Superpoderosa

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo convalidó el decreto de necesidad y urgencia que permitirá evaluar los sueldos de más de 300.000 empleados del Estado. El jefe de bloque del FpV, Agustín Rossi, aclaró que el texto habla de "revisión, no de reducción"

 

El Frente para la Victoria, con mayoría en el cuerpo, avaló el DNU y negó que se trate de una "reducción" de sueldos.

 

"El decreto habla de revisión, no de reducción", enfatizó el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, también miembro de la comisión.

 

En el último día hábil de 2011, la Presidenta firmó un decreto de necesidad y urgencia que dispuso una ampliación presupuestaria de $ 22.000 millones y en uno de sus artículos estableció que desde el 1 de enero los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán adecuarse a los requisitos que fije el Gobierno para confirmar su procedencia o limitar su alcance.

 

Según esta medida, los distintos estamentos oficiales deberán remitir a la Secretaría de Hacienda los detalles de los pagos a sus empleados. Y será esa cartera la que los avale o anule. Esta situación ya trajo problemas en algunas oficinas. Sobre todo, entes descentralizados. Fue cuando, por primera en años, no se repartió entre sus empleados bonos de fin de año o los remanentes presupuestarios, algo que los gremios daban como derecho adquirido.

 

La decisión del Ejecutivo fue duramente repudiada por ATE que, tras declararse en estado de alerta, consideró que la medida "esconde un ajuste y un recorte salarial" y advirtió que “ninguna crisis, ni la emergencia económica, se enfrenta congelando o rebajando salarios, sino garantizando para todos los trabajadores estatales y privados salarios dignos.

 

En una posición similar, desde el moyanismo, el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato, calificó la norma como una nueva "demonización" de los sueldos".

 

Además, el oficialismo convalidó otros decretos del PEN que se vinculan a la reasignación de partidas presupuestarias, otro que modifica un artículo de medicina prepaga y un tercero que introduce artículos en la Ley de Ministerio.

 

El Frente para la Victoria (FPV) impuso las decisiones con la presencia de 10 legisladores (cinco senadores y cinco diputados) que actuaron de consuno en una comisión compuesta por 15 miembros y consiguió los votos necesarios para designar presidente al diputado Jorge Landau (Frentepara la Victoria-Buenos Aires) y vicepresidente al senador Pablo González (Frente para la Victoria-Santa Cruz).

 

La oposición se negó a votar los casos de 3 decretos, al argumentar que llegaron fuera del plazo establecido por la ley, y adelantaron que presentarán un pedido formal de que ambas cámaras sean convocadas para debatir los decretos, según establece la legislación.

 

En los 3 temas, el oficialismo, que tuvo asistencia perfecta, consiguió la firma de 10 legisladores para avalar los decretos. Esa mayoría se extendió a los otros dos decretos en debate, aunque en ellos la oposición firmó un dictamen en disidencia avalado por cuatro legisladores.

 

Durante el debate, asumieron roles decisivos los oficialistas Miguel Pichetto, Agustín Rossi, Diana Conti y Luis Cicogna, y la oposición respondió con la participación del titular del bloque radical Luis Petcoff y Juan Tunessi.

 

Ahora la convalidación debe darse en ambas cámaras legislativas. Con la aporbación de una de ellas, los decretos de CFK, serán válidos.