TRAS 4 AÑOS DE INTERVENCION DEL ORGANISMO

La Justicia le ordena al Gobierno reinstalar a otro funcionario del INdEC

El Juzgado del Trabajo Nº 3 resolvió la reincorporación de una coordinadora del IPC desplazada. Es el 4to caso en que la Justicia ordena la reinstalación en sus puestos de trabajo de empleados del organismo estadístico. Esperan la apelación del fallo.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El juez Osvaldo Rappa, titular del Juzgado del Trabajo Nº 3, ordenó al Gobierno nacional reponer en su puesto a una funcionaria del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INdEC) que había sido desplazada del organismo en el 2007, informa el Centro de Información Judicial.

Se trata de Marcela Almeida, quien se desempeñaba desde el año 2003 como coordinadora del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según su relato, que fue ratificado por el juez de la causa, en el 2007 se le bloqueó la clave de acceso a su computadora y luego se le quitó su escritorio de trabajo y se le negaron tareas.

Se trata del 4to caso en que la Justicia ordena la reinstalación en sus puestos de trabajo de empleados del INdEC, separados por denunciar irregularidades en el organismo.

En dos de esos casos, el fallo de reincorporación fue confirmado por la Cámara Nacional del Trabajo, pero el Gobierno fue en queja a la Corte Suprema. En otro caso, la Justicia ordenó la reincorporación por vía cautelar, pero al funcionario le siguen sin asignar tareas.

Por su parte, los defensores de Almeida, consultados por Lanacion.con, dan por hecho que los asesores legales del organismo apelarán el fallo en primera instancia del Juzgado número III de la justicia laboral. Es por eso que los efectos de la medida no serán inmediatos para la damnificada.

Almeida había sido elegida como delegada gremial de ATE, sector que había encabezado huelgas en protesta por la intervención del organismo en el 2007.

Según el juez, “la demandada ninguna prueba aportó en autos que permita justificar los mentados cambios de las condiciones laborales de la actora, por lo que corresponde declarar inválida toda modificación operada en su puesto de trabajo y ordenar que sea repuesta en la misma función que desempeñaba y con las mismas condiciones remuneratorias que antes del mes de febrero de 2007, bajo apercibimiento de imponer astreintes (art. 666 bis C.Civil)”.

Además de la reinstalación de la funcionaria, el magistrado hizo lugar al pedido de indemnización por daño moral: “Asimismo corresponde condenar, al pago de la suma de $ 40.000 como consecuencia de la indudable afectación espiritual (daño material e inmaterial) sufrida por la trabajadora quien fue desplazada de su cargo, con indicios suficientes que dan cuenta de una discriminación por su carácter de Delegada Gremial y ante el conflicto habido durante el año 2007 en el sector IPC”, indicó.

En consecuencia, se ordenó al Estado Nacional a que dentro del 5to día de conocida la sentencia se reincorpore a Almeida con la misma función que tenía en febrero del 2007 y con el mismo salario.
 

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