Verbitsky, el verdugo de Da Rocha

Para algunos, es una disputa entre estudios juridicos disfrazada  de debate político interno del kirchnerimo. No sería extraño en  un movimiento político que discute poder y negocios tal como no  ocurría desde el menemismo. Lo cierto es que la caída de Joaquín  Da Rocha tiene varias lecturas. Por ejemplo:

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Angelina María Esther Abbona es la nueva procuradora del Tesoro en reemplazo de Joaquín Da Rocha, quien regresará al estudio jurídico que tiene con Rafael Bielsa.

 
Horacio Verbitsky fue quien lideró la ofensiva contra Da Rocha: ¿Interna política o disputa entre estudios jurídicos? ¿O de todo 
un poco?
 
Entre las columnas que Verbitsky le dedicó a Da Rocha, destacan las del 10/10 y la del 17/10, ambas publicadas en el diario 
Página/12.
 
Interesante releer algunos fragmentos.
 
Comencemos por la del domingo 10/10:
 
 
Además de los ministros bonaerenses Alberto Pérez, Mario Oporto,  Bartolomé Alvarez y Casal, son de la partida algunos ex  funcionarios que siguen trabajando con Scioli, como el actual  director del Banco Provincia Rafael Perelmiter, y el ex encargado  de Agricultura y Ganadería, Emilio Monzó, a quien Scioli le pidió  la renuncia en 2008 por su posición favorable a la Mesa de Enlace  de las cámaras patronales agropecuarias. En los contactos  empresarios se especializó el presidente del Banco Provincia,  Guillermo Francos, ex dirigente del partido de Cavallo, quien  acercó al proyecto a Eduardo Eurnekian, del que fue vocero, a  Ernesto Gutiérrez y a Mario Montoto. Cuando Scioli desembarcó en  La Plata con su equipo de porteños, Casal intimó con Pérez, a  quien ayudó a encontrar una casa quinta apropiada en City Bell,  próxima a la suya, lo cual les permite desayunar juntos. Pérez  también es un invitado permanente a la mansión que Casal tiene en  Pinamar con vista al mar. Allí ambos conversaron sobre el  proyecto Scioli presidente con el intendente de Tigre, Sergio  Massa quien, en ese esquema, podría aspirar a la gobernación.  Pero los coequipers más sorpresivos son la extraña pareja formada  por el Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro Da  Rocha, y el ex Gerente de Proyectos de Bunge & Born, Gustavo  Caraballo.

Durante muchos años, Da Rocha fue abogado y amigo personal de  Scioli, a quien conoció antes de su acercamiento a la política y  del accidente náutico. En 1987 Scioli recurrió al estudio de Da  Rocha a raíz del incendio del quincho que había construido en un  espacio no autorizado de su departamento de Callao y Posadas.

Del mismo modo progresó su relación con Aníbal Fernández, a quien  asesoró en una causa penal por una denuncia sobre la  privatización de los servicios sanitarios de Quilmes. Durante la  gobernación de Antonio Cafiero, Da Rocha fue subsecretario de  Justicia y con Felipe Solá, asesor en asuntos jurídicos de la  vicegobernadora Graciela Giannetasio. Desde ese cargo dictaminó  en contra de la autonomía de la Defensa Pública, que hasta hoy  sigue sometida a la conducción del Ministerio Público Fiscal. Al  asumir la gobernación, Scioli quiso designarlo ministro de  Justicia bonaerense. En su lugar, Da Rocha sugirió al ex oficial  penitenciario Casal, quien lo acompaña en su grupo de presión  sobre los Tribunales, Fundejus. Esto le permitió retener su cargo  como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de  la Magistratura, para el que lo designó Duhalde durante su  interinato presidencial y en el que lo confirmó Gustavo Béliz  cuando fue ministro de Justicia de Kirchner. Este año Aníbal  Fernández sugirió su designación como Procurador del Tesoro  cuando el titular desde 2003, Osvaldo Gugliemino, no daba pie con  bola en el conflicto por el uso de las reservas del Banco  Central. Da Rocha nunca dejó de influir en las decisiones del  gabinete de Scioli. Tanto Da Rocha como Casal usan traba de  corbata, que hace algunas décadas era signo de ascenso social.  Ese ascenso tiene que ver con Caraballo, el principal contacto  para la obtención de clientes y arbitrajes millonarios del  estudio que Da Rocha comparte con Gustavo Gené y Raúl Munrabá y  en el que también ha llevado algunos casos el ex ministro de  Relaciones Exteriores Rafael Bielsa (n). Las reuniones en las que  se elaboran planes y equipos para el lanzamiento presidencial de  Scioli se realizan durante la semana en los despachos platenses  de Alberto Pérez y Casal y en el estudio de Da Rocha, al que  asistió el propio Casal, y los domingos en la casa del gobernador  en Villa La Ñata, en Benavídez.

Fervor de Buenos Aires

Las citas de Da Rocha con Caraballo son frecuentes. Uno de los  lugares en los que se encuentran a almorzar es el restaurant  “Fervor”, de Posadas y Callao, bautizado así en homenaje a Jorge  Luis Borges. Esos almuerzos ni siquiera se interrumpieron cuando  la presidente CFK presentó el informe “Papel Prensa, la verdad” y  encomendó a la Procuración del Tesoro efectuar las denuncias  judiciales que se desprendían de su contenido. De inmediato,  Caraballo desmintió las afirmaciones presidenciales, invocando su  carácter de cautivo junto con los Graiver en los campos de  concentración de Camps. A la mesa que compartieron en “Fervor”  pocos días antes del anuncio del informe también se sumó  Binstein, con quien Caraballo volvería a chocar copas en la boda  de la hija de Da Rocha, donde también estuvo presente la jueza de  la Corte Suprema de Justicia Carmen Arbgibay Molina. La querella  contra los directivos de Clarín y La Nación fue presentada por el  secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, y su  subsecretario, Luis Alén. Su texto dice que “será patrocinada”  por Da Rocha, “quien por hallarse ausente del país no la suscribe  y la ratificará posteriormente”. Aunque al regresar estampó su  firma, el ser patrocinante y no querellante le permitió una mayor  toma de distancia con el expediente, cuyo seguimiento quedó en  manos del equipo jurídico de la secretaría de Derechos Humanos.  Antes de declarar ante el juez Arnaldo Corazza, Caraballo  consultó con otro abogado al que había conocido como parte del  equipo de Da Rocha. Corazza es amigo de Da Rocha, quien intervino  en su designación. Un conocido común de ambos le sugirió hace  unos días que se declare incompetente en la causa de Papel Prensa  y la remita a la Capital Federal. El estudio del actual  Procurador del Tesoro también defendió al presidente del  directorio de La Nación, Julio Saguier, en la causa por evasión  tributaria y lavado de dinero iniciada en 2002 por una denuncia  del banquero Raúl Juan Pedro Moneta, por la cual la jueza María  Servini allanó el diario en busca de documentación. La Asociación  de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sostuvo que se  procuraba debilitar a La Nación “para que capitales hostiles  puedan adquirir parte de sus acciones mediante la compra de su  deuda a precios devaluados”. La toma de control no se concretó  por intercesión de Duhalde y, según fuentes oficiosas de Clarín,  por el apoyo económico de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de  Noble, pariente política de la madre de Saguier, Matilde Noble  Mitre de Saguier. En 2005 el estudio Da Rocha consiguió que la  Cámara Federal de la Capital sobreseyera al presidente del  directorio de La Nación y accionista de Papel Prensa. También  defiende al ex jefe de policía de Maurizio Macrí, Fino Palacios,  en la causa por su involucramiento con un proveedor de autos a la  banda que secuestró a Axel Blumberg. La resolución de la semana  pasada de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la medida  cautelar contra la aplicación al Grupo Clarín del artículo 161 de  la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incluye un  llamativo cuestionamiento al desempeño de la Procuración. El  recurso extraordinario que llegó a la Corte fue firmado por Da  Rocha. Según la Corte, ese recurso no demuestra que la suspensión  de la vigencia del artículo 161 obstaculice la aplicación general  de la ley, con lo cual no se configuraría la denominada gravedad  institucional, que hubiera habilitado un pronunciamiento del alto  tribunal como si se tratase de una sentencia definitiva.


Curtido en recibir bofetadas, el gobernador de Buenos Aires  Daniel Scioli soportó con ostensible malhumor la pulla del  secretario general de la CGT sobre su asistencia al coloquio de  las patronales empresarias en Mar del Plata y se escabulló en  silencio en cuanto concluyó el discurso presidencial. Scioli se  había negado a desmentir que preparara el lanzamiento de su  precandidatura presidencial, que distintas fuentes del Poder  Ejecutivo y del Congreso confirmaron. Pero que él se lo proponga  no significa que le vaya a ser fácil lograrlo. Además, la  participación en ese proyecto del actual Procurador del Tesoro de  la Nación, Joaquín Pedro Da Rocha, ha puesto el foco de atención  sobre los negocios y las posiciones políticas del estudio que  comparte con los abogados Gustavo Gené, Raúl Munrabá y el nieto  de Rafael Bielsa, sobre sus relaciones con el Grupo Clarín y con  el ex gerente de proyectos especiales de Bunge & Born, Gustavo  Caraballo.


Desmarques

También hubo desde el domingo pasado una serie de desmarques, de  quienes negaron la participación personal pero no la existencia  del proyecto (de Scioli). Según Aníbal Fernández, no fue él quien  sugirió el nombre de Joaquín Da Rocha para la Procuración del  Tesoro, es decir la jefatura de todos los abogados del Estado  Nacional. Pero la nota más amena la dio Gustavo Caraballo, uno de  los dos testigos ofrecidos a la justicia por el Grupo Clarín para  desacreditar el informe presidencial “Papel Prensa, la verdad”.  En un mail titulado “Ya ni se puede ir a un casamiento”, sostiene  que hace muchos años que no ve a Scioli pero admite una amistad  de cuarenta años con Da Rocha, quien lo invitó a ocupar la mesa 2  en la celebración de la boda de su hija Clara con el ingeniero  Juan José Burgos. Sobre su alias de Viejo Bucanero, Caraballo  explica que “dentro de las distintas especialidades de los  hostiles del mar (piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros)  los bucaneros eran los menos dañinos, se limitaban a vivir en las  Grandes Antillas y cazaban el ganado cimarrón, que luego era  asado y ahumado (bucan), y vendido a los hostiles del mar, labor  que les valió el epíteto de bucaneros. Eran una especie de Burger  King para el abastecimiento de las naves piratas”. Este elíptico  párrafo es la simpática confirmación de que Caraballo es el  principal contacto para la obtención de clientes y arbitrajes  millonarios del estudio de Da Rocha.

Cambio de camiseta

La fiscal general del fuero civil y comercial de la Capital  Alejandra Gils Carbó narró su experiencia con Da Rocha en  relación con el Grupo Clarín. En 2007, Gils Carbó solicitó que se  revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial  (APE) de Cablevisión con sus acreedores, lo cual a su vez afectó  la reclamada fusión con Multicanal, la otra operadora de cable  del Grupo Clarín. A raíz de ello fue querellada por Clarín, y  eligió a Da Rocha como su defensor. La Cámara Comercial rechazó  el dictamen de Gils Carbó en términos que coincidían con la  querella de Clarín. Gils Carbó envió ese fallo a Da Rocha. Al día  siguiente la llamó Bielsa (n) y le planteó que mejor no  recurriera el fallo. “Me resultó claro que habían dejado de ser  mis abogados para pasar a ser los de Clarín”, dice la fiscal.  Para preservarse, respondió que seguiría el consejo porque no  quería más problemas. Gils Carbó dio parte de enferma y se  recluyó en su casa. Bielsa la llamó:

–No estarás haciendo el recurso extraordinario, ¿no?

–Quedate tranquilo, ya te dije que no.

El plazo vencía el viernes 18 de abril de 2008. Ante un nuevo  llamado de control, Gils Carbó citó a Bielsa para mediodía. A las  13 presentó el recurso y a las 13.30 le dijo personalmente que  sus actos de fiscal no los resolvían sus abogados penalistas. “Se  desencajó, comenzó a acusarme con furia de falta de ética, casi a  los gritos me dijo que le daba lástima, porque entre Clarín y el  gobierno me iban a destruir. Al día siguiente, un episodio  similar repitió Da Rocha por teléfono. El inmediato día lunes,  los dos renunciaron a mi patrocinio. Luego fui sobreseída.”

Durante la elaboración de la denuncia sobre Papel Prensa, Da  Rocha no participó, pero su colaboradora en la Procuración,  Elisabet Gómez Alcorta, intentó controlar el contenido de la  presentación y objetó las referencias de la querella a hechos  sucedidos durante el gobierno de Isabel Perón. El Procurador del  Tesoro no firmó el patrocinio y días después presentó un curioso  escrito de “adhesión”. Tampoco está actuando ahora en la  preparación del escrito que el gobierno nacional presentará al  juzgado federal civil y comercial No 1, para que de acuerdo con  el fallo de la Corte Suprema fije cuál es el plazo razonable para  fallar en la causa iniciada por el Grupo Clarín, que reclama la  presunta inconstitucionalidad de los artículos de la ley de  Servicios de Comunicación Audiovisual que obligan a desprenderse  en un año de aquellas licencias que excedan del máximo legal. En  este caso, no por propia decisión, sino porque el Poder Ejecutivo  prefiere trabajar el tema con especialistas de mayor confianza.  La endeblez del recurso extraordinario que presentó por la medida  cautelar concedida fue mencionada en el fallo de la Corte Suprema  como una de las razones por las que no accedió a revocarla. Un  argumento que los abogados del Estado no utilizaron es que la  medida cautelar constituye una sentencia definitiva, ya que  frustra en forma irrevocable la aplicación del plazo fijado por  la ley respecto del principal actor del mercado audiovisual.  También es llamativa la conducta de la Procuración en la causa de  fondo, que lleva el mismo juez. La lectura del expediente  completo depara sorpresas. Al presentar la demanda, los  licenciatarios pidieron que no se le corriera traslado al  gobierno nacional, porque ampliarían sus fundamentos. La  ampliación recién se produjo en mayo, cuando vencía el plazo y  estaba por levantarse la cautelar. El juez Edmundo Carbone  dispuso seguir el juicio según el trámite ordinario pero sin dar  traslado a la demandada ni rechazar el pedido de hacerlo. La  Procuración del Tesoro no insistió ante el juez ni apeló ante la  Cámara, con lo cual dejó indefenso al Estado, mientras siguen  corriendo los meses. Fuera del universo hermético de los  tribunales es imposible que un ser humano comprenda cómo es  posible que a un año de sancionada la ley que más adhesiones y  rechazos ha provocado, en torno de la que gira buena parte del  debate político e institucional, y a ocho meses de la demanda de  Clarín contra su aplicación, nada haya ocurrido en el expediente  para avanzar hacia una decisión sobre su constitucionalidad, sin  que la defensa del Estado actúe para impedir este escándalo.  Mucho más eficiente ha sido el estudio de Da Rocha en la  tramitación de algunos casos en contra del Estado Nacional. Por  ejemplo, la representación de la República de Chile en la causa  por la extradición de Galvarino Apablaza. En este caso, la Corte  Suprema resolvió concederla, tal como solicitó el estudio Da  Rocha, con la firma de sus socios Gustavo Enrique Gené y Raúl  Carlos Munrabá, los compañeros de mesa de Caraballo en la boda.  ¿Alguien sabía en el Poder Ejecutivo que el estudio de su abogado  en jefe le estaba preparando este dolor de cabeza?

Golpes y amenazas

Da Rocha recrimina por la divulgación de la foto que puso en  evidencia el doble juego a su exposa, la fiscal Mónica Cuñarro.  Luego de su publicación, el Procurador del Tesoro irrumpió en el  gimnasio próximo al domicilio conyugal que ambos compartieron  durante años y que Da Rocha abandonó en 2008 luego de agredir a  su esposa, como consta en un acta levantada por el personal de la  comisaría 53ª que acudió en auxilio de la mujer y documentó sus  lesiones. El jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca informó  del episodio a Fernández, que en aquel momento era ministro de  Justicia, ya que Cuñarro era funcionaria de esa cartera, a cargo  de la coordinación de una Comisión Asesora en temas de drogas,  integrada por jueces, camaristas, médicos y psicólogos. Da Rocha  reclamó a Fernández que sancionara a los policías, pero el  ministro entendió que tanto los agentes de la comisaría 53ª como  Valleca habían actuado dentro de sus atribuciones y deberes. El  martes 12, Da Rocha fue contenido por otros asistentes al  gimnasio, que lo calmaron y lo condujeron hacia la salida antes  de que pudiera pasar una vez más a los hechos. Por último, en  aras de la precisión, uno de los asistentes a la boda, comunica  que no ocurrió el sábado 25 de setiembre sino el viernes 24 y que  la jueza de la Corte Suprema no es Carmen Argibay Molina sino, a  la española, Argibay Carlé.

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