Quienes no esperan a Rajoy: los inmigrantes

El primer paso parece ser apuntar en dirección opuesta a lo que lo hizo José Luis Rodriguez Zapatero. El Partido Popular pretende acabar con la política de regularizaciones de extranjeros masivas.

En ese contexto, eliminará el permiso de residencia y trabajo por arraigo social

Con el futuro Gobierno del PP, los inmigrantes ilegales ya no podrán regularizar su situación en España por motivos de arraigo social. Así lo anunció ayer (24/11) el portavoz parlamentario del partido en materia de Inmigración, Rafael Hernando.

Esta medida, que consistirá en "un ajuste vía reglamentaria" aún no definido, modificará el Reglamento de la Ley de Extranjería aprobado el pasado 30/06. En dicho texto legal se establece que los inmigrantes que acrediten su estancia en el país por un periodo mínimo de 3 años podrán legalizar su situación, siempre que en el momento de solicitar la regularización cuenten con un contrato de trabajo de 1 año de duración, carezcan de antecedentes penales y demuestren vínculos familiares con otros extranjeros residentes. Eso ya no correrá más, de aprobarse la iniciativa popular. 

En lugar de este método, los conservadores pretenden "implantar un sistema de inmigración circular" vinculado al empleo, para evitar que los inmigrantes ilegales "tengan los mismos derechos que las personas que vienen legalmente al país", declaró Hernando a Efe. Así, según el portavoz conservador, se facilitará la entrada en España a quienes atestigüen su intención de buscar trabajo o consigan un contrato en origen, mientras que también se les garantizará el retorno a su país "sin ningún trámite burocrático" cuando finalice el mismo.

Para ello, el PP creará un visado de entrada y búsqueda de empleo que se conseguirá a través de los consulados y sólo si se acredita la existencia de una oferta de trabajo. Así se evitará, según Hernando, "la práctica habitual de utilizar el visado turístico para conseguir la regulación por arraigo social con la simple estancia en el país de forma irregular, que es lo que se hace ahora".

Obviamente, las críticas no tardaron en aflorecer. 

"La inmigración ya se está regulando sola en función del mercado de trabajo", respondió ayer el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. "Si hay trabajo, hay efecto llamada y vienen los inmigrantes. Si no, se van", explicó. "Si de verdad llevan a cabo esta medida, [los conservadores] estarán eligiendo un mal camino: el de la limitación de derechos sociales, que sólo va a provocar tensiones innecesarias", aventuró.

Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo, también criticó ayer el anuncio de Hernando. "La inmigración circular supondría la instrumentalización de los ciudadanos extranjeros y la violación de sus derechos fundamentales", detalló. "Todo el mundo tiene derecho a una vida familiar, y pensar que alguien puede venir a trabajar como si fuera un autómata, sin crear vínculos, es irreal", añadió. "Además, eso sólo supondría un incremento de la economía sumergida, la irregularidad de su situación y, con ello, la precarización de la sociedad", concluyó.

En la misma linea se ha pronunciado el responsable económico de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Gilberto Torres Martínez, que se muestra “perplejo” por el anuncio, aunque admite que lo veían venir. Para Torres, esta medida sería “una violación más de los derechos fundamentales de los inmigrantes” y un error, porque “en lugar de buscar una integración, por el contrario, con este tipo de política se ahonda más en el sufrimiento y en la situación del emigrante que por razones muy personales y por la situación económica, social y política en el país de origen, han tenido que venir a España ”. “Lo más preocupante es que se coarte el derecho para poder tener una estancia permanente en España desde la figura del arraigo”, subraya, lo cual impide al emigrante “tener un documento que le acredite como parte de la población”. Recuerda, como Paspuel, que la regularización de inmigrantes en 2005 “contribuyó significativamente, con sus pagos a la Seguridad Social y Hacienda, a que hubiera una economía más solvente en ese momento”.

Eso si, es de esperar que cuando la economía repunte, vuelvan a buscar a inmigrantes para hacer aquellos trabajos que los españoles no quieren hacer.