CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Las repercusiones del anuncio de la reducción de subsidios a los servicios públicos de luz, agua y gas a particulares, que comenzarán a aplicarse desde el 1ro. de enero de 2012, estallaron por doquier.
CÓMO ATENDER A LA DEMANDA
Subsidios: Advierten sobre los peligros de un anuncio por mala gestión
Ante el anuncio de eliminación de los subsidios a los servicios públicos de luz, gas y agua, a los particulares y algunas empresas, distintos sectores estallaron en dudas y críticas. Sin embargo, algo parece haber quedado claro sobre lo pasado y lo futuro: fueron 8 años de mala gestión que no se subsanarán sin consecuencias serias.
Una de las críticas partió de la 'Unión de Consumidores de Argentina', cuyo titular, Fernando Blanco Muiño, quien sostiene que "los subsidios deben serlo a la demanda y no a la oferta". En efecto, según sostuvo en declaraciones radiales, "la posición de la asociación ha sido históricamente la de fijar políticas públicas que atiendan a los sectores más desprotegidos, con necesidades básicas insatisfechas que no pueden hacer frente al pago del servicio”, agregó.
“El esquema que implementó el Gobierno Nacional durante los últimos 8 años de gestión ha recorrido el camino inverso, es decir, universalizar el subsidio, atendiendo sólo a la oferta, sin importar quién era el usuario, situación que terminó favoreciendo a los sectores de mayor poder adquisitivo en desmedro de los que menos tienen”, enfatizó Blanco Muiño.
“Por eso consideramos que la decisión del Gobierno, sorpresiva e inconsulta con los actores sociales involucrados, resulta el reconocimiento de una política fallida que nos deja a la fecha con servicios públicos malos y baratos para todos, sin garantía de poder revertir esa ecuación en el corto plazo”, afirmó.
Por último advirtió acerca de dos cuestiones que preocupan a los usuarios: en primer lugar, confirmar que este proceso de eliminación de subsidios se hará efectivo en todo el país en el corto plazo y, en segundo lugar, alertó sobre el contenido de la declaración jurada que el Gobierno anunció y que Blanco Muiño sostuvo “puede convertirse en un certificado de pobreza que degrada la condición humana”.
Por su parte, Patricia Ferrareto, apoderada de la Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina, expresó sus dudas sobre la regulación de los casos sociales, y sospecha que la quita de subsidios redundará en un fuerte aumento de servicios.
Según dijo en declaraciones a la rosarina 'LT8', "lo vemos con preocupación porque, si bien la quita de subsidios no llega a los usuarios que viven en la provincia, vamos a ver cómo impacta sobre todo en los usuarios del gas, a los cuales la quita progresiva de subsidios puede repercutir en un fuerte incremento en las facturas. Tenemos instalado a nivel de la Corte suprema de Justicia el tema de la inconstitucionalida del cargo gas que ya mereció fallos en primera y segunda instancia que lo declararon inconstitucional."
“Como entidad de defensa de los usuarios vamos a seguir muy de cerca todo esto que tiene que ver con la regulación de los casos sociales. Personas que van a recibir un formulario donde a partir de su condición socio-económica, y que tendrán que incorporarse al padrón de ayuda económica. Vamos a estar atentos a todo esto”, manifestó.
Ferrareto expuso sus dudas con relación a este punto concreto del anuncio gubernamental. “La cuestión voluntaria del usuario que perse anuncie si se va a abstraer de los subsidos contradice lo que se venía haciendo desde el principio. Los subsidios o son una política de Estado que se aplica en forma universal, o son lo que vinieron siendo hasta ahora. Generan siituaciones de tirantez, de lobby de algunos sectores que han permitido ciertas asimetrías intolerables. Habernos desayunado con que los casinos, los usarios de alto poder adquisitivo, tienen subsidios desnuda una realidad a todas luces intolorable para otros usuarios como los que viven en lugares recónditos del interior, que para calentar la ollita para cocinar el puchero o el agua para tomar el mate deben pagar a costos inaccesibles o aceder a una garrafa social. Esto va en contra del artículo 42 de la Constitución nacional que proclama que el acceso a los servicios sea de carácter universal y para todos.
"Los usuarios que viven en los country no tienen imposibilidad de acceso al consumo. Lo hacen por su propio poder adquisitivo que tienen. Por eso digo que el acceso al consumo está garantizado constitucionalmente desde el principio de igualdad para todos”, afirmó Ferrareto.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores del radicalismo, Gerardo Morales, dijo a la agencia 'DyN', que "la medida adoptada por el gobierno es la mejor demostración de que teníamos razón cuando cuestionábamos la aplicación de los subsidios, que era discrecional, injusta y beneficiaba a los que más tienen”.
“Tiene que haber una restructuración de la política de subsidios con criterio federal, porque además de que los subsidios iban para los más ricos, también se discrimina a las provincias según el interés político del gobierno”, agregó el jujeño.
“El Gobierno debe seguir avanzando en esta dirección, sin que lo lleve a un ajuste a los que menos tienen: en un momento en que la economía se enfría y baja el crecimiento, hay que tomar medidas anticíclicas. No es momento de ajuste, sino de aplicación de los recursos con justicia donde se no se beneficie a los más ricos”, concluyó Morales.
En tanto, el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy opinó que las medidas “son un paso hacia adelante, pero de una magnitud muy menor para las correcciones que hay que realizar”.
“Con estos últimos anuncios se reconoce la inviabilidad del modelo, que caducó en tiempo récord”, afirmó López Murphy, y planteó que “una vez más se confirma lo que hemos venido sosteniendo desde hace muchos años; la idea de subsidiar la actividad económica en todas sus ramas no reconoce ningún caso exitoso ni de desarrollo a largo plazo”.
Por su parte, el peronista federal José María Vernet, consideró que el gobierno deberá “enfrentar ahora los problemas que se negó a encarar antes” y “ajustar sus gastos desaforados”.