Para el resto se enviará una declaración jurada donde el usuario podrá manifestar si resigna voluntariamente el subsidio o abstenerse, con lo cual se entenderá que renuncia a ese beneficio. Si se pronuncia para seguir recibiendo el subsidio en sus boletas, el Gobierno nacional cruzará datos de la Anses y la AFIP para determinar si la solicitud corresponde.
En resumen, en última instancia será el Gobierno nacional el que determine quienes pueden pagar los servicios con el aumento producto de la quita del subsidio. ¿La Cámpora dará el ejemplo militante y renunciará masivamente al subsidio?
Cálculos preliminares indican que los aumentos en los hogares rondarían el 300 por ciento, dependiendo del nivel de consumo. Pero en el caso de la energía eléctrica se ubicaría entre el 170 y el 250 por ciento; en iguales valores estaría el gas mientras que en el caso del agua el incremento sería del triple.
Además surgen otros interrogantes sobre las medidas anunciadas:
- Quién será a partir de ahora el que pague lo que se subsidiaba.
- Si las grandes empresas que perderán los subsidios trasladarán esa pérdida a los precios, con el consecuente impacto en la inflación.
- En qué usará el Gobierno el dinero producto de la quita, pero que sigue contemplado en el Presupuesto 2012.
El ahorro para el Estado asciende ahora a los 4.636 millones de pesos, si se suma lo anunciado este miércoles 16/11 y el 2/11.
Cuando se anunció la primera quita, el monto era de 600 millones aproximadamente. Funcionarios kirchneristas justificaron que era innecesario modificar el Presupuesto 2012 ya que esa cifra representaba menos del 1% del total de los fondos destinados a subsidios y que aún restaba la instrumentación.
Pero ahora a esos 600 millones se sumaron los 3.468 millones. Sumados son el 6,16% del total previsto en el Presupuesto 2012 para ese rubro.
Ese dinero que el Gobierno ahora se ahorra son excedentes presupuestarios. Como no hay voluntad del kirchnerismo de tocar el proyecto de Presupuesto en el Congreso, el Poder Ejecutivo debería especificar el uso o destino de ese dinero, en casos anteriores Cristina lo hizo a través de decretos de necesidad de urgencia.
Repercusiones
Legisladores, ex funcionarios del área energética, y economistas, y entidades de consumidores respaldaron la ampliación de la quita de subsidios.
La mayoría coincidió en que la medida es un reconocimiento del gobierno de que el sistema de beneficios era "injusto", "inequitativo" y "discrecional" pero plantearon dudas sobre la implementación del registro voluntario.
La directora del Centro de Educación al Consumidor, Susana Andrada, consideró que "está bien" la medida pero expresó que el registro "de voluntario no tiene nada", y reclamó que se expliquen "cuáles son los parámetros para ver quién paga y quien recibe subsidios".
En igual línea, la diputada por el GEN, Margarita Stolbizer, dijo que está de acuerdo con la decisión pero manifestó que tiene "dudas sobre como se ejecutará" el registro especial "en el caso de que alguien sí quiera seguir recibiendo el subsidio, cuál es el criterio, y si la declaración jurada que hay que hacer se cruzará con la AFIP, por ejemplo".
El ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, opinó que es "un paso hacia adelante, pero de una magnitud muy menor para las correcciones que hay que realizar", y enfatizó que el gobierno está reconociendo "la inviabilidad del modelo".
El ex secretario de Energía de la Nación, Enrique Devoto, señaló que "se trata de una corrección importante que se debía haber hecho antes", remarcó que "había que terminar con la política de subsidios indiscriminados que, en lo hechos, resultaba inequitativa" y sostuvo que "queda pendiente todavía la revisión tarifaria integral que permita a las empresas prestatarias la realización de inversiones necesarias".
A su vez, el también ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, estimó que "frente a una magnitud de subsidios que alcanza a 80 mil millones de pesos, algo así como el 4 por ciento del PBI, hablar de una cifra de 4.600 millones es poco significativa".
El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, celebró la decisión y aseveró que "los subsidios eran inequitativos e injustos porque no estaban orientados a los que realmente no pueden pagar".
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, afirmó que la Argentina debe "ir a un sistema tarifario" de los servicios públicos "más equitativo", al avalar el anuncio realizado por la administración nacional.
El mandatario comunal también resaltó que "todo el sistema de tarifas está empezando a transmitir un valor más cercano a la realidad en términos de los costos".