La Comisión Europea ha pospuesto la prohibición a las agencias de rating para que puedan calificar deuda de países rescatados. La falta de un acuerdo entre los comisarios ha frenado, de momento, la propuesta del titular de Servicios Financieros, Michel Barnier, que es partidario de que las calificadoras no puedan emitir informes sobre los países que están recibiendo ayuda externa.
STANDARD & POORS, MOODYS Y FITCH
Menos mal, recapacitó la Unión Europea...
Prohibir la difusión de calificaciones solamente promovería un gigantesco mercado negro de información económica con impacto en los mercados de capitales. Por ahora, la Unión Europea recapacitó.
15 de noviembre de 2011 - 16:41
"Es necesario disponer de más tiempo para analizar las cuestiones técnicas", ha dicho Barnier.
La nueva regulación propuesta por Bruselas, que será ahora estudiada por los Veintisiete y la Eurocámara, sí incluye una serie de nuevos requisitos para estas agencias, como por ejemplo la obligación de presentar evaluaciones de la calificación crediticia de los países de la UE con una periodicidad de al menos seis meses, frente a la actual de una vez al año.
"Para evitar efectos en el mercado, los rating deberán publicarse después del cierre de las Bolsas y al menos una hora antes de la apertura de la siguiente sesión", señala el texto.
Los emisores, es decir, los países, bancos, fondos de inversión o cualquier agente del mercado que contrata a una agencia para que le califique su deuda, deberán cambiar de compañía contratada cada tres años, según esta directiva. Para los productos de inversión estructurados y más complejos se requerirá una doble calificación por parte de al menos dos de estas empresas. El Ejecutivo comunitario prohibirá además que el accionista que tenga más del 5% del capital de una agencia de rating sea al mismo tiempo accionista de su competidora.
La directiva insiste en la responsabilidad civil de las agencias de rating a la hora de emitir sus informes sobre calificación. En este sentido, la directiva señala que los inversores podrán llevar ante la justicia de sus respectivos países a estas empresas si consideran que han actuado con negligencia o sus calificaciones han sido erróneas provocando un daño en sus activos.
"La responsabilidad de probar su inocencia correrá a cargo de las agencias de rating", dice el texto.
Barnier ha defendido esta nueva regulación porque, en ocasiones, estas empresas "han sido tratadas demasiado bien" y "hemos visto cómo se daba una nota excelente a productos tóxicos o se consideraba de forma positiva a bancos justo antes de quebrar". Esta propuesta, según el comisario, es una parte del debate sobre "el poder de los mercados frente al poder político".
La normativa presentada también pospone la prohíbición a las grandes agencias -las que tienen una cuota de mercado de al menos el 20% en la UE- comprar competidores más pequeños durante los próximos 10 años.
El objetivo es permitir que estas pequeñas empresas puedan crecer y aumentar así la oferta, actualmente restringida a las 3 grandes -Standard & Poor's, Moody's y Fitch-.
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