nº102/2009), conviene hacer expresa referencia a los casos institucionalmente más graves.
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V.1. Incompatibilidad del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
 
El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-cios, arquitecto Julio De Vido, fue nombrado interventor de la empresa YPF S.A. por el Decreto Nº530/2012. El citado decreto establece que el interventor tendrá las facultades que el estatuto de YPF S.A. confiere al directorio y/o presidente de la empresa.
 
Por su parte, cabe señalar que la ley 22.520, de ministerios, atribuye en su artículo 22 como competencia del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la de asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a la energía. En especial, le corresponde entender en la elaboración y en la ejecución de la política energética nacional (inc. 35), y en la elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas (art. 36).
 
En virtud de lo expuesto, y de las normas sobre ética e incompatibilidad en la función pública reseñadas, resulta manifiesta la imposibili-dad de que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sea interventor de YPF S.A., atento a que dicha empresa realiza actividades que caen bajo el ámbito de competencia de la cartera ministerial del citado funcionario.
 
V.2. Incompatibilidad del secretario de Política Económica y Pla-nificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
 
El Decreto  Nº532/2012  designa al secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Pú-blicas, licenciado Axel Kicillof, en el cargo de subinterventor de YPF S.A..
 
La ley 22.520 de ministerios atribuye en su artículo 20 comptencia al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para intervenir en la elaboración de la política energética nacional y en el régimen de combustibles (inc. 28).
 
En razón de lo expuesto, considerando que el licenciado Axel Kicillof es uno de los funcionarios de mayor jerarquía de dicho ministerio (con rango de secretario de Estado), resulta manifiesta la incompatibilidad para ser subinterventor de YPF S.A., toda vez que dicha empresa desarrolla actividades estrechamente vinculadas al ámbito de competencia de la dependencia que integra.
 
V.3. Incompatibilidad del síndico adjunto de la Sindicatura General de la Nación
 
En el cargo de director de Servicios Jurídicos y Administrativos y Fiscales de la intervenida empresa YPF S.A., se designó al Dr. Rodrigo Cuesta, quien actualmente desempeña funciones como síndico adjunto de la Sindicatura General de la Nación.
 
Cabe destacar que en virtud del artículo 98 de la ley 24.156, corresponde a la Sindicatura General de la Nación "el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica".
 
En relación con las funciones de los síndicos adjuntos, la ley 24.156 establece en su artículo 113 que les corresponde participar "en la actividad de la sindicatura general, sin perjuicio de las responsabilidades de determinadas funciones y cometidos que el síndico general de la Nación les atribuya conjunta o separadamente, con arreglo la naturaleza de la materia o a la importancia o particularidades del caso". 
 
En igual sentido, el artículo 114 de esa ley prevé que "en los casos en que el Estado tenga participación accionaria mayoritaria en socieda-des anónimas, la Sindicatura General de la Nación propondrá a los organismos que ejerzan los derechos societarios del Estado nacional, la designación de los funcionarios que en carácter de síndicos integrarán las comisiones fiscalizadoras, de acuerdo con lo que dispongan sus propios estatutos. También los propondrá el Poder Ejecutivo nacional en los casos en que deban asignarse síndicos por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado nacional, por sí o mediante sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado tengan participación igualitaria o minoritaria. Dichos funcionarios tendrán las atribuciones y deberes previstos por la ley 19.550, en todo lo que no se oponga a la presente".
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Si bien YPF S.A. no es de propiedad del Estado nacional, lo cier-to es que la intervención dispuesta por el Decreto  Nº530/2012 implica que los funcionarios designados para ejercer la conducción ―entre los que se encuentra incluido el mencionado Cuesta― reciben instrucciones u órdenes del Poder Ejecutivo nacional, en clara relación de "dependencia". 
 
Esta circunstancia determina la incompatibilidad de funciones del síndico adjunto Cuesta, toda vez que si en YPF S.A. ejerce funciones de gestión y administración, mal puede desempeñar sus funciones de control y fiscalización como miembro de la SIGEN, para la cual fue nombrado. 
 
Incluso, en el supuesto de que YPF S.A. pase en propiedad al Estado nacional, la incompatibilidad subsistiría, toda vez que al Dr. Cuesta, integrante de la Sindicatura General de la Nación y de conformidad con la ley 24.156, le corresponde designar a las personas que integren los órganos de fiscalización y auditoría de YPF S.A., es decir, de control, y no de gestión o administración. Por supuesto mucho menos le corresponde ocupar él personalmente esos cargos de gestión de una empresa que ―en virtud de mandato legal― le corresponde velar por su cumplimiento a través de la función de control.
 
VI. CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS COMO DE SIGNIFICACIÓN INSTITUCIONAL
 
El decreto 102/99 establece en el artículo 3° que la Oficina An-ticorrupción ejercerá las atribuciones de recibir denuncias e investigar, en aquellos casos que el Fiscal de Control Administrativo considere de significación institucional, económica o social.
 
En consonancia con ello, a través de la Resolución Nº458/2001  del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se aprobó el plan de acción para dicho organismo, el que contiene la descripción de los criterios de significación.
 
En relación al criterio de significación institucional, la resolu-ción determina que "se entenderá que un hecho tiene significación institucional, cuando por su magnitud afecte el funcionamiento normal y habitual de las funciones del organismo involucrado, o impida de cualquier forma que las mismas se lleven a cabo. También será considerado el hecho denunciado como de relevancia institucional por la ubicación trascendente del o los funcionarios supuestamente implicados, o cuando la irregularidad detectada impida o dificulte el cumplimiento de los objetivos y las misiones para la cual la institución involucrada ha sido creada, o el programa o la política pública ha sido diseñada".
 
En atención al número de funcionarios involucrados, el nivel jerárquico que ocupan, la importancia de las funciones que desempeñan, y la manifiesta incompatibilidad legal y ética de deberes, los hechos denunciados en la presente definitivamente encuadran en el criterio de significación institucional definido por la Resolución  Nº458/2001, por lo cual se solicita que así sea declarado por el Fiscal de Control Administrativo para proceder, en con-secuencia, con las investigaciones de rigor. 
 
VII. CONSIDERACIONES FINALES
 
La confrontación de los hechos expuestos con las normas jurídicas diferenciadas, dan cuenta ―prima facie― que nos encontramos ante un supuesto de violación del bloque normativo que establece el sistema de incompatibilidades ético-funcionales aplicables a las personas que ocupan cargos en el Estado.
 
La gravedad del caso no solo estriba en la superposición de remuneraciones y horarios, sino principalmente por la incompatibilidad de funciones. Esa incompatibilidad puede provenir de un conflicto de intereses, o por la prohibición de acumular cargos públicos.
 
El primer supuesto es el más grave, toda vez que pone el riesgo el correcto ejercicio de las competencias encomendadas a un funcionario pú-blico, que al mismo tiempo tiene a su cargo el desempeño de actividades que manifiestamente se contraponen con su misión pública. Tal es el caso de Julio De Vido, que mal puede controlar o diseñar políticas públicas a las actividades de YPF S.A. como ministro de Planificación Federal cuando él mismo se encuentra a cargo de su gestión. Lo mismo puede decirse del síndico adjunto de la SIGEN, Rodrigo Cuesta, que mal puede fiscalizar y auditar a YPF S.A. cuando integra el directorio de la empresa sobre la que debería ejercer su función legal. 
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Estos son sólo alguno de los ejemplos de los múltiples irregula-ridades que se pueden advertir en las personas designadas en el directorio de YPF S.A. Las consecuencias están expresamente previstas en el ya citado artículo 17 de la ley 25.144: la nulidad absoluta de todos los actos que dicten en situación de incompatibilidad.
 
Asimismo, vale decir que la citada ley también determina en su artículo 15, inciso a), el comportamiento que debieron seguir los funcionarios denunciados: renunciar a sus cargos. O en el peor de los casos solicitar licencia sin goce de sueldo, cosa que ―como resulta de público y notorio― no ocurrió.
 
VIII. PETITORIO
 
En virtud de lo expuesto, solicitamos que el Fiscal de Control Administrativo, en el marco de las competencias y obligaciones que le co-rresponde a la Oficina Anticorrupción a vuestro cargo:
 
a) Tenga por presentada la denuncia contra las personas detalladas en el apartado III de este escrito;
 
b) Declare a los hechos denunciados como de significación institucional, de acuerdo con lo establecido en la resolución MJyDH             458/2001;
 
c) Proceda la apertura de las actuaciones administrativas, y dé inicio a las investigaciones de rigor, solicite los informes correspondientes y produzca toda la prueba necesaria;
 
d) Oportunamente, dictamine fundadamente acerca de las incompatibilida-des denunciadas y se giren las actuaciones al Ministerio de Justicia y Dere-chos Humanos, a la Procuración del Tesoro de la Nación, y a la Presidencia de la Nación en su calidad de máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional ―atento al rango de los funcionarios involucrados― para que se adopten las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias y deberes.
 
Proveer de conformidad,
 
será JUSTICIA.

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